Le usurpó la matrícula a una médica, recetaba antidepresivos y atendía a niños: está libre
Lo denunció penalmente una médica, en septiembre de 2019 y la damnificada advierte que siguen utilizando sus datos para prescribir medicación; pide la acción urgente de la Justicia antes de que sea “demasiado tarde”
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PARA LA NACIONSebastián Poleri
Una médica bonaerense denunció que hace un año y medio un hombre se apropió ilegalmente de su matrícula profesional para atender pacientes y recetar todo tipo de medicamentos. Afirma que a pesar de “la abundante evidencia” recabada por la fiscalía de Lomas de Zamora en un allanamiento en la clínica donde se desempeñaba, el imputado permanece en libertad. Más aún: la mujer asegura que se continúan emitiendo prescripciones de remedios y tratamientos bajo su número de registro.
Según el relato de la profesional que consta en el expediente -al cual accedió LA NACION- el 18 de septiembre de 2019 la denunciante, especialista en clínica médica y con matrícula nacional, según consta en el registro oficial del Ministerio de Salud de la Nación, recibió un mensaje por la red social LinkedIn. Era una mujer que le advertía que estaban emitiendo certificados de salud con su número. Esta persona le refería que había ido a una clínica privada de la localidad de Llavallol para solicitar un apto físico por un viaje, y que al presentarlo en el Ministerio de Salud se lo rechazaron porque el número de matrícula no se correspondía con el “profesional” que firmaba.
Tras varios intentos de que le tomaran la denuncia en la Capital, la damnificada fue hasta una comisaría de Lomas de Zamora, donde pudo hacer el trámite. Ante la gravedad de lo denunciado se entabló comunicación con la fiscalía de turno, que ordenó un allanamiento de urgencia en la Clínica Luzuriaga, donde se desempeñaba y tenía su consultorio el firmante de los certificados: ofrecía consultas como médico clínico, pediatra y nefrólogo.
Precisamente, tras la diligencia de aquel 21 de septiembre en el centro médico en cuestión, con la presencia de personal policial y del fiscal Pablo Rossi, se secuestraron decenas de prescripciones y constancias de atenciones de pacientes, muchos de ellos, niños, y un sello de goma con el número de matrícula ajena y el nombre del impostor, quien fue imputado desde un principio por “ejercicio ilegal de la medicina”. El artículo 208, inciso 1° del Código Penal detalla que las penas por este delito van de 15 días a un año de prisión.
Lo más sorprendente del caso es que tanto la dueña de la matrícula como el usurpador se encontraron cara a cara en la clínica, donde tras la llegada de la comitiva policial, a raíz de la denuncia, el sujeto admitió sin tapujos que no era médico, sino que todavía se encontraba “realizando la residencia”. Además, cuando se le consultó dónde había conseguido el sello con su licencia, habría contestado que “lo compró por Mercado Libre”.
La causa recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº8, especializada en Delitos Económicos, a cargo del fiscal Sebastián Bisquert. Según pudo saber LA NACION, el imputado, C.A.M., se habría incorporado en la clínica donde atendía pacientes y emitía certificados como “socio gerente” a finales de 2017.
El 23 de septiembre de 2019, apenas dos días después de la denuncia, personal del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires realizó una inspección en el establecimiento. En el acta se consignó que “el director médico dio intervención a la fiscalía para desafectar de la institución al doctor denunciado”.
Otro dato no menor es que la matrícula usurpada es de carácter nacional. Al margen del delito cometido por la apropiación indebida, no podría haber sido utilizada por ley para ejercer en la jurisdicción bonaerense; para tal fin se requeriría una licencia provincial.
LA NACION estableció contacto con la clínica de Llavallol donde trabajaba el falso médico, y voceros de la institución reconocieron que el imputado “robó una identidad”, a la vez que precisaron que trabajó allí por “un período corto de tiempo”.
“No lo sabíamos y siempre tenía una excusa; se ve que viene robando esa identidad hace tiempo y nos estafó. Gracias a Dios no mató a nadie en este lugar”, expresaron en su descargo desde el centro de salud.
En el expediente también consta un documento de carácter de comunicación interna fechado el 23 de septiembre de 2019, dirigido al director médico de la clínica y firmado por uno de los socios. Allí se “sugiere” al personal que, “dada la referencia de que el Sr. C.A.M. se encuentra utilizando una matrícula que no le corresponde”, este “no atienda más pacientes en el lugar”.
El Colegio de Médicos bonaerense alertó que el imputado ejercía ilegalmente
Sumado a esto, el 15 de octubre de 2019, desde el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires se envió una carta dirigida al propio ministro de Salud del gobierno de María Eugenia Vidal, Andrés Scarsi, en la que se alertaba que, a raíz de la presentación efectuada por la doctora damnificada “se pudo comprobar el delito denunciado y la ilegalidad del ejercicio por parte de C.A.M.”.
Lo más preocupante del caso es que en el allanamiento realizado se lograron secuestrar al menos treinta fichas de controles pediátricos de pacientes. La mayoría de los niños que este sujeto atendía eran de muy corta edad y provenían de zonas humildes del sur del conurbano. Los diagnósticos que constan en estas fichas, firmadas y selladas con la matrícula robada, incluyen “espasmo bronquial, faringitis, gastroenteritis o infección urinaria”, entre otras.
El listado de los medicamentos recetados ilegalmente incluye amoxicilina, metformina, hexaler, hypersol, neumotide, pero también ansiolíticos y antidepresivos, como sertralina y clonazepam. Estas prescripciones se efectuaron desde principios de 2018 y siguieron hasta septiembre de 2019, cuando se radicó la denuncia.
Pese al abultado expediente, y a todas las pruebas recogidas, la médica contó que durante 2020, y ya en plena pandemia, el uso de su matrícula para expendio de remedios continuó, a punto tal de advertir que en noviembre y diciembre del año pasado pudo detectar nuevos movimientos con su registro.
“Las últimas dos veces que fui a la fiscalía no me supieron decir dónde está el expediente. Mandé mails pidiendo hablar con el fiscal; por teléfono no me atienden y no tengo idea en qué situación está la causa. A mí, sinceramente, a esta altura lo que me importa ya no soy yo, sino que alguna persona sea atendida por alguien que no es médico y que su salud se vea seriamente perjudicada. Acá la Justicia tiene que hacer algo urgente, antes de que sea demasiado tarde”, clamó la profesional, a la espera de que su reclamo sea escuchado y pueda dar fin a este calvario, que convirtió sus últimos dos años en una verdadera pesadilla.
LA NACION intentó tomar contacto en reiteradas ocasiones con la fiscalía interviniente para conocer el estado de la causa, sin éxito.
Por Sebastián Poleri
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