En Cariló. Quedaron a un paso del juicio los seis acusados de usurpar una casa con pileta y ocuparla ilegalmente diez meses
El representante del Ministerio Público cerró la instrucción; habrá una audiencia clave en la que las partes se verán las caras
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LA NACIONDarío Palavecino
PINAMAR. “Engaños”. “Fuerza y clandestinidad”. “Apariencia de legalidad”. “En ausencia e imposibilidad de control por parte del propietario”. “Aprovechándose de la situación de pandemia”. Se encadenan estos y más argumentos en la acusación contra los seis imputados de ocupar una casa en Cariló, donde vivieron más de un año, mientras los verdaderos dueños no podían llegar a la localidad balnearia por las restricciones vigentes durante 2020 por el Covid, mientras regía en todo el país la emergencia sanitaria y la prohibición de moverse de un distrito a otro.
El fiscal Walter Mércuri, el tercero que interviene desde el inicio de esta causa, completó la investigación y con buena carga de pruebas incriminatorias acaba de pedir la elevación a juicio bajo la carátula de usurpación, delito que en el Código Penal tiene una pena que puede ir desde los seis meses hasta los tres años de prisión.
La acusación pesa sobre José María Espil, Débora Bojanich, María Patricia Elguero, Luciano Martínez, Paul Etcheverry y Mauricio Damián Ríos, todos en libertad desde el inicio de este proceso judicial que lleva más de 15 meses y ahora espera por fecha para el debate final.
Llegan a esta instancia señalados como los responsables de instalarse de manera ilegal desde fecha no precisada –aunque previa a inicios de enero de 2020– en el inmueble de Leñatero 565, una amplia casa con piscina y parque con salida directa al campo de golf de Cariló.
Cuando se los acusó de usurpación presentaron documentación con la que intentaron justificarse como reales dueños del inmueble. Tanto, que en esos casi diez meses que lo habitaron cambiaron la fachada del ocre original a un tono en la gama de los colorados intensos; le modificaron decoración, construyeron una cascada en un rincón del frente, desarrollaron un quincho sobre la terraza que da al golf y hasta le pusieron nombre propio, según se leía en un cartel que lucía en el ingreso: “Volver a vivir”, la bautizaron.
La orden de desalojo llegó el 4 de noviembre de ese mismo año, firmada por el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, a partir de la denuncia presentada por Viviana Villena, que con escritura en mano justificó ser propietaria, como parte de la firma Castegnole Lanze S.A., a nombre de la que está registrado el inmueble.
La investigación la abrió el fiscal Eduardo Elizarraga, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5, el mismo al que el intendente de Pinamar, Martín Yeza, un par de meses antes, había denunciado por inacción frente a varias usurpaciones en el distrito y para quien reclamaba la destitución, a viva voz y ante los organismos de Justicia.
Villena recién pudo tomar posesión de la casa al día siguiente, luego de que efectivos policiales –orden judicial en mano- ordenaran la salida de los ocupantes que todavía permanecían en el interior.
Puertas adentro, la propietaria se encontró con un escenario sorprendente: había decenas de bebidas alcohólicas importadas y carísimas, además de un enorme cuadro con la imagen de Néstor y Cristina Kirchner. Luego trascendería que Ríos, uno de los hoy acusados, tendría directa vinculación con el empresario santacruceño Rudy Ulloa, de estrechísima relación con ambos expresidentes.
Música a todo volumen y movimiento constante
Días después, en un video al que accedió LA NACION, se podía ver a Ríos exhibiendo esas botellas de champagne y whisky mientras bailaba en el interior de la vivienda usurpada, entre luces de colores y al ritmo de cumbia de la banda santafesina Los Palmera.
Los pocos vecinos que habitaban en la zona en aquellos tiempos de pandemia dura, que obligaba a vivir puertas adentro, recuerdan que les llamaba la atención no solo el alto volumen de la música, sino el movimiento y rotación de gente que tenía esa propiedad, de día y de noche.
“Hay vinos de todo tipo y botellas de champagne Pommery como si fueran packs de latitas de cerveza”, señaló una fuente que pisó el interior de la casa y pudo ver la variedad y calidad de bebidas que existían en el interior.
La casa permanece, por estos días, tal cual la dejaron los ocupantes denunciados. Conserva la pintura que estos eligieron para combinarlo con detalles blancos en las aberturas. Sus dueños originales solo le han retirado del frente aquel cartel de la entrada que decía “Volver a vivir”.
La acusación
Elizarraga presentó su renuncia al cargo de fiscal en febrero de 2021. Entonces la causa quedó en manos de su colega Juan Pablo Calderón, que como subrogante no solo avanzó con el expediente de usurpación sino con otro paralelo por la existencia de automóviles con documentación “melliza” secuestrados aquel mismo 4 de noviembre en la puerta de la casa usurpada.
Para trabajar en la pesquisa se solicitó la colaboración de la Unidad de Delitos Económicos de la Procuración General bonaerense, que se encargó del relevamiento de pruebas. En medio de esas tareas fue que la causa recayó en la fiscalía a cargo de Mércuri, que la llevó hasta el final.
En los distintos cuerpos se acumulan testimonios y pruebas documentales. Entre ellas, los argumentos exculpatorios de los acusados, que aseguraban haber accedido al inmueble en buena ley desde la figura de una “cesión de derechos”. “El papel no tenía ni el número de documento de los firmantes”, explicaron fuentes judiciales a LA NACION.
El fiscal sostiene que los seis imputados, “en forma coordinada y planificada, y utilizando engaños y clandestinidad”, ingresaron y permanecieron “en forma sucesiva e ininterrumpida” en la vivienda de Leñatero 565. No se sabe qué día se instalaron, pero sí que fue previo al 5 de enero de 2020, cuando Villena llegó a su casa y la encontró llena de gente, hasta en la piscina.
Mércuri sostiene que Ríos y compañía “se valieron de la fuerza y la clandestinidad” para ingresar al inmueble “sin contar con la llave de ingreso y en ausencia e imposibilidad de control por parte del propietario, aprovechándose luego la situación de pandemia y emergencia sanitaria”.
Los acusa de “permanecer clandestinamente” en esa casa “ante imposibilidad de control por parte de la víctima”. Y cuando se les exigió documentación respaldatoria para estar en esa vivienda, presentaron –según describe Mércuri– “instrumentos legales que otorgaban visos y apariencia de legalidad”, entre ellas, actuaciones notariales solicitadas por los imputados, incluso con inscripción ante organismos administrativos.
Se entiende que con esos papeles buscaron “continuar con el despojo de la posesión iniciada y repeler intentos de recuperación por parte del damnificado y de autoridades administrativas”.
Este lunes, completada la investigación, se pidió la elevación a juicio de esta causa. Queda por delante una audiencia preliminar que enfrentará a las partes. Si no hay acuerdo para un juicio abreviado, quedará por delante fijar fecha para el debate oral y público.
Por Darío Palavecino
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