Una mano invisible parece controlar el reparto de violencia en Rosario

Algo pasa en Rosario. Y no está a la vista. Siempre parece que la ciudad está a punto de estallar en un sangriento raid narco. Pero nunca explota. Sin que se tomase siquiera una medida para evitar esa amenaza. Simplemente, se evapora. Raro, al menos. O, no. Una mano invisible parece regular el mercado de cocaína.

La violencia de los vendedores minoristas de drogas es liberada o contenida de acuerdo a la presión ejercida por los sospechosos de siempre. En la ciudad con mayor índice de homicidios en la Argentina la policía santafesina tuvo un solo enfrentamiento en los últimos diez años: en mayo pasado cuando un uniformado fue baleado con una ametralladora. En la ciudad que se piensa como una réplica de los peores años de Ciudad Juárez o Medellín se debate hoy la construcción de una torre de lujo que solo será superada en altura por un edificio en Puerto Madero. Todo junto, todo mezclado. Algo pasa en Rosario. Y no está a la vista.

Allí quedó expuesta la amenaza a la prensa. Con ese cartel dejado en una de las paredes del Canal 5. Con un claro mensaje: “A todos los medios de Rosario...dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode”.

La extorsión es un negocio en Rosario. Uno mas. En los barrios periféricos hay disparos y muerte. Siempre. Las líneas medias del narcomenudeo y sus tiradores emergen de las filas de las barras de Central y Newell’s. Sin embargo, los partidos de fútbol allí son una fiesta, sin incidentes y con una policía provincial que parece una fuerza británica en comparación con la brutalidad de la policía bonaerense en las canchas y sus alrededores.

¿Los soldaditos narcos no tienen rencillas en las tribunas o alguien, que no está en una cárcel, tiene la capacidad de abrir y cerrar a voluntad el grifo de la violencia en Rosario? Responder ese interrogante permitiría avanzar un paso hacia soluciones sostenibles y no usar tácticas que consideran como único rival a las bandas narco.

En los últimos 15 años ocuparon posiciones con mando sobre la policía santafesina varios de los más importantes expertos en seguridad de la Argentina. Llegaron a esos puesto a pedido de gobiernos de diferente signo político. Todos tuvieron un techo de cristal que presionaba hacia abajo todo intento real de reforma. No eran hombres de Rosario. Tampoco de Santa Fe. Ninguno terminó bien la experiencia allí.

Mientras los expertos no rosarinos eran forzados a abandonar sus puestos otros se quedaban. Todavía resta discutir en la Corte Suprema el caso del senador provincial Armando Traferri. Dos fiscales buscan interrogarlo. Pero no pueden. Los legisladores santafesinos no solo tienen inmunidad de arresto, sino que también son intocables para la Justicia mientras tengas fueros. Ni siquiera pueden ser investigados.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery escucharon la confesión de Leonardo Peiti, el zar del juego clandestino en Santa Fe. Esas palabras apuntaron en 2020 a la presunta corrupción del fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y a su subordinado Gustavo Ponce Asahad. El primero estuvo detenido 18 meses y espera un juicio con un pedido de 12 años de prisión; el segundo, colaboró. Recibió una pena de tres años.

La misma acusación se pretendía elaborar contra Traferri. Pero la Legislatura santafesina protegió sus fueros. Y la Corte provincial apoyó esa decisión. Los fiscales no piden detenerlo, tan solo investigarlo.

Esa Justicia recibe, de tanto en tanto, disparos y amenazas como recuerdo de que algo pasa en Rosario.

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