Una familia desolada. Apelan a la Corte para revertir el fallo que benefició al acusado de la muerte de una chica en Benavídez

Para Marisa Rodríguez y Facundo Ortiz se volvió una rutina desoladora salir de su casa en el barrio Kanmar, de Benavídez, caminar hasta la vuelta, donde alguien convirtió en mural una cara con flequillo oscuro, y hablar de lo que ninguna madre y ningún padre quisiera jamás.

“El femicidio de Luna –empieza Facundo– no se dio en un contexto de violencia doméstica, que son las causas que terminan en una condena a perpetua. Luna fue captada, drogada, abusada y asesinada, pero la mirada machista y patriarcal de ciertos jueces consideró que ella se puso en riesgo, que tenía que saber que si salía con hombres que la podían drogar, violar y matar. Es decir: hicieron responsable a la víctima. Esos jueces permitieron que el asesino de Luna hoy esté libre”.

Completa Marisa: “Hace cinco años que venimos luchando y estamos agotados. Cuesta y duele mucho revivir las cosas aberrantes que le hicieron a Luna y también sé que nada me la va a devolver, pero los jueces tienen que entender que cada causa que ellos tienen en sus manos no son solo papeles, sino que detrás hay una piba que tenía sueños, que tenía un futuro hasta que un asesino se los arrebató. Toda la sociedad está pidiendo justicia por Luna. Ahora les toca a los jueces hacer su parte”.

A través de un recurso extraordinario, y en el marco de una campaña nacional, los padres de Luna pidieron a la Corte Suprema que revea el fallo de la Sala I de Casación Penal bonaerense que benefició a Isaías Villarreal. Él había sido condenado a 14 años de prisión por “abandono de persona seguido de muerte”. Los camaristas Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky cambiaron la carátula a “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real por homicidio imprudente”.

“En el juicio quedó demostrado que Villarreal hizo la captación a través de Facebook y que luego realizó con mi hija un raid sexual, ofreciéndola por las zonas de Tigre y Villa Garrote a cambio de dinero y drogas, hasta que terminaron junto a otro amigo y cómplice suyo en su casa de Benavídez, a cinco cuadras de la nuestra. Luna estaba prácticamente en un estado de inconsciencia cuando abusaron de ella. Ahora apelamos a la Corte para que reconozcan el femicidio o, al menos, mantengan los 14 años de condena”, se lamenta Marisa.

“Una sentencia misógina”

La tarde del sábado 3 de junio de 2017, tres patrulleros estacionaron frente a la casa de Marisa y Facundo. No podían ser buenas noticias. “Fue horrible –recuerda la mujer–. Uno de los policías nos dijo que habían encontrado el cuerpo de Luna. Me empezó a mostrar fotos y ahí estaban el bolso y el DNI de ella, pero yo les decía que esa no era... ¿Cómo mi hija iba a estar muerta? Justo ese día era la marcha de #NiUnaMenos y todas mis hermanas y las compañeras de militancia de Luna que estaban allá se enteraron; el micro que había salido de Tigre hacia la marcha pegó la vuelta por mi hija”.

El día anterior, Luna Marianella Ortiz, de 19 años, había estado en esa misma casa festejando el cumpleaños de su madre hasta las 17.30, cuando avisó que iría hasta el centro de Benavídez para postularse a un trabajo en una zapatería.

“Yo presentía que algo le podía pasar –cuenta Marisa– y le dije que no saliera, pero ella me abrazó y me prometió que iba y volvía enseguida porque era mi cumpleaños. Me había hecho una torta. Cuando se hizo de noche nos cansamos de mandarles mensajes, de llamarla. Esa fue la última vez. Nunca más volvió”.

La policía encontró el cuerpo de Luna en la casa de Villarreal, un vecino de la zona que declaró que la había contactado por Facebook, que pasaron juntos la noche consumiendo drogas y alcohol y que, a la mañana siguiente, cuando él se despertó, la joven ya estaba muerta.

El titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Tigre, Marcelo Fuenzalida, caratuló el expediente como “abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito” y así desestimó la exigencia de la familia de que Villarreal sea juzgado como un femicida.

En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro condenó a Villarreal a 14 años de prisión e imputó a su amigo, Pablo Paz Gutiérrez, por abuso sexual seguido de muerte. El 8 de marzo de este año, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, los jueces de Casación beneficiaron con el cambio de calificación a Villarreal, que salió libre a fines de junio.

Desde entonces, los padres de Luna organizaron movilizaciones a los Tribunales de San Isidro, pidieron asesoramiento al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y fueron recibidos en la Casa Rosada, junto con otros familiares de víctimas de femicidios, por el presidente Alberto Fernández.

También pudieron reunirse con el juez de la Sala I de Apelaciones de San Isidro, Oscar Quintana, para reclamarle la realización de un nuevo juicio.

“Me dijo que me entendía, porque tenía una hija, me contó los posgrados que hizo. Yo le dije que podía tener todos los títulos que quisiera, pero que él me había mostrado que en perspectiva de género hacía agua”, se queja Facundo.

Marisa recuerda la promesa más importante que hizo en su vida. “Cuando me encontré con el cuerpo de Luna, después de recorrer distintas morgues de Francisco Solano, Pilar y San Miguel, la abracé y le dije al oído que no iba a parar hasta conseguir justicia. La sentencia misógina que liberó al femicida de mi hija me da a entender que la justicia garantiza la impunidad de las redes de trata y narcotráfico, pero nada me va a hacer abandonar. Acá estoy y sigo con fuerzas”.

“Un fallo que responsabiliza a la víctima”

Entre los argumentos del recurso extraordinario federal interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia por la abogada María Fernanda Petersen, en representación de los padres de Luna, se destaca que “el hecho fue cometido con la ayuda de más personas, lo cual genera una ingeniería ideada para llevarlo adelante”, lo que demuestra que “no estamos frente a un homicidio imprudente (como cita el fallo que permitió la excarcelación de Isaías Villarreal), sino frente a un hecho doloso, donde el victimario pudo representarse los riesgos, no lo hizo y decidió abandonar a su propia suerte a la víctima, lo que ocasionó su muerte”.

En ese sentido, considera que el fallo de la Sala I de Casación Penal bonaerense que benefició a Villarreal “responsabiliza a la víctima, considerando que es ella quien se pone en situación de riesgo” y “deja sin analizar las estrategias desplegadas por el victimario para captar la voluntad de la víctima y, desde ese lugar, aumentar su grado de vulneración, utilizando su asimetría y ejerciendo un rol de poder simbólico y físico”.

Por último, concluye que “el Estado nunca garantizó las herramientas necesarias para que la víctima tenga una vida libre de violencias” y que “quienes debieron investigar este hecho lo hicieron por fuera de la normativa legal vigente, careciendo de perspectiva de género, vulnerando derechos y hasta la Constitución Nacional”.

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