Video: una cárcel se transformó en un campo de batalla de bandas criminales
PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.– El negocio se sustenta en vender números para entrar en los primeros lugares a la cárcel de Piñero, a 30 kilómetros de Rosario. Eso significa mayor tiempo dentro del penal para 2000 familiares y amigos detenidos que ingresan cada fin de semana, y pagan por ese "beneficio" entre $500 y $2000. A la par de este negocio, hay otro aún más redituable: el ingreso al penal de estupefacientes, celulares y el "correo" –órdenes y mensajes– destinados a los presos de alto perfil, como la banda de Los Monos, Los Ungaro y Los Funes, entre otros.
La bonanza de este negocio ilegal, que en la Justicia se sospecha avalado por agentes del Servicio Penitenciario, empezó a crujir el 11 de agosto pasado, cuando desde un auto dispararon contra la extensa fila que se había formado esa madrugada para entrar a la cárcel.
Dos mujeres terminaron en un hospital por las heridas de bala, pero los tiros marcaron el inicio de un enfrentamiento mayor entre bandas ligadas al narcotráfico que se disputan los $4.000.000 que se recaudan por mes, sin arriesgar mucho ni invertir nada, en ese universo carcelario.
Tras una extensa pesquisa del Organismo de Investigaciones, a cargo de Marcelo Saín, que se originó por dos crímenes en el barrio La Tablada, en el sur de Rosario, empezaron a identificarse a quienes manejaban el negocio, que regulaba y tarifaba todo lo que entraba al penal.
Hasta el año pasado, los agentes del Servicio Penitenciario entregaban números por orden de llegada para ordenar el ingreso a la cárcel. Los sábados y domingos concurren entre 1500 y 2000 personas que visitan a sus familiares y amigos detenidos.
El sistema cambió en marzo de 2018, cuando el Servicio Penitenciario decidió desentenderse de la entrega de números, luego de que la Justicia anulara una disposición que restringía el ingreso de bultos a los penales santafesinos. Esa disposición establecía que las visitas podían entrar con bultos inferiores a dos kilos.
La eliminación de la entrega de números de parte de los agentes del Servicio Penitenciario –se sospecha que había efectivos involucrados en maniobras oscuras– abrió un negocio paralelo. Se transformó en una tercerización del ingreso en la cárcel. Los números empezaron a ser manejados por un grupo de mujeres vinculadas a presos importantes, como René Ungaro, Claudio Mansilla, alias Morocho, y Claudio Gorosito, alias Pala. Todos condenados por homicidio e integrantes de bandas ligadas al narcotráfico.
"Hay tarifas fijas. Por ejemplo, si uno quiere entrar un sábado a primera hora tiene que pagar 2000 pesos. Los domingos es más barato. Para conseguir un número entre los primeros 100 hay que pagar 500 pesos", contó a la nacion una mujer que visita todos los domingos a su pareja que está condenado a prisión perpetua.
"Yo llego entre las 2 y 3 de la madrugada. A esa hora podés conseguir un número entre los 100 primeros. Eso te garantiza que puedas ingresar entre las 8 y las 9 de la mañana", relató.
Por domingo entran unos 900 visitantes a la prisión ubicada a 30 kilómetros de Rosario. Si el familiar no logra comprar un número, dispondrá de poco tiempo para visitar al detenido. Recién podrá entrar entre las 13 y las 14, por lo que solo podrá estar dentro del penal unas tres horas, porque a las 17 finaliza el horario de visita. "Se paga por tiempo", reflexionó la mujer cuya identidad se mantendrá en reserva para evitar represalias.
La ley de las armas
El domingo 11 de agosto pasado, desde un auto dispararon contra las personas que hacían a la madrugada la fila para entrar al penal. Dos mujeres resultaron heridas por los balazos. No fueron disparos dirigidos contra alguien en particular, sino al bulto.
El fiscal Matías Edery sospechó del motivo de ese ataque. En la investigación de dos crímenes del barrio La Tablada –uno de ellos el de Patricio Patiño, quien fue apuñalado y rematado con un disparo en la cabeza– tenían varios teléfonos intervenidos y en las conversaciones aparecía, además del manejo de búnkeres y la usurpación de casas –otro negocio mafioso incipiente hace años–, el manejo del ingreso a la cárcel de Piñero a cambio de dinero, según describió Saín.
El mensaje de los disparos contra el portón de ingreso al penal de Piñero tenía una explicación. El 9 de agosto pasado se produjeron ocho allanamientos en el barrio La Tablada, donde fueron arrestados seis sospechosos y se secuestraron siete armas, unas 300 balas y estupefacientes. A Ramona Ávalos, alias la Gringa, no la lograron aprehender. Esta mujer de 43 años logró escaparse y se sospecha que podría haber sido avisada por un policía. Hasta ese fin de semana, la Gringa, quien pertenece a la banda de René Ungaro, alias el Brujo, condenado a 13 años de prisión por el crimen de Roberto "Pimpi" Caminos, histórico líder de la barra de Newell’s que fue asesinado en 2010, manejaba, con la ayuda de otras mujeres de presos, la venta de números para el ingreso de los visitantes a la cárcel.
Se sospecha que no solo ofrecía ese servicio, sino otro más redituable: el ingreso de drogas y teléfonos a la prisión. Y otro aún más importante que es el correo a presos que están en calabozos a resguardo, aislados del resto de la población carcelaria.
¿Por qué atacaron a balazos el ingreso a Piñero? La razón que ven en el Organismo de Investigaciones es que como la Gringa no pudo concurrir el sábado 10 de agosto a la cárcel porque estaba prófuga, el negocio lo ocupó otro sector de la mafia rosarina, mujeres vinculadas a Alan Funes, perteneciente a una familia que sembró el terror en el barrio Municipal en la guerra que libró con el clan Caminos.
Lucha por el control
El lugar de la Gringa fue ocupado por Karen Falcón, una chica flaca de pelo rubio, que está ligada a los Funes. El mensaje de los balazos fue dirigido a ella y a su jefe. Unos días después, los investigadores del Ministerio Público de la Acusación, quienes seguían con las escuchas a los involucrados, detectaron que el grupo encabezado por la Gringa estaba juntando armas –entre ellas, una ametralladora– para emboscar a la gente de Alan Funes, que se había quedado con el negocio de la cárcel. Este desenlace sangriento se logró prevenir con un operativo en La Tablada.
La Gringa fue detenida hace dos semanas en un aguantadero en Capitán Bermúdez, junto a su pareja, Claudio Alves. Sin embargo, los problemas siguieron en la puerta de la cárcel. El domingo, un grupo de mujeres rodeó a Karen Falcón, la delegada de Alan Funes, y la tomaron de su cabellera rubia y arrastraron por el pasto mientras le pegaban patadas. Esto derivó en un conflicto mayor, con enfrentamientos entre los familiares de los presos, mientras los efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) miraban de lejos sin intervenir.
Los investigadores están convencidos de que este conflicto y la pelea entre bandas que hasta hace poco tiempo fueron aliadas, como los Funes y los Ungaro, no se terminará con la detención de la Gringa, sino que temen que el ingreso a la cárcel de Piñero se transforme en un escenario de batalla, que podría repercutir dentro de los pabellones.
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