Una alternativa para frenar el robo de autos y reformas contra el narcotráfico, los ejes en el Consejo de Seguridad Interior

Intensificar la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y las policías provinciales fue uno de los principales ejes de la reunión del Consejo de Seguridad Interior, que se realizó ayer en Mendoza. Y frente a los representantes de todos los distritos, la ministra Patricia Bullrich lanzó la propuesta de unificar la información obtenida por las cámaras que identifican patentes de vehículos, con la intención de crear el sistema de prevención de robo de automotores que se conocerá como Anillo Digital Federal.

Además del conocido sistema porteño de videovigilancia que emite alertas ante el paso de un vehículo robado, existen similares instalaciones en varios municipios del conurbano y en otras provincias, pero la información no es compartida en forma instantánea. Y muchas veces hay demoras en la carga de datos de denuncias que generan una brecha temporal en la cual un distrito tiene un vehículo en la lista de búsqueda sin que esa notificación llegue online a lectores de patentes operados por otras fuerzas. La intención del Ministerio de Seguridad de la Nación es que todos los distritos accedan a los datos al mismo tiempo.

En ese aspecto, Bullrich destacó: “Los diferentes sistemas de control van a estar integrados en un sistema de anillo digital que no solamente lo va a ver una provincia u otra, sino que la vamos a ver absolutamente todos para permitir la trazabilidad de vehículos con pedidos de secuestro y de todo tipo de rodados que estén transportando materias ilegales. Esto es un escalón más arriba de lo que hoy tenemos. Este anillo digital federal va a ser realmente importante para poder avanzar en un control mucho más estricto”.

Ese proyecto apunta a frenar uno de los delitos que tuvo mayor crecimiento en el período 2022/23, según lo establecieron dos informes estadísticos emitidos el mes pasado por el Ministerio Público Fiscal bonaerense y el gobierno porteño. En ambos casos se notificaron aumentos de, al menos 20 por ciento, en esos robos de vehículos. Se trata de un delito con prácticamente nula cifra negra, ya que todo automovilista tiene seguro y para recibir la compensación por la sustracción del vehículo es obligatoria la denuncia penal. En Buenos Aires fueron robados el año pasado 32.754 vehículos, mientras que en la ciudad, 904.

Acompañada por el titular de Defensa, Luis Petri, su par de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, la ministra Bullrich confirmó a los encargados provinciales de la seguridad pública, que el gobierno enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen penal juvenil y establecer la edad de imputabilidad en los 13 años. Hasta el momento, no pueden ser juzgados menores de 16 años.

La funcionaria nacional aclaró que la propuesta implica diferentes escalas de responsabilidad y penalidades de acuerdo con la gravedad del delito y la edad del imputado, pero anticipó, además, que ese piso de 13 años no será una barrera inamovible. “La edad de imputabilidad es un corte, pero si alguien a los 12 años asesina a una persona, no puede volver a su casa como si nada”.

Reforma a la ley de Seguridad

Más allá de las alternativas y debates impulsados por los funcionarios provinciales, los asistentes escucharon otra propuesta del Gobierno que llegará al Congreso: la reforma del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior para hacer más flexible la participación militar en apoyo a las fuerzas de seguridad.

“Creemos que el aporte de nuestras Fuerzas Armadas puede ser más gravitante y sustantivo”, dijo ante la prensa Petri, el primer ministro de Defensa que participó de una reunión del Consejo de Seguridad Interior en los últimos 20 años.

“Vamos a presentar una modificación en el Congreso para que nuestras Fuerzas Armadas puedan intervenir ante hipótesis de terrorismo y narcoterrorismo”, aseguró el titular de la cartera castrense.

La intención, en ese caso, es no limitar las posibles respuestas del estado ante diversas amenazas. Se piensa en ese aspecto que los encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos deben contar con los recursos y la flexibilidad necesaria para cumplir con ese objetivo.

Se considera que el artículo 27 de la ley de Seguridad Interior, que regula el empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia, debe ser revisado y actualizado para adaptarse a las nuevos desafíos en materia de seguridad. Los ministros provinciales escucharon que esa modificación permitiría una respuesta más rápida y eficiente frente a varios escenarios.

El ministro Petri hizo referencia entonces a la necesidad de complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad federales con las Fuerzas Armadas, con un trabajo militar en las fronteras. Y agregó: “Tenemos que sellar nuestras fronteras, que no ingrese el flujo de drogas que entra en nuestro país, por que eso claramente termina generando más violencia que sufre el vecino, porque el narcotráfico tiene un impacto directo en el delito común”.

El combate al tráfico y comercialización de drogas fue uno de los puntos que los ministros provinciales vieron como un desafío en común, ya que muchas modalidades delictivas tienen mayor o menor presencia en cada distrito, pero todos los funcionarios compartieron en el Consejo de Seguridad Interior la preocupación frente al narcotráfico.

Además de los funcionarios nacionales, uno de los asistentes tiene conocidos antecedentes en ese rubro. El comisario general (R) Néstor Roncaglia no solo fue jefe de la Policía Federal Argentina, sino que su especialidad en sus años de actividad fue, justamente, la lucha contra el narcotráfico. Hoy ministro de Seguridad de Entre Ríos, Roncaglia definió tras el encuentro en Mendoza: “Avanzamos en la necesidad de organizar el Estado para la lucha contra el crimen organizado. Es un esfuerzo que requiere la unión de las provincias y la Nación, la conformación de un frente único con el fin de desbaratar estas bandas criminales”, mencionó Roncaglia.

Al respecto, una de las alternativas que planteó la ministra Bullrich tiene que ver con asegurar la continuidad de las investigaciones con un flujo de información que pasen desde las causas federales a las justicias provinciales y viceversa.

Bullrich se refirió a la necesidad de trabajar en el proyecto de ley de conexidad que permita que “en cada una de las provincias argentinas se tenga una conexión entre la justicia local y la justicia federal porque muy pocas son las causas que empiezan y terminan en el mismo lugar”.

También propuso a las provincias un esquema de traslado de detenidos conflictivos para cortar los vínculos que mantienen las bandas narco con sus jefes detenidos. “Cualquier provincia que tenga ese tipo de detenidos que generan un problema de dominio en la cárcel provincial, el Servicio Penitenciario Federal y nuestra subsecretaría están dispuestos a llevarse a esos presos a los sistemas de alto riesgo para sacarles el poder, no permitirles el uso del dinero, ni que sigan utilizando teléfonos y las familias o a los amigos que los van a visitar. Aislarlos significa realmente avanzar en el delito que queremos combatir”, aseguró.

Y señaló la funcionaria nacional la importancia de colocar especial atención al tráfico de fentanilo, una sustancia que mezclada con cocaína generó epidemias de muertes en los Estados Unidos y en varios países en los que ingresó fuerte en el mercado ilegal esa combinación de drogas: “No podemos dejar que a la Argentina entren laboratorios de fentanilo, porque provocaron la crisis de salud más importante que hoy existe en muchos países europeos y en los Estados Unidos. Para eso, tenemos que tener una red de control de precursores químicos”.

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