Una abogada que vive en un country fue acusada de ser la “entregadora” del secuestro de su vecino

Lucas B. es propietario de seis locales de venta de ropa en Hurlingham y en San Fernando. Todos los sábados a la tarde repetía la misma rutina para pasar a buscar la recaudación semanal de todos sus comercios. Una vez que tenía el dinero en su poder, se dirigía a su casa, situada en el barrio privado Los Abedules, en Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas. Pero el 24 de agosto pasado, a las 22.48, poco antes de llegar a su hogar, fue interceptado por una banda de secuestradores que lo mantuvo cautivo en su camioneta hasta que su familia pagó un rescate de 10.000 dólares, 1.200.000 de pesos y joyas. Detrás del plan criminal estuvo una vecina del country, una abogada que habría sido la “entregadora” y le había pasado información clave a los captores.

Así lo pudo reconstruir LA NACION de calificadas fuentes judiciales. Después de dos meses de investigación, que incluyó el análisis de la activación de las antenas de los teléfonos celulares usados en el secuestro y la visualización de las imágenes de las filmaciones de cámaras de seguridad, el fiscal federal de Tres de Febrero, Paul Starc, y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Martín, a cargo del comisario mayor Pablo Machicote, identificaron y detuvieron a siete integrantes de la banda, entre ellos a la “vecina entregadora”.

“Yanina P. [como se identificó a la ´entregadora´] evidentemente era quien contaba con información esencial de la víctima (tal como días, horarios y recorridos en los que buscaba la recaudación por sus locales) y tuvo para con Lucas B. y su pareja días previos al secuestro conductas sumamente sugestivas, por cuanto tendían a la búsqueda de información respecto a sus movimientos, con lo que entiende esta representación del Ministerio Público Fiscal que, con el fin de que el hecho se concretara del modo en que se materializó, brindó a la banda tales detalles esenciales”, afirmó el fiscal Starc en el dictamen donde le solicitó al juez federal de tres de Febrero, Juan Manuel Culotta la detención de los siete sospechosos. El magistrado hizo lugar al pedido del representante del Ministerio Público.

Según se desprende del expediente judicial, el 24 de agosto pasado, la víctima fue seguida por la banda de secuestradores durante la recorrida que hizo para buscar el dinero de la recaudación de sus locales. La última parada, como todos los sábados, era la casa de un empleado de su mayor confianza en San Fernado, que se encargaba de juntar la plata de tres comercios.

Después, se fue para su casa. Cuando circulaba por la avenida Olivos, a unos 200 metros del barrio privado donde vive, fue interceptado por los secuestradores.

“Una camioneta Volkswagen Amarok blanca que iba delante de la víctima detuvo su marcha en forma intempestiva, razón por la que, para evitar chocar, Lucas B. debió frenar de forma brusca, deteniendo la marcha por completo. Tres delincuentes se bajaron de la 4x4 y se abalanzaron sobre el vehículo del comerciante [un Honda HRV]”, según el dictamen del fiscal Starc.

“Se me vinieron encima”, recordó la víctima cuando declaró. Lucas B. intentó escapar, pero no pudo. Un delincuente lo sujetó, le pegó con la culata de un arma de fuego en la cabeza y lo obligó a sentarse en la parte trasera de la camioneta Honda HRV. La secuencia quedó filmada por una cámara de seguridad. Poco después comenzaron las llamadas extorsivas y la exigencia de un pago de rescate.

La primera exigencia fue de 500.000 dólares. Pero el padre de la víctima respondió que no tenía esa cantidad de dinero y negoció entregar 10.000 dólares, 1.200.000 pesos, un anillo y una cadenita de oro. A Lucas B. los captores le habían sacado $500.000 que llevaba encima y dos iPhones.

El padre de la víctima fue a pagar el rescate acompañado de la pareja de su hijo. Fue ella quien entregó el “botín” en el lugar indicado, en la zona de Pilar. Poco después, Lucas B. fue liberado.

“Yanina P. cooperó de forma esencial con los arriba nombrados para que se produjera el secuestro tal como aconteció; ello, por cuanto obtuvo información de suma trascendencia al efecto y la transmitió al grupo que materializó el secuestro”, sostuvo el fiscal Starc al pedir su detención.

La abogada, además de ser vecina de Los Abedules, tenía una relación de amistad con la pareja de la víctima. Iban juntas al gimnasio.

Uno de los secuestradores detenidos sería “amante” de la abogada. Se trata de uno de los detenidos. La pareja de a víctima lo reconoció en una de las filmaciones incorporadas al expediente. Lo conoció cuando fue al gimnasio a buscar a Yanina P., según se desprende del expediente judicial.

Es más, la abogada le habló a su amiga de que su “amante” era una “persona pesada” que se dedicaba a los robos y secuestros.

Según pudo determinar el fiscal Starc, en base al testimonio de la víctima, la información que le entregó la abogada a la banda de captores la obtuvo cuando asesoró a Lucas B. porque un problema contractual con un empleado.

Además, para saber el recorrido que la víctima hacía todos los sábados para juntar el dinero de la recaudación, “la entregadora” le habría dicho a su amiga que Lucas B. la engañaba con una empleada y que lo iba a seguir para “juntar pruebas”. Era una puesta en escena.

Los integrantes de la banda de captores fueron indagados en las últimas horas, según explicaron fuentes del caso, quienes resaltaron el trabajo hecho por los detectives de la DDI de San Martín.

Uno de los detenidos es Alejandro S., el supuesto amante de la “entregadora”. “Del testimonio brindado por la víctima se desprende que unos días antes de ser secuestrado recibió asesoramiento legal de la abogada Yanina P. quien mantiene una relación amorosa con Alejandro S., habiendo destacado también que está completamente seguro de que la conexión existente entre él y las personas que lo secuestraron es la letrada, quien, a su entender, le facilitó toda la información de él a su amante: el lugar donde vive, los nombres de su entorno familiar, a qué se dedica, el día y hora en que busca la recaudación, como así también el recorrido que suele realizar a tal fin”, según surge del expediente judicial.

Lucas B. también recordó ante los investigadores que su vecina había dicho que Alejandro S. se dedicaba a los robos y secuestros. “A la víctima le llamó poderosamente la atención que mientras estaba cautivo, uno de los secuestradores le preguntó dónde vivía. El comerciante respondió que residía en el barrio Los Olivares, generando así que otro de los secuestradores le pegase reiteradamente en la espalda, al tiempo que le refirió ‘no mientas’. Lo que le da la pauta de que sabían perfectamente su domicilio”.

Según pudo reconstruir el fiscal Starc, una semana antes del secuestro, Alejandro S. y otro integrante de la banda siguieron a la víctima por San Fernando para conocer “en vivo y en directo” el recorrido que hacía para retirar el dinero de la recaudación. El recorrido se confirmó a partir del análisis de la ubicación geográfica y geolocalización de las líneas telefónicas utilizadas por los sospechosos.

Otros tres secuestradores realizaron tareas de inteligencia en las inmediaciones del barrio cerrado Los Abedules, en el mismo horario en el que se produjo la captura de la víctima el sábado siguiente.

“El sábado 24 de agosto de 2024, Alejandro S. y los hermanos Leonardo y Facundo E. no solo siguieron a la víctima desde la localidad de San Fernando casi hasta las inmediaciones de su domicilio, sino que también una vez privada de la libertad efectuaron los tres encartados lo que comúnmente se conoce como punta, es decir, controlar que el vehículo en el que viajaba el comerciante no fuera sorprendido por un operativo policial; todo evidentemente conforme al plan trazado previamente”, dijo el fiscal Starc en su dictamen.

El representante del Ministerio Público explicó que su presentación, que hay pruebas del rol que cumplió cada uno de los siete detenidos en el plan criminal.

“Los hechos resultan prima facie constitutivos de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haber cobrado el rescate, por la intervención de tres o más personas y por su comisión con arma de fuego, ello en concurso ideal con el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con la utilización de armas de fuego, como así también en despoblado y en banda”, sostuvo el fiscal Starc al pedir la detención de los siete sospechosos detenidos por la policía bonaerense.

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