Un puntero que abría los caminos a políticos y narcos
Antes de asumir como concejal de Salvador Mazza, en diciembre de 2015, Mauricio Gerónimo convocaba a sus amigos para que presenciaran su jura, agradecía por haber confiado en su proyecto y prometía compromiso con los vecinos de la ciudad situada en la frontera con Bolivia. Actualmente, el exfuncionario está preso en una cárcel federal. Hace seis días, la Justicia pidió que sea sometido a juicio oral, como acusado de integrar una banda de narcotraficantes.
El caso Gerónimo forma parte de la narcopolítica que involucra a los funcionarios que aprovecharon sus puestos en gobiernos municipales o provinciales para facilitar el tráfico de drogas.
Además de Gerónimo, integran ese listado de políticos procesados o condenados por integrar bandas de narcotraficantes: Héctor Palma, exconcejal de Estanislao del Campo, Formosa; Alejandro Maurín, presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza; Roger Natividad Terán y Fabio Aquino, exintendente y viceintendente, respectivamente, de Itatí, Corrientes; Luis Cifré, expresidente del Concejo Deliberante de Joaquín V. González, Salta, y Sergio Varisco, exintendente de Paraná.
En el ambiente de la política se conoce la función del puntero como la que desempeña aquella persona que trabaja en los barrios con los vecinos y constituye el nexo entre el candidato y los votantes. También que se identifica la figura del puntero con quien tiene el poder para distribuir la ayuda social.
Pero en el submundo del narcotráfico la figura del puntero tiene otro significado y constituye un engranaje importante para garantizar el éxito de un envío de drogas.
Según la investigación judicial, el destituido concejal Gerónimo cumplía la función de puntero para la organización narcocriminal que comandaba el prófugo Wilson Maldonado Balderrama. Cuando los efectivos de la Gendarmería cortaron el paso de un camión Mercedes-Benz 1114 en la localidad santiagueña de Monte Quemado y revisaron el vehículo, hallaron 267 kilos de cocaína.
El puntero circula al frente de la caravana narco para alertar sobre la presencia de controles policiales o de las fuerzas federales en la ruta elegida por la banda para llevar el cargamento de droga. Más atrás, transitan dos o tres vehículos. Pero solo uno de esos rodados lleva la droga, los otros son señuelos para distraer a los uniformados, mientras por el costado del control pasa el vehículo con la cocaína.
En el caso de Salta, un lugar de encuentro habitual de los punteros era localidad de Pichanal, una encrucijada en la que confluyen las rutas que terminan en dos ciudades de la frontera caliente de la droga: Aguas Blancas y Salvador Mazza.
Por su conocimiento de la zona y el poder de su función política, Gerónimo se había convertido en una pieza clave para la banda de Maldonado Balderrama. Según algunos de los testigos que declararon en el Juzgado Federal N° 1, de Salta, el día que fue secuestrado el camión con los 267 kilos de cocaína Gerónimo circulaba a bordo de un vehículo que abría el camino de la caravana narco.
Gabriel Maurín, de profesión veterinario y presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza por el Frente para la Victoria (FPV), fue condenado a 14 años de prisión en la misma causa que su colega Gerónimo, quien estuvo más de tres años prófugo en Bolivia y que fue detenido cuando festejaba su cumpleaños, en Santa Cruz de la Sierra.
Actualmente, Gerónimo está detenido en la cárcel federal de Güemes, en Salta, a un paso de ser sometido a juicio oral, acusado de transporte agravado de estupefacientes.
Aunque pertenecen a bandas distintas, el grupo integrado por los dos concejales (FPV) de Salvador Mazza posee vasos comunicantes con la organización comandada por un narcotraficante pesado de Salta, Delfín Castedo, enfrentado por el dominio del territorio con Maldonado Balderrama, presunto jefe de Maurín y de Gerónimo.
Según fuentes de la investigación, el camión Mercedes-Benz en el que la banda integrada por Maurín y Gerónimo llevaba la droga perteneció al fallecido diputado Ernesto Aparicio, vinculado con Castedo.
En el caso de Luis Cifre, quien había asumido como presidente del Concejo Deliberante en Joaquín V. González, en representación del bloque del Frente para la Victoria, su función no fue la de puntero. Cuando efectivos de la Gendarmería allanaron su negocio de carbón vegetal, en la mencionada ciudad del sur salteño, hallaron 356 kilos de cocaína.
Cifre fue condenado a 12 años de prisión por integrar una organización que traficaba cocaína disimulada en bolsas de carbón vegetal. La banda mandaba la droga a Lisboa en una ruta que incluía el paso por la zona franca de Tucumán y luego era embarcada por el puerto de Rosario rumbo a la capital lusitana.
Una libreta comprometedora
Hasta mediados de 2018, Sergio Varisco aparecía como uno de los políticos más destacados de Paraná. Como referente de la UCR de la capital entrerriana, a partir de la alianza Cambiemos ganó la elección para intendente local. Pero en diciembre pasado un tribunal oral federal de Paraná condenó a Varisco a seis años y medio de prisión al considerarlo coautor de la financiación de actividades de comercio de estupefacientes junto a otros funcionarios municipales, relacionados con la banda liderada por Daniel "Tavi" Celis.
Al allanar la casa de la expareja de Celis, la policía secuestró tres kilos de cocaína y encontró una libreta con los nombres de Varisco, de la secretaria de Seguridad del Municipio, Griselda Bordeira, y del exconcejal Pablo Hernández.
En sus alegatos, los fiscales consideraron que Varisco "realizó un acuerdo espurio con Celis, que le permitió a este último tomar el control del sector oeste de Paraná a través del nombramiento en el municipio de funcionarios que puso bajo su mando. Dicho acuerdo excedía lo político y se vinculaba también con las operaciones de comercialización de estupefacientes".
Héctor Palma fue uno de los primeros funcionarios señalados como parte de la narcopolítica. En 2010 se desempeñaba como edil por el FPV en la ciudad de Estanislao del Campo, en Formosa. Un grupo de vecinos había alertado a los efectivos del Escuadrón 18 de la Gendarmería que aterrizaban en la zona aviones en una pista clandestina. Cuando los uniformados allanaron el campo señalado por los vecinos encontraron 701 kilos de cocaína. Según la investigación judicial, la propiedad donde fue hallada la droga pertenecía a Palma.
Durante el allanamiento, los efectivos de la Gendarmería hallaron la pista clandestina y la cocaína de máxima pureza que la organización que integraba el concejal planeaba mandar a Europa. En 2013, Palma fue condenado a ocho años de prisión por tenencia de drogas para su comercialización. Al finalizar el juicio oral, los cómplices del concejal fueron absueltos, pero la Cámara de Casación Federal revocó la decisión del tribunal oral y ordenó que se dicte una nueva sentencia.
Como intendente y viceintendente de Itatí, en Corrientes, Roger Natividad Terán y Fabio Aquino dominaron el enclave más importante para el cruce de seis toneladas de marihuana producida en Paraguay hacia territorio argentino. Acordaron someterse a un juicio abreviado y fueron condenados a tres años y ocho meses de prisión.
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