Un pueblo, movilizado por la detención de 14 jóvenes que plantaban marihuana

Marcos Distel trabajaba en una fábrica de implementos agrícolas y su hermano Juan Francisco ayudaba al padre a pintar casas. Nicolás Lupín era ayudante de albañil y mozo los fines de semana. Rubén Parodi, repositor en un supermercado. Ellos forman parte de los 14 jóvenes de Puán, una localidad del sudoeste bonaerense que no supera los 5000 habitantes, detenidos desde diciembre luego de un megaoperativo y acusados de “comercialización y tenencia de estupefacientes”, un delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión.

Pero lo que fue promocionado durante un spot del Ministerio de Seguridad provincial como un golpe a una “peligrosa banda dedicada al narcotráfico” para los familiares y amigos de los imputados se trata de una causa armada plagada de irregularidades en la que terminaron involucrados porque algunos de ellos tienen plantas de marihuana para uso medicinal y personal.

Durante la madrugada del 15 de diciembre, y por orden del juez de Garantías Guillermo Mércuri, alrededor de 200 policías allanaron en simultáneo unas 20 viviendas de Bahía Blanca, Pigüé y Puán, y detuvieron a 20 personas.

La investigación, a cargo del fiscal Mauricio del Cero, se había iniciado en agosto de 2018 a partir de la supuesta denuncia de Kevin Torres, un trabajador municipal de 23 años.

Sin embargo, el 5 de marzo pasado, Torres se presentó junto con su padre en los Tribunales de Bahía Blanca para denunciar el hostigamiento policial que venía sufriendo y para desmentir que él hubiera declarado contra los jóvenes que terminaron detenidos.

“Seguimos esperando que la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca nos dé una respuesta. Torres se presentó tres veces ante la Justicia para decir que él nunca hizo aquella declaración, pero tanto el juez como el fiscal lo desestimaron. Ya pasaron casi cinco meses desde que los chicos están detenidos. Muchos eran los sostenes de sus familias; todos laburantes que a lo sumo tenían su planta en su casa, pero ¿de ahí a vender estupefacientes? Es una locura”, se lamenta Fabiana Herrero, madre de Nicolás Lupín, uno de los que siguen detenidos.

“Mi hijo -continúa- tenía 12 plantas en el patio de su casa, pero ni siquiera estaban sexuadas. Él tiene una dolencia en el brazo izquierdo porque se lo quebró de chiquito y le quedó una incapacidad. Hace aceite de cannabis para aliviar el dolor, y también para consumo recreativo. Eso no justifica el ensañamiento contra estos chicos. Esta causa solo les sirve como publicidad, tanto a [Sergio] Berni como al fiscal y al juez. Hacen campaña y dejan libres a los verdaderos narcos”.

“Acá se conoce todo el mundo”

El 22 de diciembre de 2020, desde su cuenta de Twitter, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, escribió: “Los investigamos durante mucho tiempo hasta que los atrapamos: vendían drogas y tenían todo tipo de armas. Ya están los veinte a disposición de la Justicia. Ahora, que no salgan”. De esa veintena de detenidos, quedaron 15 cumpliendo prisión preventiva. Los 14 jóvenes de Puán y Lucio Testa, un policía de Bahía Blanca al que hasta el momento no se le pudo demostrar ninguna relación con el resto de los imputados.

“Esa noche fue terrible. La policía nos dio vuelta la casa y, por supuesto, no encontraron nada. Se llevaron detenidos a mis dos hijos, que jamás habían pisado una comisaría y terminaron presos en un penal”, se queja Karina García, madre de Marcos y Juan Francisco Distel.

“Marcos tiene 24 años y hacía un año que estaba trabajando en blanco en una fábrica de implementos agrícolas. Juan, de 28, ayudaba al papá pintando casas. Son chicos de pueblo que no tienen maldad; vivían con nosotros porque todavía no se habían podido independizar. Pensábamos que se iba a aclarar todo enseguida y que los iban a soltar, pero ya hace más de cuatro meses que están detenidos. La Justicia dice que no les da la excarcelación porque hay peligro de fuga, pero ¿adónde se van a ir?”, se pregunta la mujer, con amargura.

Cuando la policía llegó a la casa de Rubén Parodi para detenerlo, el joven no estaba. Parodi, que trabajaba de repositor en un autoservicio de Darregueira, se enteró de que era buscado y se presentó espontáneamente en la comisaría para aclarar que debían estar confundiéndolo con otro. Quedó preso de inmediato y, como el resto, fue alojado en la Unidad 4 de Villa Floresta, a unos 160 kilómetros de Puán.

La única de los 14 que logró una mejora en las condiciones de detención fue Ludmila Paz Madrid, a la que se le otorgó la prisión domiciliaria por ser madre de un bebé de diez meses.

“Todos nos preguntan cómo están los chicos, porque en un pueblo se conoce todo el mundo, todos nos saludamos en la calle. Hace 20 años que soy docente del Jardín 903 de Puán; todos me preguntan porque se dan cuenta de que ellos no tendrían que estar detenidos, de que todo esto es un disparate. Los chicos son laburantes, muchos con hijos y mujeres que quedaron a la deriva. No entiendo por qué nos tocó a nosotros si hay gente con más poder que vende droga, pero a ellos nadie les hace nada. La voy a pelear hasta lo último porque mis hijos son lo único que tengo. No voy a parar hasta volver a tenerlos en mi casa”, promete Karina.

Investigación bajo sospecha

Kevin Torres es el supuesto testigo clave en la causa que mantiene detenidos a los 14 jóvenes de Puán por violar la ley 23.737, de estupefacientes. Según la investigación impulsada por el fiscal Mauricio del Cero, Torres habría declarado que los acusados comercializaban diferentes sustancias ilegales desde la localidad de Guatraché, en La Pampa.

Sin embargo, el 5 de marzo pasado, luego de enterarse a través de allegados que él era el denunciante del expediente, se presentó junto a su padre y el asesoramiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el despacho de la fiscalía N° 19 de Bahía Blanca para dejar constancia de que “desconoce el contenido de esa acta policial, que muchas veces se han presentado efectivos de la policía en su domicilio para que ‘firme algo’, que no siempre le permitieron ver el contenido y que en el caso de esa declaración -a diferencia de otras- no tiene ningún tipo de copia en su haber”.

Además, denunció que desde los 16 años sufre el amedrentamiento y los abusos de la policía bonaerense, lo que le permite pensar que esa falsa declaración “pudo ser montada por ellos”.

La CPM se presentó en calidad de amicus curiae, pidió protección para el joven y que se aparte a la policía bonaerense de la investigación sobre el hostigamiento y las amenazas que sufre, acorde a la resolución 1390, que impide darle intervención a una fuerza de seguridad sospechada.

En su testimonial ante la fiscalía de Del Cero, Torres expresó: “Pedí varias veces ver la declaración y me decían que no, y a la semana me ‘pateaban’ mi casa”, en referencia al hostigamiento policial.

De confirmarse que se trató de una declaración inventada, quedarían comprometidos el sargento Andrés Argüello, quien dijo tener conocimiento de que los acusados se dedicaban a la venta de drogas gracias al testimonio de Torres, y el comisario Víctor Pérez, que figura como el oficial que habría tomado la denuncia que el joven dice que jamás realizó.

“Queremos hacer público esto para protección de Kevin Torres; si algo le sucediera a él hacemos responsables a la policía de Puán, que están involucrados en la causa por haber falsificado una denuncia”, sostuvieron los familiares de los detenidos en un comunicado y agregaron que están “exigiendo la nulidad del caso en función de que la declaración que dio inicio a la causa está bajo sospecha”.

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