Un policía experto en balística manejaba la provisión de armas y municiones del mercado negro en Rosario
Un “agente revelador” se infiltró en la organización durante tres meses. Vendían fusiles, pistolas y armas, que acopiaban en una sodería; las balas las adquirían con credenciales de legítimos usuarios, pero las comercializaban por internet a quien pagara lo suficiente
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO. Las armas se escondían en una sodería del barrio La Tablada, uno de los más violentos. Entre los sifones había fusiles, pistolas de distintos calibres y, sobre todo, más de 50 cajas de municiones. Parte de ese arsenal había sido robado en Cruz Alta, Córdoba, pero se acopiaba en la zona sur de esta ciudad, donde se cometen más de la mitad de los crímenes en un contexto encadenado con el narcomenudeo. Se vendían a través de contactos que tejía un policía en disponibilidad que se desempeñaba en el área de Criminalística de la fuerza.
La investigación, encabezada por los fiscales Pablo Socca, Valeria Haurigot y Federico Rébola, se inició en marzo pasado, cuando se detectó que un hombre que vive en Victoria, Entre Ríos, vendía de forma ilegal fusiles para caza mayor. “Lo hacía de ‘boca en boca’, a través de mensajes de WhatsApp”, apuntó una fuente judicial.
El problema de los investigadores era cómo acceder a información de los vendedores de armas sin que estos se dieran cuenta de que tres fiscales seguían sus pasos. Un policía de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se transformó en un “agente revelador”. Se interesó en la compra de armas e hizo contacto con el vendedor. Tenía tres meses, por la autorización que otorgó la Justicia, para develar la trama. Este policía se ganó la confianza de los vendedores de armas y, con fondos públicos del Ministerio de Seguridad, concretó la compra de siete fusiles y municiones por un total de 400.000 pesos.
En la investigación se logró establecer cómo funcionaba la organización, que, por un lado, vendía armas de guerra robadas y, por otro, expendía municiones de alto calibre, entre ellas, 9 milímetros. Esos proyectiles, según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION, salían del mercado legal. La banda adquiría las municiones en armerías a través de testaferros, que aportaban la tarjeta otorgada por Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que habilita la compra de balas a los “legítimos usuarios”.
“El problema en este tipo de causas es que las armerías venden las municiones de forma legal. Es decir, está toda la documentación que respalda la operación. El punto es que utilizan a usuarios habilitados por ANMaC como supuestos testaferros”, afirmó a LA NACION una fuente judicial.
En los 12 allanamientos realizados este lunes en Rosario y en Entre Ríos se secuestraron 20 armas largas –fusiles, escopetas y carabinas–; 11 pistolas y revólveres calibres 9 mm., .45, .38 y .32. También, 800 municiones para las armas largas y 2500 para las de puño.
La sospecha es que esas armas y proyectiles se ubicaban en el mercado negro que alimenta la violencia en Rosario, donde este año se produjeron 81 homicidios y un promedio de dos heridos de bala por día.
En la investigación, que está en un tramo inicial, se interceptó una línea telefónica que usaba uno de los encargados de negociar las armas. César González usaba mensajes de WhatsApp para contactarse con los interesados. Ofrecía armas de todo calibre y municiones, que obtenían de una armería en el barrio Bella Vista, de Rosario.
La última compra que pactó el “agente revelador” (fueron cuatro, en total) fue de una mira telescópica y municiones 9 mm. Los efectivos de la AIC hicieron un seguimiento para detectar de qué lugar salían las armas. Descubrieron que las municiones se guardaban en un galpón ubicado en Bermúdez al 6600, en el sur de Rosario.
En la casa del sodero en La Tablada se encontraron 14 credenciales de legítimo usuario (CLU) y otras tantas de control de consumo de municiones. Se descuenta que se usaban para comprar legalmente armas y balas de modo de insertarlas después en el mercado negro.
Ayer fueron detenidos el policía de la Sección Criminalística Sergio González, experto en balística, como gestor del negocio ilícito; su esposa, que también es empleada de la fuerza, y un tercer oficial, Alan Juárez, del Comando Radioeléctrico, que habría estado a cargo de la custodia de los lugares de acopio.
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