Un pedófilo hizo una amenaza de bomba en un exclusivo colegio de Vicente López para vengarse de un chico que lo rechazó
El sospechoso había sido detenido en su departamento de Palermo acusado de la intimidación al establecimiento educativo Los Molinos; tras analizar sus dispositivos móviles descubrieron material de situaciones de abuso de menores
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Pedro Petazze fue detenido por detectives de la Policía de la Ciudad y de la policía bonaerense a fines del mes pasado, en su departamento de Palermo. Lo acusaban de haber sido el autor de una amenaza de bomba dirigida al colegio Los Molinos, un exclusivo establecimiento educativo de Vicente López. Pero había más. El sospechoso escondía un rostro todavía más siniestro: el de un pedófilo que hacía seguimiento de adolescentes. Los resultados de su “estudio de campo” eran guardados en los blocks de notas de sus dispositivos electrónicos, donde, además, le descubrieron archivos con material de situaciones de abusos sexuales de menores de edad.
Así lo informaron fuentes judiciales. “Creemos que la detención del sospechoso evitó un ataque sexual. El contexto y el entorno estaba diagramado para que ocurriese una situación de esas características. El departamento de Palermo donde vivía Petazze era el búnker de un pedófilo”, afirmó a LA NACION un importante detective que participa en la investigación.
Además de la acusación por intimidación pública, el sospechoso fue imputado por el fiscal Alejandro Musso, a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro, por tenencia de material de abuso sexual infantil (MASI). El juez de Garantías Esteban Rossignoli ordenó su detención.
“Le descubrimos cuentas exchange de criptomonedas. Por los movimientos, no descartamos que haya recibido un pago por el intercambio del material”, sostuvo una fuente de la causa.
La investigación que puso al descubierto al sospechoso comenzó el 23 del mes pasado. Ese día, a las 9.35, se produjo la amenaza de bomba. “Es un establecimiento escolar, y en este momento, hay una bomba”, fue la llamada recibida en el número de emergencia 911. La comunicación tuvo una duración de 28 segundos. La voz intimidante dijo la dirección del establecimiento donde, supuestamente, estaba el artefacto explosivo.
En cuestión de minutos, se activó el protocolo de seguridad y prevención: 920 alumnos y 150 empleados de una exclusiva institución educativa de zona norte debieron ser desalojados.
Pronto se comprobó que había sido una falsa denuncia. Tras una rápida investigación, en menos de 48 horas, se logró identificar al presunto autor de la amenaza, que fue detenido e imputado del delito de intimidación pública.
En su momento, los investigadores no habían podido determinar el motivo de la falsa denuncia. Ahora sospechan que el colegio fue blanco de la intimidación pública porque uno de los adolescentes que habría sido perseguido por las calles de Palermo era alumno de ese establecimiento educativo.
“Suponemos que el sospechoso se acercó a un adolescente que estaba vestido con el uniforme del colegio Los Molinos y que el chico se dio cuenta de las malas intenciones de Petazze. Al sentirse rechazado, habría decidido hacer la falsa denuncia”, especuló un investigador.
El día que detuvieron a Petazze, los detectives de Departamento contra el Crimen Organizado y División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad y personal de Superintendencia de Investigaciones de la policía bonaerense que hicieron el allanamiento secuestraron siete dispositivos electrónicos: cuatro teléfonos celulares y tres tablets.
Así fue como el fiscal Musso y su equipo de investigadores descubrieron que detrás del sospechoso se escondía un pedófilo: encontraron anotaciones donde Petazze dejaba constancia de los seguimientos de adolescentes que hacía por las calles de Palermo.
En una de las anotaciones se puede leer: “Edificio Santa 3... [se preserva la dirección exacta], puerta marrón, gordito con perro, pasea mañana, escuela St. Catherine, uniforme bordó, 10a” y, en otra: “13.10 baja en V. Arredondo baja pareja de chicos, camiseta de Boca, 67 [se supone que por la línea de colectivos]”.
Según informaron fuentes judiciales, el departamento de Petazze, situado en Scalabrini Ortiz al 1700, “estaba todo tapiado, para que nadie pudiera mirar lo que sucedía adentro”.
Como había informado LA NACION en su momento, la terminal desde la que se realizó la llamada al 911 no llevaba puesta una tarjeta SIM [chip]. “Sin perjuicio de lo cual el sistema permite realizar llamadas de emergencias”, según se desprende del expediente judicial.
Para poder identificar el IMEI (número identificatorio de 15 cifras) del teléfono desde el cual se hizo la amenaza de bomba, se debió rastrear el momento exacto de la llamada al 911.
Una vez obtenido el número de IMEI y el modelo de teléfono, los investigadores de la Ufeic pidieron a las tres empresas que prestan el servicio de telefonía móvil información sobre si, en algún momento, se había colocado chip en ese dispositivo.
“Una de las compañías nos informó que se habían colocado cuatro chips. Los dos últimos abonados con impacto en el dispositivo pertenecían a la misma persona [Petazze]; finalmente, analizado que fue el impacto de antenas del abonado mencionado desde el 1 de agosto hasta el día de la fecha [el viernes pasado], efectivamente arroja impacto mayoritario en la antena ubicada en la calle El Salvador al 4500 [que se activó el día de la falsa denuncia], a pocos metros del domicilio del imputado, y con clara cobertura en la zona”, según se explicó en el expediente judicial.
Con las pruebas reunidas, se ordenó allanar el domicilio del sospechoso y su detención. Cuando fue arrestado, Petazze pareció sorprenderse y negó los hechos, pero los detectives judiciales y policiales confirmaron que en el procedimiento se secuestró el teléfono desde el cual se llamó al 911 para hacer la falsa denuncia.
“Atento a la experiencia mundial, a las amenazas de bomba se las toma muy en serio, y con la tecnología que hay en la actualidad se puede identificar a los autores, que terminan acusados de intimidación pública”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.
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