Un juez pidió investigar a un grupo de fiscales por el caso Oyhanart

Un juez de Garantías de La Plata pidió que se investigue si un grupo de fiscales cometió algún "delito de acción pública" que posibilitó que el expediente en el que siete policías bonaerenses están acusados de encubrir el caso de Marisol Oyhanart, la maestra jardinera asesinada en Saladillo, siga estancado. A dos años del homicidio, ninguno de esos uniformados fue citado a indagatoria.

Según consta en la resolución dictada por el juez César Melazo, se le pidió al fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, la formación de una causa penal contra los representantes del Ministerio Público que tuvieron a su cargo las denuncias contra siete policías de Saladillo y que, en su opinión, no hicieron nada con el expediente en el que se investigaba el encubrimiento de Oyhanart, de 38 años y madre de tres hijos, ocurrido el 14 de abril de 2014. Se sospecha que aquellos policías cobraron una suma millonaria para desviar del foco de la pesquisa a un empresario.

Ayer, la fiscal Virginia Bravo se hizo cargo de la denuncia. Melazo no dio nombres, pero los fiscales que intervinieron en esa causa son Patricia Hortel y Álvaro Garganta.

Garganta recibió el expediente en mayo de 2015. Siete meses después se excusó de seguir adelante con la causa penal en la que también había sido denunciada la representante del Ministerio Público en Saladillo, debido a la relación de amistad con Patricia Hortel, la primera investigadora del homicidio.

Esa fiscal fue denunciada por los abogados que representan a Sergio Rachit, el esposo de Marisol. Los letrados Pablo Hawlena Gianotti y Walter Vaccarini cuestionaron a la primera fiscal del caso porque nunca ordenó la realización de peritajes para determinar con qué elemento habían sido hechas las quemaduras que los forenses hallaron en el cuerpo de la víctima, lo que indicaría de que el asesino la torturó antes de matarla.

Puntos oscuros

Otro de los cuestionamientos realizados por los abogados contra la fiscal se funda en la declaración de uno de los peritos de la Policía Científica, que indicó que la calza en la que aparecían esas quemaduras y las zapatillas de Marisol Oyhanart habrían sido llevadas personalmente por la funcionaria judicial dentro de una bolsa de consorcio negro, sin cumplir con el protocolo propio del cuidado de la cadena de custodia para el traslado de pruebas.

Según fuentes de la investigación, la funcionaria no firmó el acta de entrega de esas pruebas. Los peritos sí la rubricaron y dejaron constancia de la violación de la cadena de custodia y de la presencia de la funcionaria. A partir de esta declaración se inició el expediente 7912/15. Este sumario pasó por varias fiscalías. Ningún representante del Ministerio Público se hizo cargo del sumario debido a su amistad con la funcionaria de Saladillo. Pero uno de los fiscales tuvo cajoneado el expediente durante siete meses.

Si bien la investigación del encubrimiento se instruye en un sumario distinto al del homicidio, la pesquisa resulta clave para saber la identidad del hombre que les pagó a los policías para borrar la pruebas que lo vinculaban con el crimen.

"Mientras estaba en la comisaría de Saladillo escuché que un empresario estanciero era amante de Marisol y que estaba vendiendo todo lo que tenía porque si no le iban a poner el celular de la víctima en su casa. También escuché que se había depositado un millón y medio de dólares para encubrir al autor del homicidio", dijo uno de esos testigos ante la fiscal platense, que luego remitió las fotocopias de la declaración para que se incorporen en el sumario por el encubrimiento.

A más de dos años del homicidio de Marisol no hay ningún sospechoso detenido por el asesinato. Hay siete policías acusados de encubrimiento, con numeras pruebas que los comprometen, pero ningún fiscal que los investigue.

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