Un importante comisario de Corrientes quedó involucrado en un complejo caso de protección a narcos y venta de armas
El jefe de prevención del delito de la capital correntina está procesado en una causa de la Justicia Federal
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PARA LA NACIONGermán de los Santos
Una extensa investigación de la Justicia Federal de Corrientes expuso la madeja de complicidades entre un grupo narco con un grupo de policías, encabezado por el director de Drogas Peligrosas de esa provincia, el comisario general Luciano Ramón Vallejos, que –según el expediente- avisaba a los narcotraficantes si iban a allanar a algún integrante de la banda, y a cambio recibía armas de los criminales.
En la causa que investigó el fiscal federal Flavio Ferrini y de la Procuraduría de Narcocriminalidad –a la que tuvo acceso LA NACION- quedó cristalizado no solo la cobertura que este sector de la policía daba a los narcos, sino también que con la información que le suministraban sus cómplices les servía para abrir causas contra grupos contrarios al que lideraba Saúl Maciel, conocido en el ambiente criminal como “Vintu”.
Este caso, en el que quedan expuestos un grupo de narcopolicías, encabezados por el jefe de Drogas Peligrosas, muestra los altos niveles de corrupción y de connivencia con el delito de la Policía de Corrientes, que con la desaparición de Loan Peña quedaron a la intemperie por las fuertes sospechas de encubrimiento y las tramas oscuras que protagonizó el comisario de 9 de Julio Walter Maciel. El impacto social que provocó la desaparición del niño de cinco años tuvo consecuencias políticas, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, decidió primero cambiar al ministro de Seguridad Buenaventura Duarte, y luego desplazar a la cúpula de la policía.
Este caso de corrupción y complicidades dentro de la fuerza provincial es previo al escándalo que se desató con la desaparición de Loan. Esta trama se hizo visible en 2022, cuando el fiscal Ferrini decidió ordenar a la Policía Federal 14 allanamientos contra narcos y policías, que actuaban en tándem en la capital provincial.
No solo Vallejos, jefe de Drogas Peligrosas, estaba involucrado, sino también un miembro de la Dirección de Investigación Criminal Luis González, quien además tenía dentro de la organización a sus hijos.
Cuando la PFA allanó la casa de Vallejos encontró una cantidad de armas que nada tenían que ver con su función dentro de la policía. Por las escuchas que figuran en la investigación, Maciel pagaba al jefe policial con armas. “Estas las podés usar”, advierte el narco al comisario general. En su residencia en Barranqueras 2810, la policía incautó seis pistolas y revólveres y cajas de municiones.
Según el expediente, Maciel y Vallejos tenían contacto permanente de manera telefónica. “Maciel le pedía protección a Vallejos para mantener su actividad de tráfico ilícito”, sostuvo el fiscal, que consideró que el policía “accedía estando a cargo de la dependencia de la fuerza de seguridad provincial encargada de investigar ese tipo de delitos desplegados por el nombrado, y además, tenía intervención en un proceso penal” contra el narco.
En la causa se detectó que Vallejos “recibía información de forma extraoficial acerca de las personas vinculadas con actividades ilícitas, que luego utilizaba para elaborar informes policiales mediante los cuales solicitaba medidas de investigación de índole jurisdiccional tales como allanamientos”.
En la causa la justicia federal determinó también que Luis González, otro policía, que era la mano derecha de Vallejos, tenía en su casa una moto de la Dirección de Drogas Peligrosas y documentación sobre investigaciones de narcotráfico, incluso algunas bajo la esfera de las fuerzas federales.
Según señaló el diario El Litoral, lejos de ser desplazado, Vallejos pasó en febrero del año pasado de Drogas Peligrosas a ocupar el cargo de Director General en la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito.
Pero la situación de este grupo de polinarcos se complicó, luego de que este martes se conociera la decisión de la Cámara de Apelaciones de Corrientes, que dejó firmes los procesamientos que dictó el juez federal Juan Carlos Vallejos y rechazó los recursos de las defensas y respaldó al fiscal Carlos Schaefer.
Un dato elemental para que esta trama quedara sobre la superficie fue una queja el narco “Vintu” Maciel le hace a la policía sobre un allanamiento irregular en su domicilio. Este incidente develó la relación entre Vallejos y Maciel, marcada por el intercambio de números telefónicos y confianza mutua.
El tercer imputado, Marcelo Alejandro Lhotak, de Sáenz Peña, Chaco, fue interceptado en una conversación telefónica donde negociaba una tarifa de 4500 a 5000 dólares por una carga de cinco kilos de cocaína. Lhotak colaboraba con Ubaldo Martín Valdez, encargado de distribuir y vender estupefacientes en Corrientes y Resistencia.
La causa también implica a Saúl Fabián Maciel, Marcos Manuel Luque, Ubaldo Martín Valdez, y varios otros, incluido el expolicía Eduardo Luis Antonio “Batatita” González Livio. La Policía Federal Argentina verificó que, desde el 1° de agosto de 2022 hasta los 14 allanamientos en los domicilios de los imputados, la organización desplegó actividades de comercialización de estupefacientes, su guarda, fraccionamiento y traslado, principalmente en Corrientes y con vínculos en Chaco.
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