Un expolicía chavista, cerebro de un secuestro cuyo rescate se pagó en bitcoins

Como todos los días, el 13 de octubre pasado, a las 7.40, Javier M. salió de su casa de Villa Pueyrredón hacia su supermercado de Quilmes. Cuando estaba por comenzar el viaje se le acercó un exempleado, Rafael Ángel Carrillo Rodríguez, y le pidió si lo podía llevar hasta la misma zona de su comercio. Argumentó que había tenía un desperfecto mecánico con su automóvil. Pero todo era una trampa. Apenas subió a la camioneta de su exjefe, Carrillo Rodríguez, un exintegrante de la Policía de Venezuela, extrajo un arma y obligó al supermercadista a conducir unos 300 metros, lo hizo estacionar y después, subirse a otro vehículo. Así comenzaba un secuestro extorsivo que duró cinco días y que finalizó después de que el hermano de la víctima hiciera cuatro transferencias de bitcoins, la criptomoneda más conocida, por un valor de 65.000 dólares.

Así lo pudo reconstruir LA NACION del expediente judicial. Se trató de un caso inédito en la historia de los secuestros extorsivos en la Argentina. No solo porque el pago del rescate se hizo en criptomonedas, sino porque las comunicaciones extorsivas se hicieron por WhatsApp desde Colombia.

La mañana del secuestro, el supermercadista fue obligado subirse a un Renault Logan y fue llevado a una casa de Los Hornos, en La Plata, donde estuvo cautivo cinco días. Mientras estuvo a merced de sus captores, era amenazado con un machete.

“Durante el periodo de tiempo que estuvo privado de su libertad, los captores grababan videos como prueba de vida y los mensajes extorsivos por medio de WhatsApp, que reenviaban a Colombia, desde donde posteriormente lo remitían al teléfono del hermano de la víctima, a quien le exigían dinero por su liberación”, explicó el juez federal de Quilmes, Luis Armella, en la resolución con la que procesó a integrantes de la banda que participó del secuestro.

Según declaró la propia víctima, Carrillo Rodríguez era quien dirigía toda la operación. Cuatro meses después del secuestro extorsivo, el expolicía venezolano está prófugo. Sobre sus espaldas pesa una notificación roja emitida por Interpol, con la que se pide su localización y detención con fines de extradición.

Un cómplice del expolicía fue detenido el 5 de este mes en Brasil y ya se solicitó su extradición. Se trata Junior Argenis Páez Peña, de 29 años y de nacionalidad venezolana.

“Además de Carrillo Rodríguez, de 34 años, hay otro prófugo. Presuntamente están en Venezuela. Hay cero posibilidad de lograr una cooperación para poder atraparlos”, explicó una fuente al tanto de la situación de los sospechosos.

Otro presunto partícipe del secuestro, Jean Carlos Rivero Márquez, de 40 años, también venezolano, fue uno de los sospechosos procesados por Armella, según pudo saber LA NACION.

La investigación, que comenzó con la denuncia que hizo el hermano de la víctima el mismo día del secuestro, está a cargo de la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, quien cuenta con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), conducida por Santiago Marquevich, y de detectives de la policía bonaerense y la Policía Federal Argentina (PFA).

La primera exigencia

Según el hermano de la víctima, la primera comunicación extorsiva fue el 13 de octubre pasado a las 9.53, dos horas después de que el supermercadista fuera secuestrado. Se trataba de un video que los delincuentes le enviaron por WhatsApp, donde se veía al comerciante sentado y en el que exigían 650.000 dólares de rescate.

Dos días después del secuestro, la familia de la víctima logró juntar US$ 11.000 y $670.000, pero esa suma de dinero no conformó a los captores.

Las comunicaciones extorsivas continuaban, y la exigencia de los 650.000 dólares, también. Los secuestradores llegaron a decirle al hermano de la víctima que “empeñe” las propiedades del supermercadista.

Las horas pasaron y, tras indicaciones de los captores, el hermano de la víctima fue a una oficina situada en un galería de Perú y avenida Rivadavia, en el barrio porteño de San Nicolás. Hizo cuatro transferencias de bitcoins entre el 16 y el 17 de octubre pasado por un valor de 65.000 dólares.

La víctima fue liberada el 18 de octubre pasado, a las 10. La fiscal Cavallo y los detectives policiales lograron ubicar la casa de la localidad platense de Los Hornos en la que había estado cautiva la víctima. En un allanamiento, los investigadores secuestraron un machete que fue reconocido por el supermercadista como el elemento utilizado para amenazarlo.

Un vecino del lugar donde estuvo cautiva la víctima reconoció al expolicía venezolano cuando los detectives le mostraron una fotografía suya. Afirmó haberlo visto en el patio de la vivienda. También sostuvo que un día antes del allanamiento vio a personas sacar bolsas de residuos y ramas del interior del inmueble.

En otro allanamiento hecho en un departamento del partido bonaerense de Berazategui, los investigadores secuestraron documentación de Carrillo Rodríguez.

En el procesamiento de Rivero Márquez, el juez Armella trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 13.000.000 de pesos.

“Se trató de un secuestro extorsivo muy complicado para investigar. Tuvimos que pedir la colaboración de la Fiscalía Nacional de Colombia porque se descubrió que las llamadas extorsivas se hacían desde ese país. Los delincuentes comenzaron exigiendo una cifra exorbitante en bitcoins”, había explicado a LA NACION en octubre pasado un investigador.

Cuatro meses después la banda está identificada. Solo falta detener a los dos prófugos e identificar a algún otro participante.

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Sin secuestro

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