Un doble crimen que lleva diez años en un polémico laberinto judicial

El 29 de julio del 2011, la exitosa temporada de invierno en la Quebrada de San Lorenzo en Salta Capital se vio interrumpida por la denuncia de un turista que venía de la provincia del Chaco: “encontré un cadáver cerca del mirador”. A pesar de que la complejidad del lugar del hallazgo y que esos trabajos se hacen de sol a sol, para evitar la mayor cantidad de errores en el análisis de la escena, esa misma noche los especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) fueron a buscar el cuerpo y quedaron sorprendidos al hallar otro más.

Las víctimas fueron identificadas como Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 21, turistas francesas que llegaron a Salta invitadas por un profesor con el que compartieron un congreso en Buenos Aires pocas semanas antes. Sus familiares se enteraron desde Francia que las violaron y asesinaron por la repercusión mediática de la causa que llegó a la televisión internacional.

Las autopsias fueron realizadas por Ana María Vega en el Hospital San Bernando durante la madrugada del 30 de julio. Cassandre murió por el impacto de un proyectil de arma de fuego por encima de la frente. Encontraron múltiples lesiones en su cuerpo y su zona genital compatibles con un abuso sexual. Houria tenía un roce de un proyectil en el antebrazo izquierdo, lesiones en la zona genital y un pulmón perforado por un proyectil que ingreso por la espalda y salió por el pecho. Es posible que haya agonizado durante 45 minutos.

Los cadáveres estaban en buen estado de conservación y el intervalo postmortem indicaba un tiempo entre 24 y 48 horas previas al hallazgo, pero el juez a cargo de la investigación, Martín Pérez, fijó como día de los homicidios catorce días antes, el 15 de julio, por un informe de la biologa María Rosana Ayón.

Ayón fue a la quebrada a recolectar muestras de insectos y artrópodos (entomofauna cadavérica) ocho días después del hallazgo de los cuerpos. El informe aseguraba que los cadáveres fueron conservados porque al ras del suelo hacía 15 grados menos que lo que había indicado el servicio meteorológico para esos días. Y que los animales carroñeros que viven en el lugar no atacaron los cuerpos “por un instinto de supervivencia”.

Los investigadores solicitaron ayuda a los baqueanos que vivían cerca del mirador en el que encontraron los cuerpos para que los guíen. Se trata de hombres muy humildes que luego fueron detenidos y acusados de ser los asesinos. Paralelamente se inició una causa judicial por apremios ilegales en la que fueron denunciados quince policías, seis de ellos procesados, acusados de torturar física y psicológicamente a los arrestados de la causa.

En medio de las detenciones, Gustavo Lasi declaró que el 15 de julio del 2011 salió a cazar palomas con la carabina 22 de su padre, un fusil que días después fue determinado como el arma homicida. En el camino se encontró con sus vecinos Daniel Vilte y Clemente Vera que estaban atacando a las jóvenes y que lo invitaron a participar del abuso sexual. Dijo también que le robaron el arma y se fue del lugar sin escuchar disparos. El 6 de agosto de ese año encontraron el celular y la cámara fotográfica de las víctimas en la casa de su novia, Fernanda Cañizares.

Durante la investigación se realizaron varios peritajes en los cuales se demostró que el ADN de Lasi estaba presente en ambas víctimas. Tanto el perfil autosómico (que identifica con una exactitud cercana al 99,9 por ciento) como el marcador del cromosoma Y que no identifica directamente a la persona, pero sí a alguien de su linaje paterno. Ningún examen encontró rastros genéticos de Vilte. En el caso de Vera, el perfil autosómico fue negativo. Si dio positiva la prueba del marcador del Cromosoma Y en el peritaje oficial y negativo en los análisis de parte que se hicieron en un laboratorio de Francia.

La defensa de Vera, encabezada por el abogado Humberto Vargas, solicitó realizar una contraprueba y la Justicia lo autorizó. Pero cuando el perito contratado por la defensa, Eduardo Raimondi, asumió el cargo, la secretaria del juez informó que “criminalística desechó las muestras”, cuando en realidad les correspondía guardarlas durante 10 años. Vera quedó sin la posibilidad de hacer un contraperitaje.

En 2014 la causa fue llevada a juicio y estuvieron presentes los familiares de las víctimas. Faltó Néstor Píccolo, Jefe de la Brigada de Investigaciones quien estuvo a cargo de los primeros pasos en la causa. En noviembre del 2011 su cuerpo apareció con un disparo en la cabeza a metros de su lugar de trabajo. La causa se cerró como suicidio. Otro testigo clave de la causa, Luis Sarmiento, de 27 años, fue asesinado a puñaladas detrás de un cementerio en octubre del 2013. Según el abogado de la víctima, Marcelo Arancibia: “Sarmiento vio cuando gente de la Brigada de Investigaciones enterró el arma homicida en el fondo de la casa de Daniel Vilte”.

Luego del proceso, el tribunal condenó a Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor de “robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa”. Vera y Vilte fueron absueltos por el beneficio de la duda.

Ese mismo día, el tribunal condenó a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval a la pena de dos años de prisión condicional por encubrimiento calificado.

En febrero del 2016 dos oficiales de la policía fueron a buscar a Vera a su casa, le dijeron que tenía que ir a llenar unos papeles a la comisaria. Desde ese momento está privado de su libertad en el penal de Villa las Rosas. El tribunal de impugnación lo condenó a prisión perpetua sin sumar nuevas pruebas, ni rehacer el juicio como lo establece el Código Procesal Penal de Salta.

Actualmente participa de su defensa la fundación internacional Innocence Project Argentina. La organización se dedica a asesorar casos en los que por error judicial o causas armadas una persona inocente es condenada. Todos los años se lanzan campañas para pedir por su liberación. Uno de los principales impulsores desde Francia es Jean Michel Bouvier, el padre de Cassandre, quien cree en la inocencia de Vera desde que se presentaron las pruebas en el juicio. Bouvier viajó en varias oportunidades a Salta para visitar a ese hombre en la prisión.

Desde 2017 se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia y el año pasado Eduardo Casal, procurador general de la Nación emitió un dictamen en el que decide “hacer lugar a la queja interpuesta”. Se pronunció a favor de revocar la medida tomada por el tribunal de impugnación, dejar sin efecto la condena y que la justicia de Salta dicte un nuevo fallo sin la necesidad de realizar un nuevo juicio.

Al cumplirse 10 años de la causa, Jean Bouvier expresó su intención de viajar a Salta para reunirse con el gobernador Gustavo Saenz y el presidente Alberto Fernández. Por el momento se ve impedido por las restricciones de la pandemia. En varias oportunidades el padre de Cassandre envió cartas a la embajada Argentina en Francia para solicitar reuniones con los entonces presidentes Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

En busca de respuestas

“Llego a este día decidido a obtener toda la verdad y a obligar a las instituciones, y a las mujeres y hombres que las representan en nombre del pueblo de la provincia de Salta, a hacer finalmente justicia por Cassandre y Houria (Moumni), y por todos los que las amábamos”, dijo a Télam Jean Michel Bouvier.

Al ser consultado sobre lo que cree que le pasó a su hija y a Houria, aseguró no estar “a favor de ninguna hipótesis” y destacó que tampoco excluye a ninguna, pero resaltó que su “única certeza es que el juez Pérez condujo su caso de manera fragmentada, manipulada y deshonesta”.

Al referirse a la resolución que se aguarda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la situación de Vera, el padre de una de las jóvenes asesinadas indicó que espera que el máximo tribunal argentino “anule todas las decisiones tomadas por el Poder Judicial de Salta y ordene la reapertura de la investigación”.

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