Coronavirus: Un desafío directo a las decisiones oficiales
Es un tiempo de excepcionalidad con derechos cívicos básicos restringidos bajo una casi total aceptación por parte de una sociedad que espera con el esfuerzo colectivo contener una gravísima amenaza. Millones de personas ven en riesgo sus empleos y el sustento de sus familias. Millones de ciudadanos están encerrados en condiciones de espartano cumplimiento para evitar la propagación del coronavirus. Millones de niños están en sus casas sin poder abrazar a sus abuelos. Miles de argentinos quedaron vulnerables en el exterior y muchos más, varados dentro de nuestras fronteras. Sin embargo, los que protestan son los presos. Y lo hacen tan violentamente que logran concesiones no obtenidas por trabajadores que tienen igual o mayor riesgo al contagio.
El hacinamiento en las prisiones es un problema conocido y no resuelto hace muchos años. Domina la idea que la solución pasa por las liberaciones anticipadas y no por la construcción de penales. Ningún gobierno quiere inaugurar cárceles, aunque sean tan necesarias hoy como escuelas y hospitales. Y se llega entonces a esta situación de pabellones desbordados de reclusos.
¿Es diferente la posibilidad de contagio entre presos amontonados en una celda al riesgo vivido por familias integradas por varias generaciones que comparten una pequeña vivienda? Toda la sociedad está frente a una seria amenaza a la salud, pero un solo grupo es el que logra beneficios mediante la amenaza de mayores protestas. En tiempos excepcionales, los motines en las cárceles representan un desafío directo las difíciles decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo para contener la expansión del Covid-19.
¿Cómo perseguir penalmente como enemigo público número 1 a un irresponsable surfista o a una señora mayor que quiere tomar unos minutos de sol en una plaza si los presos pueden exhibir lanzas con cuchillas para exigir excarcelaciones?
Los detenidos por toda clase de delitos violentos obtuvieron en estos días el permiso de comunicarse con celulares, teléfonos que habían sido ingresados de contrabando a los penales. Se decidió tolerar la existencia de esos elementos para facilitar el contacto de los internos con sus familias. ¿Habrán sido utilizados esos aparatos para coordinar revueltas en las prisiones?
El enfermero, el chofer de un colectivo, el vendedor en un almacén, todos los trabajadores esenciales se exponen cada día al virus y vuelven a su hogar, donde quizá puedan tener menos distanciamiento con su familia que lo observado en un pabellón y, sin embargo, no protestan.
Por Daniel Gallo
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