Un brutal asesinato: piden la pena de perpetua para otro expolicía por torturar, abusar y matar a la adolescente Natalia Melmann
A 22 años del crimen, la fiscalía reclamó en Mar del Plata la máxima pena para Ricardo Panadero
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MAR DEL PLATA.- La fiscal que interviene en el segundo juicio al exsargento policial Ricardo Panadero, cuarto efectivo acusado por el abuso sexual y el asesinato de la adolescente Natalia Melmann, ocurrido el 4 de febrero de 2001 en la localidad balnearia de Miramar, solicitó que sea condenado a prisión perpetua, y el pedido de pena fue acompañado por la familia de la víctima.
En su alegato de cierre ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de la ciudad de Mar del Plata, la fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar Ana Caro consideró acreditado que Panadero fue coautor del secuestro, abuso y homicidio de la adolescente de 15 años, doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad. El cuerpo de la menor fue encontrado en un vívero, cuatro días después de la desaparición.
El pedido de pena y la calificación del hecho fueron compartidos a su turno por los abogados Federico Paruolo y Yamil Castro Bianchi, representantes en calidad de particular damnificado de los padres de la víctima, Gustavo Melmann y Laura Calampuca.
La defensa particular del acusado, encabezada por Lautaro Resúa, rechazó en tanto la acusación y pidió la “libre absolución” del expolicía “en torno a todos los hechos imputados”, quien había sido absuelto en el primer juicio en su contra que se realizó en 2018. Un años después, la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo.
La sentencia se dará a conocer el 17 del actual, informó el tribunal.
En primer término, expuso su planteo la fiscal Caro, quien pidió a los miembros del tribunal que, aunque el femicidio no existía como agravante al momento del hecho, la prueba presentada en el juicio y durante la investigación “sea valorada a través del prisma de la perspectiva de género”.
Entre los elementos incorporados, Caro destacó el examen de ADN de un vello púbico hallado en el cuerpo de la víctima, que arrojó una compatibilidad del 97,05 por ciento con el perfil genético de Panadero. Subrayó en ese sentido el testimonio brindado en el juicio por un perito oficial de parte de la acusación, quien sostuvo que existían “33 veces más probabilidades” de que la muestra analizada perteneciera al imputado que a otra persona de la población en general.
A su vez, la fiscal destacó la declaración brindada en la primera audiencia del proceso por un testigo de identidad reservada de la causa, quien aseguró que en la madrugada de la desaparición de Natalia Melmann había visto cómo era subida a la fuerza a un patrullero por cuatro policías, entre los que ubicó a Panadero.
En su alegato ante los jueces Néstor Conti, Mariana Irianni y Juan Galarreta, la fiscal Caro pidió además que se impida al imputado salir del país y alejarse de Miramar hasta que se dicte la sentencia, planteo que fue aceptado por los magistrados.
Los abogados de la familia Melmann, sostuvieron por su parte que “no hay ninguna duda de que Pandero participó en el crimen” en lugar de “tratar de evitarlo”, y pidieron “no seguir dilatando que Natalia y su familia tengan justicia”.
“Lo dijo Gustavo Melmann en este juicio: esto fue un femicidio en manos del Estado. Se valieron de todos los elementos hasta para mantener encubierta esta situación. Esas personas gozaban de una impunidad, porque tuvieron la capacidad de alterar pruebas, de presionar a testigos y hacer que todo esto se estire”, sostuvo Paruolo al citar al padre de la víctima.
Castro Bianchi destacó que los padres “han dedicado su vida para lograr la condena de estos monstruos” y recordó las búsquedas que encabezaron “porque el Estado estuvo ausente”.
En el cierre de los alegatos, el defensor cuestionó por su parte tanto la prueba pericial presentada en la causa como la testimonial, y dijo estar “convencido del estado de inocencia” del imputado. Dijo en ese sentido que la pericia de ADN realizada “no da certezas” y que “el perfil genético de Panadero no ha podido ser relacionado” con los rastros hallados, porque para ello sería necesario un nivel compatibilidad “de 99,99 o superior a ello”.
En cuanto a la prueba testimonial ofrecida en el juicio, cuestionó especialmente la versión del testigo de identidad reservada, por su “notoria precisión de detalles, pese a haber pasado más de 20 años” y a que “no recordó con precisión su edad” en aquel momento. “Si le creen, deberían cuestionarse sus funciones”, dijo Bianchi a la fiscal y a los abogados de la acusación, y aseguró que el Ministerio Público “perdió la objetividad” y “solo busca una condena”.
El acusado siguió la audiencia presencialmente y solo pidió “que se haga justicia” en sus últimas palabras ante el tribunal.
Panadero es el cuarto policía acusado por el crimen que conmocionó al país en la temporada de verano de 2001, y llegó a juicio imputado por “privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas y homicidio agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa”.
Si bien había sido juzgado por primera vez en julio de 2018 y absuelto por unanimidad, la fiscalía y la familia de la adolescente apelaron ese fallo, y en noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó la realización de un nuevo proceso.
El exsargento no formó parte del juicio en el que los otros tres policías acusados -Oscar Echenique, de 63 años, Ricardo Anselmini, de 55, y Ricardo Suárez , de 60- fueron condenados a prisión perpetua, en septiembre de 2002, porque fue sobreseído antes.
Este nuevo proceso oral se puso en marcha el último martes, con los testimonios de los padres de Natalia Melmann que reclamaron que “la justicia está demorando 22 años”.
El crimen de Melmann ocurrió el 4 de febrero de 2001 y provocó la reacción de la comunidad local, que realizó junto a la familia múltiples marchas para pedir por el esclarecimiento del caso.
Según se estableció en el juicio en 2002, la víctima fue obligada a subir a una camioneta policial y llevada a una casa en el extremo sur de Miramar, donde “fue accedida carnalmente” y luego, “con el inequívoco propósito de procurar la impunidad de la agresión sexual”, fue estrangulada con un cordón de sus zapatillas.
Los tres policías condenados a perpetua trasladaron luego el cuerpo al vivero Florentino Ameghino, donde fue hallado semienterrado cuatro días después.
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