Un botín de US$ 11,5 millones: apogeo y caída del trader de criptomonedas que manejó ganancias de vaciadores de cuentas bancarias
El sospechoso detenido, solo identificado por sus iniciales N. L., está acusado de invertir en criptomonedas el dinero que organizaciones criminales obtenían de megaestafas virtuales
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LA NACIONGabriel Di Nicola
N. L. tiene 37 años. Hasta ayer vivía en su departamento de Villa Ortúzar, a poco menos de 300 metros de la casona de sus padres, situada en las cercanías de la exclusiva avenida de Los Incas, en Belgrano R. Manejaba una camioneta 4x4 último modelo, pero también tenía otros tres autos: un Volvo, un Mercedes Benz y un Hyundai, no tan nuevos. Viajaba, en ferry, periódicamente a Uruguay. Eran viajes de apenas horas. Se presentaba como trader de criptomonedas. Su vida de comodidad, por el momento, tiene un impasse. En las últimas horas, fue detenido acusado de invertir en criptomonedas el dinero que organizaciones criminales robaban en megaestafas virtuales. Se trata de un botín millonario en dólares.
“Por una de sus billeteras de exchange pasaron, en un año y medio, aproximadamente, 11.5 millones de dólares en diversos criptoactivos”, afirmó a LA NACION un detective judicial que estuvo tras los pasos del sospechoso.
La investigación, de la que participaron especialistas de la Policía de la Ciudad y de la policía bonaerense, estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (Ufeic) de San Isidro, conducida por el fiscal Alejandro Musso.
“Con la detención de N. L. se comenzó a cerrar el ciclo completo de una operación sofisticada y a gran escala de estafas digitales mediante clonación de páginas web de bancos. Se identificó y se procesó a componentes de todos los segmentos de la organización, desde los estratos más bajos, las mulas bancarias [las personas que prestaban sus nombres para abrir cuentas bancarias], quienes los reclutan, sus coordinadores, el jefe de la organización de ‘vaciadores´ de cuenta y clonador de las páginas web bancarias’ y, finalmente, a quien manejó hasta el día de ayer las ganancias obtenidas para evadir los radares de la Justicia”, explicó una fuente judicial.
Según la investigación del fiscal Musso y de su equipo de trabajo, la función de N. L., cuya identidad por el momento se mantiene en reserva, era la de operar en el mercado cripto. “El sospechoso recibía el dinero que las bandas criminales obtenían en las estafas y se encargaba diversificarlo”, dijo un investigador.
Tres veces por mes, N. L. viajaba a en ferry a Uruguay. Volvía al día siguiente. No pasaba ni 24 horas en el país vecino.
“Entendemos que recibía el dinero de las organizaciones criminales o de otras personas que querían lavar dinero y lo invertía en criptomonedas. A Uruguay viajaba con los hard wallet [una especie de pen drive que en la jerga se conocen como billeteras frías] y en una cueva monetizaba las criptomonedas en dólares y las depositaba o las entregaba a quien debía. Así sacaba el dinero de la Argentina. Pasó la frontera solo con un pen drive en el bolsillo Este es el mecanismo que utilizan las bandas criminales y las personas que tienen dinero en negro”, afirmó un detective que participó de la investigación.
Para descargar los valores guardados en los hard wallet o billeteras frías se los conecta a una computadora y se accede después de poner una clave de 12 palabras, llamadas “semillas”. Solo así se transforman los criptovalores en dólares o la moneda que la persona quiera.
“Para poder operar las hard wallet se necesitan las llamadas ´semillas´. Son 12 palabras. Si perdes o te olvidas esas 12 semillas, perdes los valores”, explicó una fuente judicial.
Solo en una de las billeteras de exchange que usaba N. L. se movieron US$11.500.000 en un año y medio. “Ese exchange colaboró con la Justicia y, atento a las reglas de transparencia, detectó movimientos sospechosos dando de baja la cuenta y ayudando luego con la investigación”, agregaron las fuentes consultadas.
Desde la Justicia resaltaron el trabajo hecho por los detectives policiales a cargo del comisario inspector José Salle Paz, jefe del Departamento Antiterrorismo y Delitos Trasnacionales de la Policía de la Ciudad, y del comisario general Héctor Cisneros, que conduce la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la policía bonaerense.
“Desde la Ufeic de San Isidro sostuvieron que existe la necesidad de profundizar todas las investigaciones relacionadas con criptoactivos, dado que se ha detectado, sobre todo en el último año, que es el canal casi excluyente empleado por las organizaciones para el ocultamiento de sus ganancias, aprovechando en especial la falta de regulación casi absoluta del mercado y la facilidad para operar en forma transnacional sin control alguno”, afirmó una calificada fuente judicial.
La detención de N. L. fue parte del Operativo Hermes, coordinado por el Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General bonaerense.
Según se informó oficialmente, ayer, en un operativo conjunto de fiscalías bonaerense, se llevaron a cabo 70 allanamientos simultáneos en todo el país “en el marco de investigaciones por ciberestafas, que se calcula habrían generado un perjuicio económico de más de $ 25.000.000. En estos procedimientos se logró el secuestro de una suma importante de dinero en efectivo, pesos y dólares norteamericanos, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives, tarjetas SIM (chips para celulares), tarjetas de crédito y débito y armas de fuego. Hasta ahora se han reportado 50 personas identificadas y detenidas”, explicó el Ministerio Público Fiscal (MPF) bonaerense en un comunicado de prensa.
Y se agregó:” Las investigaciones iniciadas por denuncias ante el MPF constituyen en su mayoría maniobras de phishing e ingeniería social, que dieron lugar a operaciones bancarias fraudulentas denunciadas por el Banco Provincia, institución que desde el primer momento colaboró con la justicia para desentrañar las maniobras y dar con los sospechosos”.
El operativo estuvo coordinado por el Departamento de Ciberdelitos de la Procuracoón General bonaerense, dirigido por Gisela Burcatt, con la asistencia del prosecretario, Rafael García Borda, dependientes de la Secretaria de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal de la Procuración General de Buenos Aires, a cargo de Francisco Pont Vergés, en conjunto con la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del General Walter Cisneros y la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, Comisario General Alejandro Mercado.
La labor de investigación estuvo a cargo de 15 de los agentes fiscales de la provincia de Buenos Aires, Martin Laius, de Junín; Florencia Belloc, de Lomas de Zamora; Virginia Bravo y Cecilia Corfield, de La Plata; Mariano Leguiza y Mario Walter Prieto, del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús; Gustavo Mascioli y Verónica Zamboni, del Departamento Judicial de Dolores; Rodolfo de Lucía, de Bahía Blanca; Hernán Carlos Granda, de San Nicolás; Lucas Moyano, de Azul; Nelson Omar Mastorchio, de Pergamino; Alejandro Musso, de San Isidro y Guillermo Sabatini y José Luis Cipolletti, de Necochea,.
Asimismo fue sumamente importante para el éxito del operativo, la colaboración de los Jueces de Garantías de la provincia de Buenos Aires, de los Jueces de Control de las provincias de Córdoba, Jujuy, Mendoza, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, San Juan y CABA, destacando la colaboración de la fiscal de Salta, Sofía Cornejo Solá; del agente discal y secretario de la provincia de Córdoba, Franco Pilnik y Javier Bellido, y del equipo de analistas de la Unidad de Análisis e Investigación Digital de la Policía Judicial del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
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