Último intento. No logró frenar el juicio, pero ahora la narcoabogada pedirá la nulidad porque el debate virtual le dificultó defenderse
En su alegato, Leopoldo Murúa, uno de los defensores de Julieta Bonnano, sostuvo que en las audiencias por vía Zoom no se garantizó el “principio de inmediación” y el “libre ejercicio de defensa”
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Tras fracasar en su intento de frenar el juicio con la recusación de los jueces del tribunal, la defensa de la abogada Julieta Bonanno, juzgada por su presunta participación, como “facilitadora”, en el homicidio de quien era su cliente, un mexicano que integraba una organización internacional dedicada al tráfico de estupefacientes, pedirá la nulidad del debate porque se realizó de manera “telemática”. Considera que las audiencias virtuales -realizadas así por las restricciones propias de la pandemia del Covid 19- atentaron contra el “principio de inmediación” que debe regir el debate oral y, además, dificultaron el “ejercicio libre de la defensa”.
Así lo anunció el abogado Leopoldo Murúa, quien junto con su colega Nicolás Proz defiende a Bonanno, en el comienzo de su alegato ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°8 porteño.
“Se planteó la nulidad de la exposición efectuada por el Ministerio Público Fiscal desde su perfil de Zoom vulnerando así el principio que determina que en el juicio oral el que maneja la dirección del mismo es el tribunal exponiendo la prueba a las partes y a los testigos. Solicitamos la exclusión probatoria de dicha exposición y con ello que se dejen de lado las declaraciones testimoniales de distintos testigos”, explicó a LA NACION Murúa.
El debate donde es juzgada Bonanno por los homicidios de Rodrigo Alexander Naged Ramírez y de su hijo, John Naged Aguilar, ocurridos el 4 de junio 2018 en un departamento de la avenida Cabildo al 2600, en Belgrano, comenzó en marzo del año pasado, en plena pandemia de coronavirus.
La mayoría de las audiencias se hicieron de forma virtual y la acusada seguía las alternativas desde una sala de la cárcel de Ezeiza, donde cumple prisión preventiva. Los testigos también declaraban vía Zoom.
Para Murúa, la virtualidad impidió el “ejercicio libre de la defensa” y el “principio de inmediación”. También sostuvo que no hubo un control adecuado de los testigos y que la “interacción” que los abogados defensores tuvieron con su clienta “estuvo limitada”.
Durante el alegato, que después de un cuarto intermedio continuará el martes próximo, el abogado de Bonanno también anunció que pedirá la nulidad de ciertas pruebas presentadas por el Ministerio Público, representado por el fiscal federal Marcelo Colombo y el auxiliar fiscal Miguel Yivoff, quienes solicitaron la pena de prisión perpetua para la acusada.
Colombo y Yivoff consideraron que hay pruebas suficientes para condenarla por su participación en el doble crimen. La abogada habría seguido directivas de una misteriosa narcotraficante, conocido solo como La Tía.
Ayer, durante su alegato, Murúa sostuvo que pedirá la nulidad de las capturas de pantalla que fueron incorporadas a través de un testigo de identidad reservada que “no contaban con la debida prueba para acreditar el origen de los mismos”.
También solicitará la nulidad de la incorporación en el expediente de las pruebas halladas en los teléfonos celulares iPhone de Bonanno “porque los móviles fueron desbloqueados en los Estados Unidos sin una orden judicial válida, cometiendo un ilícito contra la ley penal argentina”.
Antes del pedido de nulidad, Murúa había recusado a los jueces María Gabriela López Iñiguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer. El abogado había puesto en duda la imparcialidad de los magistrados y les atribuyó una eventual “connivencia” con el Ministerio Público Fiscal.
Se basaron en una conversación de WhatsApp entre el auxiliar fiscal Yivoff y la jueza Namer, que se mostró en una pantalla compartida de Zoom durante el debate. Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, Yivoff ocupó el cargo de secretario en una fiscalía donde Namer se desempeñó como fiscal, y en la conversación cuestionada por Murúa, la magistrada le preguntaba cómo estaban él y su familia después de un robo que habían sufrido en su casa.
Pero la recusación fue rechazada por el TOF N°5 con la firma de los jueces Daniel Obligado y Fernando Canero.
“Se advierte que la sospecha de parcialidad asignada al mencionado episodio no cuenta con argumentos mínimos que la sostengan”, sostuvieron los magistrados y afirmaron que la presentación de la defensa “solo puede interpretarse como una conducta procesal enderezada a obstruir el normal desarrollo del debate”.
La ejecución del plan criminal
Naged Ramírez, de 59 años, era un colombiano nacionalizado mexicano que había estado preso en la Argentina por la causa en la que se investigó el caso del intento de tráfico de droga oculta en bobinas de acero conocido como Bobinas Blancas. Había sido procesado con prisión preventiva por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, pero fue exceptuado provisionalmente del proceso tras sufrir un ACV que le dejó graves problemas de salud y le impedía, en términos legales, comprender la criminalidad de los actos que se le atribuían. La otra víctima era su hijo. Ambos vivían en un departamento alquilado. Fueron ejecutados por un sicario en junio de 2018.
Naged Ramírez y su hijo fueron ejecutados por un sicario, que hasta el momento no pudo ser identificado. “A efectos de su consumación, al ser una persona de extrema confianza de los Naged, y en virtud de un plan aparentemente acordado en forma previa, Bonanno al menos habría facilitado el ingreso al domicilio del sujeto o de uno de los sujetos que les quitaron la vida”, sostuvo, en el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.
Para el representante del Ministerio Público, Bonanno conocía a la perfección la manera de ingresar en el edificio donde vivían las víctimas, la ubicación de las cámaras de seguridad y la distribución de los ambientes del inmueble.
En un video registrado por aquellas cámaras se la ve entrar desde la calle, a las 21.41, y detrás de ella pasa una persona joven, muy abrigada y encapuchada. Se cree que podría ser el sicario.
Dinero para el alquiler
La primera explicación que dio la abogada fue que había ido al departamento de su cliente para dejarle dinero para pagar el alquiler. Para entonces, Naged Ramírez estaba procesado con prisión preventiva por González Charvay por los delitos de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento con fines de comercialización, agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con el delito de contrabando, en grado de tentativa. El proceso contra Naged Ramírez fue suspendido en marzo de 2018, tres meses antes de su homicidio.
“Bonanno, en su carácter de abogada de Naged Ramírez, había desarrollado una relación de confianza, además de la relación laboral que los unía, lo que permitió coadyuvar, en virtud de un plan aparentemente acordado en forma previa, que una persona del sexo masculino también ingresara junto a ella al departamento al momento de bajar el nombrado [Naged] junto a su hijo para abrir la puerta de la planta baja del edificio. Bonanno, al menos, habría facilitado el ingreso al domicilio de las víctimas de este sujeto no individualizado que les habría quitado la vida”, se describe en el expediente.
El fiscal Bringas, en la instrucción, remarcó que le había parecido llamativo que el sicario no le hubiese quitado el teléfono celular a Bonanno y que no la hubiera encerrado con llave.
“Párrafo aparte merece la circunstancia de que un sicario que acababa de matar sobre seguro a dos personas deje con vida a la imputada, lo que podría llegar a suponer, en un futuro, la existencia de un testigo en su contra. Ello si se tiene en consideración que la imputada vio a rostro descubierto al sicario, con lo cual, eventualmente, podría reconocerlo, dado que no solo ingresaron juntos al edificio, sino que hasta subieron juntos en el mismo ascensor y, también, le abrió ella misma la puerta del departamento al momento de que esta persona ingresó para así perpetrar las muertes”, afirmó Bringas.
El plan criminal, según la hipótesis de los investigadores judiciales, se orquestó en México, base de operaciones de la organización narco que integraba Naged Ramírez.
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