Triple crimen. Uno de los condenados pidió salir de la cárcel para cuidar a sus hijos y la familia de una de las víctimas le propuso un trato

A diez años de ser condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez, Marcelo Javier Schillaci pretende salir de la cárcel de Ezeiza. No es la primera vez que pide el beneficio de la prisión domiciliaria aduciendo problemas de salud cada vez más graves, pero esta vez es diferente: como a principios de años murió su esposa, el hijo de 14 años quedó al cuidado de su hermano de 20 años y, por eso, solicitó cumplir la pena en su casa para hacerse cargo de los chicos.

Por la Ley 15.232 de la provincia de Buenos Aires, más conocida como ley de víctimas, la familia Ferrón le propuso una especie de trato: aceptar su pedido a cambio de información que permita terminar de esclarecer los crímenes de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, secuestrados y ejecutados a balazos en agosto de 2008. La jueza de ejecución penal de Mercedes, Marcela Otermin, tendrá la última palabra.

En diciembre de 2012, los jueces Fernando Bustos Berrondo, Marco Tomás E. Barski y María Graciela Larroque, del Tribunal en lo Criminal N°2 de Mercedes, sentenciaron a prisión perpetua a Schillaci, su hermano Víctor y los hermanos Martín y Cristian Lanatta por los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada por su comisión mediante violencia en concurso real con triple homicidio agravado por su comisión con ensañamiento, alevosía y el concurso premeditado de más de dos personas” en calidad de partícipes necesarios. En otras palabras: por tenderles una trampa a Forza, Ferrón y Bina el 7 de agosto de 2008 en el Walmart de Sarandí, llevarlos engañados a la casa de los Lanatta en Quilmes, ejecutarlos en un lugar nunca identificado, conservar sus cuerpos en frío durante seis días y plantarlos el 13 de agosto en el camino viejo a Navarro, General Rodríguez.

Tres años después, en diciembre de 2015, los Lanatta y Víctor Schillaci se escaparon de la cárcel de General Alvear, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y tuvieron en vilo a todo un país en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, hasta que finalmente, más por cansancio propio que por eficiencia policial, cayeron en Cayastá, un pueblito de Santa Fe. Marcelo Schillaci no pudo o no quiso fugarse porque ya arrastraba problemas de salud.

Desde 2017 hasta hoy, su defensa, ahora en manos del abogado Daniel Mazzocchini, pidió una y otra vez la prisión domiciliaria para el Schillaci menos conocido, pero no por eso menos importante en toda esta trama.

LA NACION accedió en exclusiva al informe del 2017 realizado por el perito médico legista Oscar Rudoni, de la Asesoría Pericial Departamental, en el que constaba: “Marcelo Schillaci padece un cuadro de cirrosis hepática avanzada secundaria al antecedente de hepatitis C adquirida en el contexto de una cirugía cardíaca”. Por la evolución desfavorable de la enfermedad, presentó “secuelas neurológicas que afectan funciones cognitivas”. Según el especialista, en aquel momento ya corría peligro su vida.

“En otro orden de cosas –agregó–, el hecho de encontrarse solo en un reducido espacio que no le permite moverse, sin nada que hacer, sin ver la luz del día, monitoreado permanentemente hasta en las situaciones más íntimas, es decir, una suerte de ‘confinamiento’, supone una presión psicológica de tal magnitud que lógicamente agrava aún más el ya delicado estado del paciente”.

“Desde el aspecto médico-legal, interpreto que Schillaci no debiera permanecer dentro del ámbito penitenciario porque afuera lograría una contención –particularmente familiar– y unas condiciones de vida mucho más propicias, tanto desde el aspecto físico como emocional, que le permitirían obtener una mejor respuesta al tratamiento instituido”.

Y sobre el final del informe del 2017, advirtió que, por todo ese cuadro complejo, Schillaci parecía un enfermo que transmitía “la sensación de estar esperando la muerte”.

Pero ahora, cinco años después, a decir de los argumentos del nuevo planteo, su estado habría evolucionado favorablemente: para hacerse cargo de los hijos, a partir de la muerte de la esposa, la defensa aseguró que en caso de conseguir la prisión domiciliaria, Schillaci podría realizar allí “tareas de mecánica, para lo cual está capacitado, y poder entonces solventar los gastos del menor, hasta su mayoría de edad”. Así, afortunadamente, ya no piensa en la muerte.

El trato propuesto

Antes de resolver, la jueza Otermin les ofreció a las familias de Forza, Ferrón y Bina que manifestaran todo lo que estimaran oportuno.

Después de pensarlo profundamente, la familia Ferrón le propuso a Schillaci una especie de trato. LA NACION accedió en exclusiva a la presentación firmada por Rosa Gloria Cristiano, la mamá de Damián: “Como particular damnificada, esta parte no se opone por mera revancha por lo sucedido, sino porque el cumplimiento de la pena tiene la finalidad de impulsar la reinserción progresiva del interno en la sociedad. Esta parte considera que para tal reinserción social es necesario que el condenado reconozca el delito cometido –hasta ahora nunca mostró arrepentimiento– y que colabore con la Justicia en la búsqueda de justicia”.

“El tribunal de Mercedes, en su sentencia, advirtió que los Lanatta y los Schillaci ‘han contado con apoyo institucional y con importante capacidad económica’”, que es lo que la jueza federal María Servini actualmente intenta determinar quiénes más llevaron adelante el triple crimen de General Rodríguez. “Esta parte le propone a Schillaci que se acerque a colaborar con la investigación, que aporte información que pueda ser corroborada por la Justicia y que permita individualizar a otros responsables de este triple homicidio a fin de considerar el pedido de prisión domiciliaria. Por ejemplo: indicar quién los contrató, cuánto les pagó, dónde los ejecutaron, dónde mantuvieron ocultos los cuerpos durante seis días y quiénes desde el Estado les dieron protección para no ser descubiertos”.

Es una oferta contra reloj: el triple crimen de General Rodríguez, o donde sea que los hayan ejecutado, prescribirá en agosto de 2023, cuando se cumplan 15 años del día en que Forza, Ferrón y Bina fueron al Walmart de Sarandí a cerrar una compraventa de efedrina con Lanatta, aunque su banda, que contó con colaboración policial y estatal, les preparó otro final.

Después de investigarlo por cinco años, la jueza Servini resolvió la situación del que todos apuntaron durante tantos años como el autor intelectual: Ibar Esteban Pérez Corradi.

“No existe prueba en autos –subrayó al dictar la falta de mérito, en 2021– que permita sostener que Forza, Ferrón y Bina ‘pensaban desplazar del millonario negocio’ de la efedrina a Pérez Corradi y que estaban mejor organizados que aquel. Es una afirmación que se repite, pero que no se encuentra probada y es algo que no puede sostenerse a la ligera, precisamente porque es uno de los pilares en los que se basa la acusación en el pedido de captura”.

“A lo largo de la causa emergen varias cuestiones que me llevan a concluir que necesariamente se debe profundizar la investigación para acreditar si el imputado tuvo el poder y la capacidad operativa de planificar y llevar a cabo un hecho como el que se investiga, con todas sus implicancias. Los hechos exhiben una complejidad propia de un plan organizado, del que ha participado una gran cantidad de personas preparadas, prestando colaboración de distintas maneras, premeditado, que contaba con una destacada disponibilidad económica, con apoyo institucional y llevado de forma tal que se pudiera ocultar a sus responsables”.

Para la jueza Servini, Pérez Corradi no fue el que dio la orden de matar a Forza, Ferrón y Bina. Schillaci, condenado por eso mismo, debe saber quién sí. A catorce años del triple crimen, la familia Ferrón le pidió que lo diga de una vez por todas.

Conforme a los criterios de

Conocé más