Tres de cada diez robos y homicidios en la Argentina son cometidos con cuchillos, una tendencia que preocupa

Cuchillos, destornilladores afilados o hierros con puntas agudas entran dentro de la denominación genérica de “armas blancas”, una clasificación que en la visión social y jurídica parece, en general, menos importante que la referencia a un arma de fuego. Sin embargo, en la mirada de las autoridades a cargo de la seguridad pública adquiere otra dimensión al analizarse las estadísticas del delito: tres de cada diez crímenes son cometidos con un “arma blanca”. Ese dato indica el elevado peso que tienen los elementos punzocortantes en la inseguridad callejera.

La caracterización del peligro creciente que representan los ataques concretados con cuchillos estuvo presente en el debate que los ministros de Seguridad de todo el país realizaron el pasado lunes en Salta. “Estamos trabajando muy fuerte para bajar los homicidios en la Argentina, porque al reducir esa tasa, disminuyen los enfrentamientos, los tiroteos, y se reduce la violencia social; como consecuencia, mejora el nivel de convivencia. Este objetivo es muy importante para que nuestro país se posicione como referente de seguridad en América Latina”, dijo la ministra Patricia Bullrich, al encabezar la tercera reunión del Consejo de Seguridad Interior.

La funcionaria nacional remarcó allí que, según las estadísticas criminales de 2023, el 25,5 por ciento de los 2046 asesinatos registrados ese año fueron efectuados con las denominadas armas blancas. Los datos del primer semestre mostrarían que esa tendencia se mantiene, pese a que los homicidios evidenciaron un retroceso general, especialmente por la pacificación de Rosario –ayer se notificó allí el primer homicidio de este mes– a partir del llamado Operativo Bandera.

El registro estadístico en la provincia de Buenos Aires es diferente, ya que los últimos cinco años marcan la disminución del porcentaje de muertes por acuchillamiento con relación al total de los homicidios. De todas maneras, ese recuento bonaerense tiene –al igual que la suma de asesinatos notificados cada año– una falla de origen, ya que se toma en cuenta solamente la información inicial que se emite en cada fiscalía, sin actualizarse el registro frente a cambios de carátula. De esa manera, la muerte de una persona acuchillada –o baleada, para el caso es lo mismo– en un hospital tras algunos días de agonía no figurará entre los homicidios en la provincia de Buenos Aires.

Con esa aclaración en mente, puede consignarse que la estadística bonaerense oficial informa que en 2019 las muertes por armas blancas representaban el 25,1 por ciento del total de los homicidios, proporción que fue en baja en estos años, hasta llegar al 16,7 notificado en 2023. En cambio, creció el registro de homicidios con las denominadas “armas impropias”, que en general deberían ser consideradas así aquellas que provocan solo impactos –como palos o piedras–, quemaduras o asfixias, pero que en el caso bonaerense podrían sumar a hierros afilados. Al no tener un ajuste entre armas blancas e impropias, los datos de Buenos Aires quedan desequilibrados con relación a lo que ocurre en otros distritos.

En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los homicidios a causa de apuñalamientos tienen un nivel similar a los 3 casos cada 10 asesinatos que es el promedio en la Argentina de acuerdo con los datos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En ese distrito, la peligrosidad de las armas blancas y su peso en la inseguridad cotidiana quedaron en medio de un debate judicial-político. Más allá de lo resuelto en esa polémica y los dichos de cada actor involucrado, la estadística oficial aporta que 30 de los 91 asesinatos ocurridos en la ciudad el año pasado fueron cometidos con elementos punzocortantes.

Esa cifra de homicidios causados con el uso de armas blancas durante 2023 creció, incluso, 36 por ciento con relación al registro recolectado un año antes.

Y más allá de esos asesinatos, la peligrosidad de las armas blancas queda expuesta también en otro dato estadístico: fueron el elemento utilizado para amenazar en el 30 por ciento de los 9253 robos con armas denunciados el año pasado.

Polémica en la ciudad

Entre los robos con armas blancas que derivaron en homicidio hay un caso emblemático: el asesinato del ingeniero Mariano Barbieri. Esa víctima tenía 42 años y fue apuñalada por un hombre en situación de calle –con varios ingresos en comisarías por delitos de agresión y robo– que buscaba quitarle el celular en la noche del 30 de agosto del año pasado, en la avenida del Libertador y Lafinur.

El asesino fue solitario en el momento de atacar a la víctima, pero el análisis de sus movimientos estableció que formaba parte de grupos de personas en situación de calle que se unían para pernoctar en la zona donde ocurrió el homicidio de Barbieri. Esas llamadas ranchadas son parte de la preocupación de las autoridades porteñas, especialmente por la manipulación de armas blancas por parte de aquellos que forman parte de esos grupos económicamente vulnerables.

La comprobación de esa situación de riesgo para la seguridad pública llegó en junio pasado, cuando la Policía de la Ciudad arrestó en solo una semana a 125 personas que en las calles portaban cuchillos, hierros afilados, puntas de tijeras y largos destornilladores con anormal filo. Las fiscalías convalidaron esos arrestos, pero una magistrada porteña dio marcha atrás con esas medidas, anuló las detenciones y advirtió que se trataba de una vulneración de los derechos de quienes fueron requisados solo por actitudes que generaron sospechas a policías. Finalmente, la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad revocó el fallo. Pero la polémica marca las posiciones en pugna.

Por un lado, la figura del merodeo no fue aceptada por la jueza Natalia Ohman como elemento que pudiese derivar en la inspección de las pertenencias de una persona. Y fue más allá, al considerar que debe permitirse la portación de armas blancas si se trata de personas en situación de calle.

“Al analizar este universo de casos se advierte que en su gran mayoría se trata de personas en situación de calle, que utilizan los elementos advertidos por los preventores para realizar actividades de subsistencia en la vía pública. Entonces, llegado el momento de practicar la detención y de identificar a la persona, una vez que explica que aquello que fuera advertido por el policía se trataría de una herramienta de uso habitual para una persona en situación de calle y extrema vulnerabilidad, ello debería ser suficiente para entender que la supuesta arma no convencional, arma blanca u objeto contundente no tenía su razón de ser en una futura intimidación o para ejercer violencia, sino que antes bien se trata de un elemento del que se vale para sobrellevar su situación”, se consignó en el fallo que fue anulado por los camaristas.

Los jueces Gonzalo E. D. Viña, Luisa María Escrich y Javier Alejandro Bujan, de la Sala IV de la Cámara, hicieron lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y además ordenaron el apartamiento de Ohman, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17, de las causas que estaban en discusión.

Y concluyeron: “Al pronunciarse en un mismo acto sobre 115 incidentes o episodios que llegaron a su conocimiento, sin examinar los hechos y características particulares de cada uno de ellos, sin oír a las partes directamente interesadas ni dar ocasión a la producción de prueba”, no solo dejó de oficiar como jueza, sino que su decisión pasó a “convertirse en una opinión académica sobre lo que entiende que es una práctica generalizada del brazo armado [fuerza policial] del Poder Ejecutivo”.

Por otra parte, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, consideró adecuada la resolución de los camaristas: “Nos ayuda a recuperar la cordura para que los vecinos vuelvan a estar seguros”.

Funcionarios porteños indicaron que este año ya superaron las 1000 armas blancas secuestradas en controles callejeros. Consideran que esos operativos de prevención son importantes para reducir los indicadores de delito. Con el dato principal siempre a la vista: tres de cada diez homicidios y robos son cometidos con elementos punzocortantes.

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