Un falso testigo del caso AMIA y un apellido de tradición judicial, los nombres de los abogados prófugos por el escándalo judicial de San Isidro

El 2 de octubre de 2003, durante una toma de rehenes en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, la policía bonaerense detuvo al abogado Gustavo Semorile. El penalista había llegado hasta allí para intentar que los delincuentes, que eran clientes suyos, se entregaran. "Pobres pibes, son víctimas de la sociedad", dijo, mientras les daba a los uniformados un revólver calibre 38 de uno de ellos. Pero cuando se retiraba del lugar, ocurrió lo impensado: fue arrestado porque se llevaba parte del botín de los ladrones. Fue imputado por el delito de hurto calamitoso en grado de tentativa, aunque en 2011 terminó sobreseído por prescripción de la acción penal. Ahora, a casi 17 años de ese escándalo, la Justicia lo acusa de ser parte de una asociación ilícita y desde hace dos semanas está prófugo.

No se trata de una asociación ilícita más. Según una investigación de la Justicia federal, esa organización criminal a la que se lo liga a Semorile habría sido liderada por el fiscal Claudio Scapolan, que hasta que estalló el escándalo estaba al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. Ahora está acusado de dedicarse a extorsionar a personas presuntamente vinculadas con el negocio ilegal de las drogas y al "gerenciamiento" mismo del narcotráfico, al vender estupefacientes robados de procedimientos.

Otros integrantes de la banda, según el expediente judicial, son dos funcionarios judiciales que se desempeñaban como secretarios de Scapolan, policías bonaerenses y dos colegas de Semorile, identificados como Francisco García Maañon y Matías Pedersoli.

García Maañon es un apellido conocido en los tribunales de San Isidro. El abogado prófugo es familiar de la jueza de Ejecución Penal Victoria García Maañon y del vicepresidente de la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal, Ernesto García Maañon.

Los tres abogados están prófugos desde el 24 de julio pasado, cuando por pedido del fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó sus detenciones. Los letrados no fueron encontrados en los domicilios que tenían declarados.

"Los tres [abogados prófugos] están muy mal vistos en tribunales. Están mal conceptuados", dijo a LA NACION un funcionario judicial con vasta experiencia en el departamento judicial de San Isidro.

Scapolan no fue detenido porque tiene fueros y, por distintas presentaciones judiciales (pedidos de suspensión y recusaciones), todavía no fue indagado. Los que sí están presos, a la espera de que la jueza Arroyo Salgado, defina su situación procesal, son los funcionarios judiciales Gustavo Sanvitale y Maximiliano Jarisch.

En un comunicado publicado en su página web, el Colegio de Abogados de San Isidro (CASI) sostuvo: "Frente a los acontecimientos que han tomado estado público con respecto a la investigación de hechos delictivos atribuidos a funcionarios y abogados del Departamento Judicial de San Isidro, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados comunica a todos los matriculados y a la comunidad en general que este Cuerpo, fiel a su historia, honrará el mandato de defender las instituciones. Razón por la cual acusará a los funcionarios y magistrados de la Administración de Justicia involucrados para el caso que así corresponda e incoará las acciones disciplinarias pertinentes. Sin lugar a dudas, de comprobarse la veracidad de las acusaciones, estaríamos ante hechos de gravísima magnitud y que afectan la vida democrática de nuestra República. De allí la importancia de dejar en claro que este Colegio cumplirá con los deberes impuestos por la Ley Nº 5177, en orden a controlar el normal funcionamiento del Poder Judicial, pero a su vez enfatizando que la actividad jurisdiccional que tiene a su cargo la causa debe desarrollarse con total independencia y ajena a presiones externas de cualquier tipo".

Extorsiones a clientes

Entre las personas vinculadas a narcotraficantes que fueron extorsionadas por la banda había familiares de Claudio Andrada, más conocido como Piturro o Gallo, señalado por funcionarios judiciales como uno de los narcos más poderosos de la Argentina.

Según el dictamen del fiscal Domínguez, el rol que cumplían los abogados investigados por su eventual participación en la asociación ilícita era el de simular "una eventual actuación profesional" para "esconder frente a las personas allanadas [sic] y sus familiares que ellos también eran parte de la maniobra extorsiva, junto al personal policial".

Así lo sostuvo el fiscal Domínguez en referencia a Semorile y García Maañon, al recopilar información sobre un allanamiento hecho mayo de 2015 en Carapachay, Vicente López, en un domicilio donde vivían una hija y un yerno de Andrada.

"Ahora bien, a partir del testimonio recibido en autos a la tía de la hija de Andrada, D. P., del análisis conjunto e integral de las distintas declaraciones prestadas en este expediente y del análisis de los abonados telefónicos, se desprende una serie de consideraciones que permiten afirmar, en efecto, que los abogados fueron, junto al personal policial, un engranaje más de la maniobra extorsiva", afirmó el fiscal Domínguez en el dictamen con el que solicitó las detenciones de Semorile, García Maañon y Pedersoli.

Según sostuvo el yerno de Piturro Andrada, durante el allanamiento en su domicilio de Carapachay un oficial de la policía bonaerense le exigió dinero para no detenerlos a él y a su mujer. Cuando la víctima de la extorsión le respondió a ese agente que ni siquiera tenía abogado defensor, a la media hora llegaron Semorile y García Maañon sin que él los hubiera llamado.

"Sostuvo [el yerno de Piturro Andrada] que fue García Maañon quien también participó, junto al personal policial, de la exigencia dineraria ocurrida dentro de su domicilio y quien le hizo saber que su mujer no iba a ser detenida porque así lo habían arreglado", según consta en el expediente judicial.

En su dictamen, de 245 páginas, el fiscal Domínguez, afirmó: "La organización criminal, integrada por funcionarios judiciales y policías, valiéndose precisamente de las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, las utilizaron de manera tergiversada con el objeto de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico, al que estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin".

Un papel oscuro en la causa AMIA

No es la primera vez que Gustavo Semorile aparece en medio de maniobras oscuras entre alguno de sus clientes y policías bonaerenses. Hace más de 26 años protagonizó uno de los capítulos más escandalosos de la historia penal y criminal argentina: el caso AMIA.

Semorile era, en 1994, defensor del reducidor de autos Carlos Telleldín. En abril de ese año, el reducidor y su amante, Sandra Petrucci, habían sido privados ilegalmente de la libertad por agentes de la Brigada de Lanús. Para liberarlos, los policías bonaerenses le pidieron plata y la entrega de tres vehículos. El abogado participó de la "gestión", por la cual, incluso, se quedó con una moto Kawasaki que formaba parte del lote de rodados exigidos al Enano Telleldín como "rescate".

Tres meses y medio después de ese episodio, una camioneta Renault Trafic que había estado en poder de Telleldín explotó en la entrada de la sede de la mutual judía; la demolición del edificio de la calle Pasteur al 600 dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos.

En el curso de la investigación por el más grave atentado de la historia del país, aquel episodio salió a la luz. El juez federal Juan José Galeano, que tenía a su cargo la pesquisa, se enteró del rol de Semorile en ese evento; hizo que declarara como testigo de identidad reservada y delatara a los policías que habían extorsionado a Telleldín.

Galeano necesitaba elaborar ese lazo porque, en su hipótesis, Telleldín les había entregado la Trafic a los policías para completar el pago de la extorsión días antes del atentado. Semorile, finalmente, declaró en el juicio, pero ya no como testigo de identidad reservada porque, a esa altura del proceso, todos sabían que se trataba de él.

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