Trata de personas: elevan las penas por el caso de explotación sexual de Alika Kinan en Ushuaia
El dueño del prostíbulo Sheik, de donde la víctima fue rescatada en 2012, deberá cumplir ahora ocho años de prisión; su pareja, considerada coautora del delito, recibió cinco años de cárcel, y la encargada del local, cuatro años; la Municipalidad de la capital fueguina y el proxeneta deberán pagar una indemnización de $960 mil
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LA NACION
El primer fallo había sido histórico: por primera vez en la Argentina, una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual se presentó como querellante contra quienes se habían apropiado de su vida, y de las de otras seis mujeres, obligándolas a entregar su cuerpo por dinero en el club nocturno Sheik, en el centro de Ushuaia. El 30 de noviembre de 2016, Alika Kinan consiguió no solo la condena del dueño del prostíbulo y de dos de quienes lo secundaron en el funcionamiento del negocio, sino que logró que la municipalidad de la ciudad más austral del país fuese obligada a pagarle un resarcimiento.
Ahora, un nuevo pronunciamiento, a instancias de una revisión impuesta por la Cámara Federal de Casación, confirmó las condenas, pero elevó los montos de las penas y de las multas. Bajo las directivas trazadas por la máxima autoridad penal del país, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tierra del Fuego aumentó de 7 a 8 años de prisión la sentencia contra Pedro Montoya, el dueño de Sheik, y le impusieron una multa de 80 mil pesos como autor del delito de trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas y por la participación de tres o más personas.
A la pareja de Montoya, Ivana García, a quien en el primer juicio se le había dictado una condena a tres años de prisión en suspenso, los jueces Guillermo Quadrini, Mario Reynaldi y Alejandro Ruggero le impusieron ahora una pena de cinco años de cárcel y una multa de 50 mil pesos, como coautora del mismo delito que el dueño de Sheik. Y a Lucy Campos Alberca, encargada del establecimiento, que al igual que García había sido considerada partícipe secundaria del delito ahora le aumentó la pena en un año, para llevarla a cuatro años de prisión y multa de 15 mil pesos como partícipe necesaria de la trata de personas.
Los magistrados del TOF fueguino también elevaron el monto de la indemnización por daños y perjuicios que había reclamado Alika: lo fijaron en 960 mil pesos, que deberán abonar subsidiariamente Montoya, García y la Municipalidad de Ushuaia, condenada civilmente por la inadecuada actuación de sus agentes municipales “que por negligencia o desidia no desempeñaban idóneamente su función de contralor”, según .
A Montoya se le atribuyó en ambos juicios la autoría efectiva del delito. Pero en la primera instancia, a García y a Campos Alberca se las consideró meras partícipes secundarias; en el debate, incluso, la defensa de la encargada del prostíbulo esbozó una insólita excusa: intentó situarse en el mismo nivel que las víctimas al argumentar que incluso debía dormir, como ellas, en el local. Ahora, la fiscal general subrogante María Lía Hermida dictaminó que ambas “realizaron de manera autosuficiente tareas de captación, traslado, recepción y acogimiento de víctimas aprovechándose de su situación de vulnerabilidad con fines de explotarlas sexualmente en el local comercial Sheik”. Según precisó el Ministerio Público en su portal informativo fiscales.gob.ar, Hermida sostuvo que la explotación sexual se había consumado “bajo las reglas de un régimen violento, inhumano, degradante y coercitivo, que era exactamente igual para todas ellas y respecto de las cuales los imputados abusaban la situación de extrema vulnerabilidad”.
El inicio de la investigación
El caso comenzó a ser investigado el 19 de noviembre de 2011. Ese día, una víctima que había logrado salirse del yugo de sus tratantes declaró en Tucumán que había estado en un prostíbulo de la capital fueguina; dijo que había sido trasladada hasta el confín austral desde el norte del país y que había vivido en el local, donde fue explotada sexualmente junto con otras mujeres de entre 21 y 28 años, entre las cuales había argentinas, colombianas y dominicanas. El local en cuestión no era otro que Sheik, que funcionaba desde 1996 a solo un par de cuadras de la casa de gobierno, en pleno centro de Ushuaia.
Tras las primeras averiguaciones, en abril de 2012 el fiscal Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) impulsó la acción penal ante el juzgado federal de Ushuaia; en ese momento comenzó a intervenir la fiscal Hermida. Las pesquisas avanzaron y se pidió el allanamiento de Sheik. El operativo se concretó el 9 de octubre de 2012, cuando fueron detenidos Montoya, García y Campos Alberca, y liberadas siete víctimas de la trata, entre ellas, Alika Kinan, que estaba allí desde hacía dos años y siete meses.
Inaugurado en 1996, el sitio alojaba a mujeres que eran captadas en distintos puntos del país por varias personas, mientras que sus dueños, los imputados Montoya y García, las prostituían. La madrugada del 9 de octubre de 2012 fue allanado y clausurado por efectivos de Gendarmería y fueron liberadas siete víctimas, entre ellas Alika, que tenía 40 años.
La hora de la Justicia
Ella fue la que se animó a impulsar la causa contra quienes habían convertido su existencia en una pesadilla. “No solo denunciamos a los proxenetas, sino a la parte del Estado cómplice. Durante el cautiverio nos entregamos al sometimiento: te sentís agradecida con los tratantes, ya que existe una gran dependencia y es muy difícil salir de estas redes, porque ellos de una manera estratégica entran en tu vida a ocupar un lugar que tenés claramente vacío”, explicó Alika Kinan a LA NACION cuando concluyó el juicio.
Los dueños de Sheik llevaban a las chicas a las que prostituían a la comisaría local para tramitar su libreta sanitaria y así corroborar que no tuvieran enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, se considera que el municipio fueguino actuaba en plena complicidad con los proxenetas; incluso trascendió que Montoya era empleado municipal mientras regenteaba a las mujeres en el cabaret.
“Las mujeres debían atender a los clientes y limpiar el lugar, ni a un animal se lo trata de esta manera. ¿De qué libertad podemos hablar cuando las víctimas son enjauladas psicológica y físicamente por los proxenetas? Sabemos por sus testimonios que los encargados las obligaban a realizar copas (incitar a los clientes a consumir tragos para ganar un porcentaje de los mismos) y pases (llevar a una habitación a los clientes para mantener relaciones sexuales) para luego retenerles el 50% del dinero. Incluso les cobraban los profilácticos y los productos de limpieza”, explicó a LA NACION Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en ocasión de la sentencia histórica.
Durante el juicio, tres víctimas declararon que dormían en las mismas habitaciones en las que eran prostituidas. También indicaron que uno de los métodos de coerción era el de obligarlas a estar con los clientes cuando ellas estaban menstruando, y en esas ocasiones las obligaban a ponerse una esponja en la vagina para que los hombres no se dieran cuenta. “Esto no es algo nuevo para nosotras, lo escuchamos hace años, es una realidad que se repite con el fin de no incomodar a los clientes, al igual que los embarazos, que deben ser interrumpidos para que las mujeres sigan trabajando”, enfatizó Gatti.
“Aunque tuvieran la llave del prostíbulo, las víctimas de trata no se irían, porque están convencidas de que antes deben saldar muchas deudas. Además, sabemos que cuando existe tal nivel de connivencia policial y municipal, la situación de vulnerabilidad de las víctimas se intensifica”, dijo en aquella oportunidad la titular del PNR.
El caso le dio amplia visibilidad al flagelo de la trata de personas y al calvario de sus víctimas. Alika Kinan se convirtió en un emblema del combate a este delito de carácter transnacional. Su prédica y su determinación hicieron que en los Estados Unidos sea considerada una “heroína” en la lucha contra el tráfico de personas.
LA NACION
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