Tras ser apartada la jueza, la familia de Astudillo Castro impulsa otra vez la pista policial
Cristina Castro y su abogado, Luciano Peretto, pidieron que se evalúe la “enorme cantidad de prueba” desestimada por la jueza María Gabriela Marrón, alejada del caso por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal
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LA NACIONJoaquín Lanfranchi
Durante más de un año, la familia de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años cuyo cadáver fue hallado el 15 de agosto de 2020, reclamó que fuese alejada de la investigación la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón por “parcialidad demostrada”. El equipo de fiscales especiales que sigue este expediente también había recusado a Marrón y, finalmente, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el apartamiento de la magistrada el pasado 27 de diciembre. Para la querella impulsada por la familia de Astudillo Castro se trata de un giro en la causa que puede derivar en el seguimiento de la pista de participación policial en la muerte del joven, que fue visto por última vez en el momento de ser interceptado por uniformados bonaerenses el 30 de abril, en la ruta 3. cuando se dirigía, sin permiso de circulación, “a dedo” desde su casa en la localidad de Pedro Luro a Bahía Blanca.
“La jueza Marrón tenía una decisión procesal tomada, que era el archivo de la causa, por no encontrar, según ella, el indicio de un delito”, aseguró a LA NACION el abogado Luciano Peretto, uno de los impulsores de la querella. “La jueza resumió todo en la hipótesis del accidente, en la posibilidad que Facundo haya muerto ahogado, sin participación de terceros y haciendo una interpretación muy reducida de la enorme cantidad de prueba”, añadió. En tanto, para la familia y la querella, ni una sola prueba encontrada en la investigación indicaría una muerte natural.
A pesar de mostrarse confiado por la nueva etapa de la investigación, el abogado querellante señaló: “Perdimos muchísimas pruebas debido al accionar doloso (y no negligente) de la jueza Marrón”.
Consultada acerca de las expectativas sobre la nueva etapa de la causa, Cristina Castro coincidió con su abogado y afirmó: “No le pedimos al nuevo juez que esté de nuestra parte ni que nos de la razón, porque nosotros, que vivimos en un pueblo, sabemos por otras personas lo que le hicieron. Es muy difícil de probar ante la Justicia, pero lo estamos haciendo, de a poco, con todo lo que dejaron, con todas las pruebas y con todo lo que el cuerpo de Facu dice. El nuevo juez solo tiene que leer el expediente y analizarlo”.
El pedido de apartamiento de la jueza Marrón había sido formalizado por los fiscales Horacio Azzolin, Iara Silvestre y Andrés Heim. Ahora, tras la decisión de la justicia federal, el expediente por la desaparición y muerte del joven fue remitido al Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Walter Ezequiel López Da Silva, quien se encuentra de licencia temporaria. Se prevé que a su regreso tome la causa y defina el rumbo de la investigación.
“Nos conformamos con que el estado nos garantice una justicia independiente, objetiva, que fue lo que hasta hace poco no tuvimos”, aseguró Peretto. “No queremos un juez que esté convencido de la hipótesis de la desaparición forzada, sino un juez que nos escuche y valore la prueba, que no haga esfuerzos por torcer la verdad”, agregó.
Según la querella, las pruebas reunidas hasta el momento son más que suficientes para imputar a los principales sospechosos: los agentes bonaerenses Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhin. Sin embargo, esos indicios fueron desestimados por la jueza Marrón en varias oportunidades.
“Era muy doloroso saber que a mi hijo lo mataban todos los días, en cada prueba que presentábamos y en cada pericia que era denegada por la jueza Marrón. Como familia quedábamos devastados, pero las pruebas seguían llegando y confirmando la desaparición seguida de muerte de Facu”, aseguró Castro.
El desplazamiento de la jueza Marrón llevó la firma de los camaristas Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña. El principal antecedente, en esta dirección, había sido el dictamen favorable emitido por el fiscal general ante la Cámara de Casación Javier De Luca, quien también había considerado que la magistrada no practicó ninguna medida conducente e “incorporó a la causa elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real”. Fue el final de una constante tensión entre los fiscales especiales y la magistrada.
Tras el derrotero judicial, que resultó favorable al pedido de la querella, Peretto destacó los fundamentos utilizados por los camaristas que, con el apartamiento de la jueza Marrón, dieron un giro a la causa. “Los jueces de Casación dijeron que la jueza no se había cuidado de parecer imparcial, porque los jueces no solamente deben ser imparciales sino, además, parecerlo”, aseguró el abogado.
“No fue negligencia, la jueza cumplió un rol dentro del proceso judicial, que fue el de obstaculizar la prueba a los fiscales, el de no permitir la investigación. Tuvo un rol malintencionado que no va a tener sus frutos porque la causa de Facundo es una causa que explota de prueba, es una olla a presión”, concluyó Peretto.
Un misterio que no se reveló con la aparición del cuerpo
Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril de 2020, cuando la Argentina atravesaba la primera etapa de cuarentena por la pandemia del Covid-19, aquella en la que solo podía circular personal esencial. Su cuerpo apareció el 15 de agosto de ese año, en una zona de cangrejales, no muy lejos del lugar donde fue visto por última vez con vida.
Tras la denuncia de su madre, Cristina Castro, se inició una causa por “averiguación de paradero” que estuvo a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 20 de Bahía Blanca, y de la jueza de Garantías N° 3 de esa ciudad, Susana Calcinelli.
Tres meses después, a pedido de los abogados de la madre del joven, el fiscal De Lucía comenzó a investigar el caso como una presunta “desaparición forzada” en la cual habrían participado los cuatro policías bonaerenses.
Desde entonces, los investigadores determinaron que el joven había sido detenido a la altura del kilómetro 779 de la ruta nacional 3, en la localidad de Mayor Buratovich, por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca. Allí, le labraron una infracción por violar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), le pidieron su documento de identidad y lo fotografiaron de espaldas junto a la camioneta policial. Enseguida, según declararon los efectivos, lo dejaron continuar su camino.
A su turno, la oficial Siomara Flores declaró que había trasladado a Facundo unos 25 kilómetros a bordo de su vehículo, desde la localidad de Mayor Buratovich hasta Teniente Origone.
Según los investigadores, horas más tarde, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la policía, esta vez, por el teniente 1° Alberto González, quien declaró que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no contaba con su documento de identidad.
Una vez que el caso alcanzó repercusión nacional, se profundizaron los rastrillajes y, finalmente, el cadáver de Facundo fue hallado el sábado 15 de agosto de 2020 en el canal “Cola de ballena”, un cangrejal situado en Villarino Viejo, cercano a la localidad de General Cerri, al sur de la provincia de Buenos Aires.
Durante la investigación, se recolectaron numerosas pruebas que, según la fiscalía y la querella, sostienen la hipótesis de “desaparición forzada seguida de muerte”. Entre ellas, la autopsia realizada por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que determinó que el joven murió como consecuencia de una “asfixia por sumersión”, y el peritaje realizado por expertos en rastros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que estableció que la ropa hallada en la mochila de Facundo estaba dañada “con algún elemento químico” y presentaba “cortes y puntazos”.
La detención de Marcos Herrero
El adiestrador de perros Marcos Herrero, una pieza clave para la querella en la obtención de pruebas en el caso de Facundo Astudillo Castro -y también en otros expedientes que despertaron fuerte repercusión pública, como los rastrillajes de Micaela Ortega y Aracelli Fulles- fue arrestado recientemente por presuntas irregularidades en la búsqueda de Viviana Luna, desaparecida en Potrerillos en 2016. Fue acusado de colocar restos óseos idénticos a los hallados en el marco de la búsqueda de Marcela López, desaparecida en mayo pasado en Santa Cruz.
En el caso de Facundo, los perros de Herrero habían encontrado, entre otros objetos, una piedra turmalina del joven en uno de los patrulleros secuestrados. Dicha prueba que fue desestimada en su momento por la entonces jueza a cargo de la causa, María Gabriela Marrón, ahora desplazada de la investigación. Por su parte, la defensa de cuatro policías bonaerenses que están bajo sospecha pidió que se investigue la actuación de Herrero en el caso de Facundo, a partir de su detención en Mendoza.
Luciano Peretto, abogado de Cristina Castro, madre del joven cuya muerte sigue rodeada de misterio, afirmó sobre Herrero: “Tengo un enorme respeto personal y profesional por Marcos. Trabajó desinteresadamente en la causa de Facundo. Es una persona que se instaló un mes en Pedro Luro, a la espera de que la jueza [Marrón], nos vaya habilitando de a una medida de prueba. Fue crucial para la identificación de Facundo”.
Según Peretto, el perro de Herrero “reaccionó en el patrullero en el que apareció un pelo de Facundo, al lado de la palanca de cambio, que nos fue abriendo el camino y señalando ese último recorrido de Facundo, dónde estuvo y dónde no”.
“Marcos está preso por supuestos delitos que son excarcelables, es decir, si fuera condenado por estos delitos no iría preso, y ahora tiene prisión preventiva por riesgos procesales que no existen, es increíble”, concluyó Peretto a LA NACION.
El arresto de Herrero provocó un fuerte impacto en varias causas que tenía al adiestrador de perros como perito clave para sustentar acusaciones. Se realizaron presentaciones casi simultáneas en varios expedientes para solicitar la nulidad de las pruebas obtenidas a partir del trabajo de los perros de Herrero.
Para la querella en la causa en la que se investiga la muerte de Austidillo Castro resulta clave el aporte de ese rastreador. Una parte importante de los indicios contra los policías llegaron por el ahora cuestionado trabajo de Herrero
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