Tras una seguidilla de casos, proponen penas más duras para los usurpadores de casas y terrenos
LA NACION
Tras una serie de casos en Pilar, La Plata, José C. Paz, La Matanza y otros puntos del conurbano, diputados de Juntos por el Cambio presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas para las personas que usurpen propiedades y terrenos privados y públicos.
La diputada nacional Adriana Cáceres, autora del proyecto, informó a LA NACION que la iniciativa fue presentada ayer ante las autoridades legislativas. En caso de ser aprobada, la pena de prisión para el delito de usurpación pasaría de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.
La pena aplicable sería de entre dos y ocho años de prisión si la usurpación "tiene por objeto inmuebles cuya posesión, tenencia o derecho real, sea ejercido por el Estado Nacional", según se desprende del proyecto.
La iniciativa lleva la firma de Cáceres y sus compañeros de bloque Alberto Asseff, Hernán Berisso, Virginia Cornejo, Soher El Sukaria, Jorge Enríquez, Ezequiel Fernández Langan, Sebastián García De Luca, Martín Grande, Mercedes Joury, María Luján Rey, Alfredo Schiavoni, David Schlereth y Héctor Stefani.
"Hoy vemos que las fuerzas de seguridad tienen puesta la mirada en la prevención de la pandemia y en que se cumpla el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero los vecinos se sienten solos y desesperados", afirmó a LA NACION la legisladora de Juntos por el Cambio.
"En otros casos, la toma de tierras trasciende la necesidad de un lugar para instalarse y tiene un trasfondo económico en el que el grupo que realiza la apropiación ilegal comercializa los lotes a personas en situación de vulnerabilidad social, aprovechando su necesidad de contar con un lugar propio. Este proyecto se inscribe con el propósito de que se condene a las mafias que organizan estas tomas de manera violenta, para luego hacer negocios loteando los terrenos y vendiéndolos a familias de sectores de extrema vulnerabilidad social, jugando con la necesidad del acceso a una vivienda digna", se describe en los fundamentos de la iniciativa.
La semana pasada se conoció un caso denunciado por vecinos de Mayling Club de Campo, de Villa Rosa, Pilar, quienes advirtieron que desde marzo pasado se multiplicaron las obras en un terreno lindero al club que había sido ocupado unos seis años atrás.
"La iniciativa surgió a partir de un par de casos de usurpaciones en Pilar. Tuvimos en cuenta las denuncias de los vecinos y el aumento de las usurpaciones", dijo la diputada.
LA NACION
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