Tras el alegato. Dura réplica del fiscal general al de juicio por las denuncias de errores en la investigación del caso Lucía Pérez

MAR DEL PLATA.- El tramo final del segundo juicio contra los dos acusados del abuso sexual agravado seguido de muerte que tuvo como víctima a la adolescente Lucía Pérez disparó una inesperada interna en el Ministerio Púbico Fiscal. Es consecuencia del alegato presentado ayer por su representante en este debate, Leandro Arévalo, en el que remarcó graves fallas en la instrucción del caso. Tanto que, ante el tribunal y los padres de la víctima hizo un explícito pedido de disculpas

“Se impone hacer un pedido de disculpas en nombre del Ministerio Público Fiscal toda vez que gran parte de los errores con los que Vicente (fiscal en el primer juicio) y el suscripto tuvimos que lidiar y tratar de solucionar derivaron en un perjuicio para el conocimiento del hecho”, dijo Arévalo, en abierta crítica a su colega María Isabel Sánchez, que fue quien abrió la causa y en la actualidad se desempeña en una Unidad Fiscal de Flagrancia local.

Semejante planteo disparó la reacción del fiscal General del Departamento Judicial Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, que acaba de presentar a Gustavo Fissore, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 que lleva adelante este juicio, una nota en la que enumera acciones dispuestas oportunamente desde el organismo a su cargo para investigar irregularidades en el desempeño de Sánchez en esa causa, las cuales –aclaró- “se encuentran activas”.

“En ningún momento el Agente Fiscal Arévalo ha efectuado consulta alguna sobre estos antecedentes, interpreto, atento la ignorancia y consecuente imprudencia de sus manifestaciones sobre este tópico”, sostuvo Fernández Garello. Y lamentó que algunos de esos dichos “puedan ser erróneamente utilizados por la defensa de los imputados”, por lo que anticipó a los magistrados que comunicará la situación ante la Procuración General de la provincia para que evalúe una “posible transgresión”, por parte de Arévalo, de las normas que regulan su función.

El 8 de octubre de 2016, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, los actuales enjuiciados, llevaron ya sin vida a Lucía Pérez hasta un sala sanitaria de Playa Serena. Los acompañó Alejandro Alberto Maciel, fallecido hace dos años. Llegaron a juicio bajo los mismos cargos actuales y el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 solo los condenó por comercialización de estupefacientes, con pena de 8 años de prisión que cumplen en la actualidad. La absolución por el abuso sexual y femicidio fue apelada y, posteriormente, anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó este nuevo juicio.

La labor de Sánchez en aquel inicio de la causa quedó marcada por una conferencia de prensa en la que, pocas horas después de conocido el hecho, habló de un abuso sexual brutal con empalamiento de la víctima. Este último dato nunca se probó en los peritajes forenses.

Lejos de cuestionar esa presencia y exposición ante los medios, su colega Arévalo se tomó los minutos iniciales de su alegato para resaltar que aquella investigación “tuvo sus falencias y derivaron en un perjuicio para las pretensiones de la familia de la víctima”.

Entre otros detalles citó que no hubo presencia directa ni indirecta del Ministerio Público Fiscal en los primeros momentos, por lo que entiende que se pusieron haber perdido elementos de prueba.

Calificó como “inconcebible” que se le permitiera a Farías entregar una declaración escrita y negarse a responder preguntas. Y cuestionó el permiso que se le concedió para que, la noche inmediatamente posterior a la muerte de la víctima, se le permitiera pernoctar solo en su domicilio “con la advertencia de no tocar nada”.

De todos modos, reconoció que todos esos pasos, que señaló como “errores graves”, luego fueron validados por la Justicia de Garantías y por la Cámara de Apelaciones.

“La Procuración General y la Fiscalía General no dijeron nada”, acusó.

Ahí es donde aparece el malestar de Fernández Garello, que en el escrito enviado ahora al presidente del Tribunal en lo Criminal N°2 detalló cada paso dado frente a lo que calificó como “disfuncionalidades” advertidas en el desempeño de la fiscal Sánchez en la instrucción de esta causa.

Citó el inicio de un expediente en el ámbito de la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General para analizar lo actuado por Sánchez en esta causa puntual y una investigación penal que se derivó al Ministerio Público Fiscal de Necochea.

Arévalo, en su acusación, pidió la pena de prisión perpetua para Farías, como autor material, y de 20 años de cárcel para Offidani como partícipe secundario de la violación seguida de muerte de Lucía. Las abogadas de la familia Pérez, a su turno, reclamaron la pena máxima para ambos acusados.

Este segundo juicio oral y público tiene dos fechas más por delante. El martes próximo será el turno de los alegatos de la defensa. En esa oportunidad, los jueces confirmarán día y hora en que harán públicos el veredicto y la sentencia.

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