Traían piezas de fusiles de asalto, los reensamblaban y los vendían a bandas de Brasil y Paraguay

La camioneta Kia ploteada con el logo del Ejército Argentino hizo numerosos viajes a Brasil y a Paraguay entre mayo de 2013 y julio de 2017. El vehículo, que según se sospecha habría sido adquirido en un remate, iba cargado de ametralladoras y fusiles. No era para misiones oficiales: era la pantalla de una banda de contrabandistas que les vendían armas y material bélico a organizaciones criminales.

Así quedó al descubierto al cabo de una investigación judicial. A la banda le enviaban en encomiendas desde los Estados Unidos piezas de armas y partes esenciales de fusiles de asalto AR-15 que ellos ensamblaban y luego vendían.

Parte del grupo "se encargaba de comprar el material bélico en el exterior", otros se dedicaban al ensamble de las piezas y al acopio de las armas, para que después uno de los sospechosos las "vendiera a organizaciones criminales del extranjero", según suscribió el juez en lo penal económico Pablo Yadarola en una resolución de 130 páginas en la que procesó a varios de los presuntos contrabandistas.

Según surge del expediente, uno de los procesados es Román Ragusa, de 55 años, que trabajó como empleado en comercios de venta de armas. También recibió la prisión preventiva su hermano, Flavio, un odontólogo de 51 años.

"Román Ragusa se encargaba de la venta del material a organizaciones criminales, conforme surge de las transferencias de dinero en su favor procedentes de Brasil y de otros países", afirmó Yadarola.

Según informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales, uno de los que le habrían girado dinero desde Brasil al mayor de los Ragusa fue detenido en su país, en una causa por violencia doméstica. Entonces le secuestraron armas y municiones.

"El detenido en Brasil por violencia de género también le habría girado dinero a la persona que se encargó de enviar las encomiendas desde los Estados Unidos", explicaron las fuentes consultadas.

La causa aquí comenzó el 17 de octubre pasado cuando la División Sumarios de Prevención de la Dirección General de Aduanas (DGA), de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puso en conocimiento del juez Yadarola un pedido de "envío controlado" hecho por la División Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.

En el escrito se informaba que cinco días antes, la oficina Miami de Homeland Security Investigations (HSI) había interceptado un paquete que contenía 100 piezas de armas de alto calibre. Tenía una falsa declaración de lo que se despachaba. La carga simulaba ser indumentaria deportiva que tenía como destino final un domicilio de la ciudad de Campana.

El 20 de octubre pasado llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza funcionarios del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos con una valija negra en cuyo interior había una caja de cartón con las piezas de armas de alto calibre. Se decidió reemplazar la carga original por partes de maderas pintadas de negro, acondicionadas en bolsas herméticas tipo ziploc y baterías aportadas por la Gendarmería Nacional. Se les puso un rastreador satelital.

Era el comienzo de una investigación que terminó descubriendo "una agrupación delictiva tendiente a llevar adelante actividades de contrabando, acopio, fabricación ilegal de armas de fuego, municiones, piezas e instrumental para producirlas, como también procurar dar apariencia lícita a los bienes obtenidos en ese contexto, haciendo de ello su actividad principal y habitual", según la descripción que hizo el juez en el expediente.

Seguimientos

A partir del aviso de Homeland Security Investigations, Yadarola encomendó tareas de inteligencia criminal y de campo al Comando Antiterrorista de la Gendarmería. En la investigación colaboró personal de la DGA y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Según informaron fuentes del caso, el remitente de las encomiendas siempre se repetía: Michael Nunes. Los destinatarios en la Argentina también fueron, en todas las ocasiones, las mismas dos personas. El domicilio de destino era otra coincidencia: Perón 435, Campana.

"Los sospechosos se valían de los documentos nacionales de identidad y de la camioneta marca Kia con insignias del Ejército Argentino secuestrados en el domicilio de Flavio Ragusa a los efectos de desplegar este tipo de actividades ilícitas, llevando a engaño posiblemente al personal aduanero con los documentos o bien para obtener impunidad con el uso de la camioneta", sostuvo el juez Yadarola.

El magistrado recordó que, en sus indagatorias, los hermanos Ragusa no explicaron por qué tenían los documentos y tampoco por qué no sacaron las "insignias" del Ejército Argentino de la camioneta que habrían comprado en un remate.

La banda actuó, según se desprende de las escuchas telefónicas, por lo menos hasta octubre de 2018.

"Es importante destacar que la camioneta mencionada registra numerosos cruces, desde mayo de 2013 hasta julio de 2017, por los pasos fronterizos del Puente Internacional Tancredo Neves y del Puente Internacional Comandante Andresito, hacia Brasil, y del Puente Internacional San Ignacio de Loyola y el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, hacia Paraguay, lo cual no implica que haya realizado otros viajes similares en forma clandestina para el transporte y contrabando de las armas. Incluso, no se puede descartar, por el momento, que a tales efectos se hayan utilizado los uniformes y credenciales del Ejército secuestrados", sostuvo el juez Yadarola.

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