Muerte en Altas Cumbres. La Justicia federal se declaró incompetente por el caso del uso “indebido” de la BMW X1 “melliza”
El legislador suspendido Oscar González usaba en forma personal esa camioneta, con la que protagonizó el siniestro que causó la muerte de una mujer y lesiones gravísimas a dos adolescentes; el fiscal federal Maximiliano Hairabedian le atribuyó el delito de “depositario infiel” del vehículo, que estaba judicializado
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CÓRDOBA.- Un nuevo coletazo se registró en la causa por tragedia de las Altas Cumbres (Córdoba), en la que a fines de octubre pasado el entonces legislador provincial Oscar González chocó otro auto, siniestro en el que murió una mujer y dos adolescentes quedaron con secuelas. El juez federal Sergio Pinto se declaró incompetente después de que el fiscal federal Maximiliano Hairabedian pidiera el procesamiento de González por el “uso ilícito” del vehículo en el que iba, una camioneta BMW X1 “melliza” que había sido entregada por el máximo tribunal provincial a la Legislatura para uso oficial, no para su utilización particular.
En diciembre, Hairabedian imputó a González por el delito de depositario infiel; evaluó que González no estaba utilizando el vehículo para la función pública legislativa, sino para beneficio propio. Pidió su procesamiento, pero hoy mismo el juez Pinto se declaró incompetente. Hairabedian apelará la decisión y la Cámara Federal deberá resolver.
El defensor del exlegislador había pedido que esa causa pasara a la Justicia provincial, pero Hairabedian entendía que la Justicia federal era competente, “ya que el vehículo que protagonizó el siniestro estaba secuestrado en una causa federal al momento de producirse el hecho”.
González chocó de frente en el camino de las Altas Cumbres contra un Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa, de 56 años, quien murió a causa de las graves lesiones sufridas; sobrevivieron su hija y una amiga –ambas tenían 14 años–, con lesiones gravísimas y secuelas que aún se mantienen.
Ante la Justicia Provincial, el exlegislador está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Ayer se presentó en los Tribunales de Cura Brochero, en el valle de Traslasierra, y se negó a ser sometido a un peritaje psicológico. En ese contexto, fue increpado por los familiares de las víctimas -Alejandra Bengoa; su hija, Marina; y una amiga de esta última, Alexa-, quienes le exigieron un pedido de disculpas y que se responsabilice por lo sucedido.
Alexa Álvarez, una de las chicas, quedó con diplejía secundaria al traumatismo raquimedular con compromiso de la médula, lo que le ocasiona secuelas motoras y sensitivas y ausencia de control de esfínteres. Marina, la hija de Alejandra Bengoa, fue dada de alta tras ser sometida a una decena de operaciones; quedó paralítica.
El BMW X1 que el trágico 29 de octubre pasado conducía González –entonces, presidente de la Unicameral; después fue suspendido– había sido entregado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la Legislatura. El dominio era de un auto inscripto en Quilmes que incluso estuvo en poder del exarquero Gastón Sessa, quien contó que recibía multas desde Córdoba, a pesar de no haber viajado a esta provincia. Cuando se detectó que había una camioneta “melliza”, el deportista devolvió la suya.
El auto integraba la lista de los vehículos judicializados –fue incautado por robo y tenía la patente clonada– y fue cedida en 2019 a la Legislatura. Según explicó la Justicia, sabían que la patente estaba clonada, pero la ley provincial 8550 (que rige el sistema) establece que el vehículo “debe seguir circulando en las mismas condiciones en las que fue incautado”. La “responsabilidad de circulación y seguro corresponde al organismo al que le fue entregado”, añadieron fuentes judiciales.
En su momento, fuentes del TSJ admitieron a LA NACION que no controlan si en los autos que les llegan se hizo el trámite de dar con su dueño o con la aseguradora. “El espíritu de la ley es que no queden arrumbándose en depósitos y arruinándose”, insistieron.
González –suspendido como legislador sin goce de dieta hasta tanto haya sentencia en firme– ayer se negó a realizar un peritaje psicológico. Cuando llegó a los tribunales de Villa Cura Brochero, fue confrontado e increpado por amigos y familiares de las víctimas. Por otro lado, el sábado pasado se suspendió un peritaje en el lugar del siniestro porque no llegaron los peritos.
Según Ortiz Pellegrini, fue porque no estaban los peritos de la querella. En cambio, desde la querella indicaron que no había auto oficial para llevar a los profesionales al lugar del siniestro fatal.
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