Tráfico de armas. El empresario argentino y la exmodelo siguen prófugos y les secuestraron fusiles y pistolas por US$5 millones
La Justicia de Paraguay rechazó “in límine” un hábeas corpus en favor de Diego Dirisio, presidente de una empresa que durante una década importó desde Europa armamento que fue desviado hacia el crimen organizado brasileño en la Triple Frontera
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LA NACION
El empresario argentino Diego Hernán Dirisio y su esposa, la exmodelo Julieta Nardi, desaparecieron de Asunción justo antes de que efectivos de los grupos táctico de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay abriera de una patada la puerta de la mansión de la pareja para cumplir con la orden de detención en la causa en la que están acusados de estar a la cabeza de una operación de tráfico de armas que se extendió durante la última década y que permitió desviar material de alto poder de fuego hacia las manos del crimen organizado brasileño en la Triple Frontera.
Mientras siguen acumulándose las detenciones en el caso que amenaza con destapar una vasta trama de corrupción en Paraguay, Dirisio acumuló un nuevo revés: la jueza en lo civil y comercial Vivian López rechazó “in límine” un hábeas corpus preventivo presentado por el abogado del imputado, Roberto Cardozo, quien en el escrito defensista señaló que el empresario había sido alertado hace más de un año que era objeto de una investigación relativa al tráfico de armas iniciada en el estado de Bahía, Brasil.
En tanto, después de las redadas de ayer en la capital del país, Ciudad del Este, seis estados de Brasil y la ciudad de Kansas, en los Estados Unidos, las autoridades de la Senad informaron el resultado de los procedimientos: habían logrado hacer efectivas las detenciones de 16 de los 25 acusados, incluidos varios militares de distintas jerarquías, entre ellos, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, exjefe del Registro Nacional de Armas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel); el general del Aire Arturo Javier González –que era presidente de la Suprema Corte de la Justicia Militar y llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea del país, al punto de haber sido condecorado este año–, el general de División Jorge Antonio Orué Roa (exdirector de la Dimabel), la teniente 1ra de Justicia Militar Cinthia María Turró Braga (exasesora del Registro Nacional de Armas) y la capitana Josefina Cuevas Galeano, exjefa de la División Importación de la Dimabel. Sobre diez de esos 16 detenidos hay pedidos de extradición expedidos por la Justicia brasileña.
El organismo encargado del control de armas quedó en la mira por presuntamente haber favorecido la operatoria de importación de la empresa presidida por el argentino, International Auto Supply (IAS), que en la última década importó desde Croacia, Eslovenia y República Checa unas 25.000 armas cortas y largas, muchas de las cuales fueron revendidas ilegalmente, a través de intermediarios en Ciudad del Este, a operadores de las principales organizaciones narcocriminales del Cono Sur: el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
En el allanamiento en la sede de IAS, en Asunción, los efectivos de la Senad secuestraron 611 fusiles y 1212 pistolas, material valuado en unos 5,2 millones de dólares. Además, se incautaron de más de 180.000 dólares en efectivo y cheques, además de relojes por valor de 250.000 dólares y bolígrafos valuados en unos 50.000 dólares. Cabe recordar que IAS es una importadora con años de presencia en la capital paraguaya. Inicialmente se enfocó en la importación de automóviles, pero a partir de 2012 se implicó en la adquisición de armamento nuevo en fábricas de países del este europeo.
La Dimabel había extendido autorización a IAS para importar y vender ese material. El problema aparecía después. Los presuntos “compradores” paraguayos de esas armas eran personas insolventes que recibían un pago para hacer de prestanombres en el trámite previsto en la ley de armas o, incluso, sujetos que ni siquiera sabían que se estaba usando su identidad para realizar las operaciones, según surge la investigación de la Senad. Luego, al menos cuatro intermediarios en Ciudad del Este desviaban las armas a contacto en la Triple Frontera, enclave donde se entrecruzan prácticamente todas las manifestaciones del crimen organizado transnacional y el terrorismo.
El movimiento del dinero resultante se realizó a través de una intrincada metodología que incluía la atomización de los pagos (o “pulverización”, como la llamaron los medios paraguayos), con la realización de múltiples operaciones de transferencias por montos chicos –de no más de 5000 dólares– para tratar de quedar fuera de los radares de los organismos internacionales que vigilan el lavado de dinero.
“Evidentemente, en el tema tributario estaba todo al día; la empresa era proveedora del Estado, tiene autorización de importación”, explicó a ABC Cardinal el director nacional de Ingresos Tributarios de Paraguay, Óscar Orué. El funcionario sostuvo, sin entrar en detalles para no entorpecer la investigación, que el esquema utilizado por la organización era “bastante creativo” y había sido diseñado para no encender alarmas en organismos de control como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) o sus homólogos internacionales.
“Evidentemente, sabían cómo funcionaba el sistema internacional de control; era gente que entendía cómo se hacen los controles”, sostuvo el funcionario. La presunta cabeza de ese esquema financiero ideado para realizar los pagos a las fábricas de armas a través de un operador en Kansas City y de absorber los pagos de los personeros del crimen organizado que compraban las armas para las bandas criminales que infectan las favelas brasileñas era el supuesto doleiro Ricardo Luis Morra Gadea, detenido ayer, al inicio de las redadas de la Senad.
Mientras, el empresario argentino, su esposa exmodelo y la hija de ambos, de 8 años, están escondidos en algún lugar, por ahora lejos del brazo de la ley, aun cuando el abogado Cardozo sostiene que su cliente está, desde hace tiempo, ajustado a derecho en este caso, en el que sabía que estaba “mencionado”.
Como publicó ABC, en el escrito de hábeas corpus que le fue rechazado, el abogado expuso: “En el mes de octubre del año 2022, mi mandante, el Sr. Diego Hernán Dirisio, se enteró de que estaba siendo objeto de investigación fiscal por parte de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, a cargo de la agente fiscal, abogada Alicia Sapriza, en el marco de la individualizada como Causa N° 01- 01-02-01-2021-646 caratulada ‘Personas innominadas sobre tráfico ilícito de armas’”.
Cardozo enfatizó que en cuanto tomó conocimiento de que había una investigación penal preparatoria que los ponía bajo la lupa a él, a la empresa IAS y a sus directivos, Dirisio “se puso a disposición del Ministerio Público” a los fines de “colaborar” con la pesquisa.
“Habiendo mi mandante tenido acceso a los hechos y a la plataforma fáctica que motivó el inicio de la investigación fiscal, grande fue su sorpresa al enterarse de que en la República Federativa del Brasil, específicamente en Salvador de Bahía, aparentemente se había iniciado un proceso de investigación criminal en el cual se estaba manejando su nombre, desconociendo absolutamente los pormenores y los motivos específicos y el motivo por el cual su nombre estaba vinculado con una causa criminal ante un juez federal en lo criminal de la sección judicial de Bahía, en Brasil”, concluyó. Por ahora, esos argumentos no le sirvieron para evitar que el largo brazo de la ley paraguaya siga intentando atraparlo.
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