Terror narco. En coincidencia con el despliegue federal en Rosario, el Gobierno crea una Unidad Antimafia
Estará integrada de forma permanente por representantes del Ministerio de Seguridad y de las cuatro fuerzas de seguridad; podrá invitar circunstancialmente a funcionarios ejecutivos, policiales y judiciales provinciales y extranjeros abocados a la lucha contra el crimen organizado
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Ante el crítico escenario que tiene a Rosario como epicentro del terror desplegado por los “consorcios narco” que desafían al Estado de Derecho y causan conmoción en la sociedad con sus actos de violencia inusitada y los recientes homicidios de “inocentes” en respuesta a las medidas restrictivas sobre los presos más peligrosos, el Gobierno busca mostrarse proactivo y avanza en varios frentes en su anunciada lucha contra el crimen organizado.
Tras el refuerzo del despliegue de efectivos nacionales en la mayor ciudad santafesina, incluido el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, y el adelanto de que impulsará en el Congreso un paquete de reformas penales y procesales para aumentar los castigos y las penas contra el delito complejo y el lavado de dinero, el Ministerio de Seguridad creó una Unidad Antimafia (UA). Tendrá comando civil, estará integrada por agentes especializados de las fuerzas de seguridad y promoverá intercambios de información de inteligencia con otros organismos nacionales y extranjeros. También estará abierto a la participación de las fiscalías de narcocriminalidad y de criminalidad organizada, y podrán ser invitados funcionarios ejecutivos, policiales y judiciales tanto provinciales como extranjeros para cuestiones temporales específicas.
En la resolución, firmada por la ministra Patricia Bullrich, se puntualizó que “el avance global del crimen organizado de tipo mafioso obliga a redoblar los empeños en materia de prevención, represión y sanción, en aras de garantizar un adecuado nivel de seguridad interior” y, en consecuencia, “se considera apropiada la conformación de un ámbito de trabajo unificado con miras al diseño y la implementación de políticas públicas que propicien la generación de mecanismos de prevención y lucha contra la delincuencia de tipo mafioso”.
Sus objetivos serán los siguientes:
- Coadyuvar en la detección y prevención del accionar de organizaciones criminales de tipo mafioso en el territorio de la República Argentina.
- Centralizar información proveniente de investigaciones donde se encuentren involucradas organizaciones criminales del tipo mafioso en el territorio nacional.
- Desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumos para el trabajo en el ámbito de la Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa (Mecoam).
- Coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en dicha materia de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de estos delitos por parte de estas organizaciones mafiosas y a solicitud de otras áreas” del ministerio.
- Suministrar apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento de la Mecoam.
- Tomar vista y analizar las causas judiciales en materia de delitos de tipo mafioso a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos seguidos por personal de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad federales,
- Actuar en representación de este Ministerio en la coordinación de acciones preventivas, investigaciones y el intercambio de información con organismos de Estados extranjeros.
Como base jurídica, y hasta tanto no haya figuras más específicas (que es algo a lo que el Gobierno aspira), se parte de la base de que “el crimen organizado y la asociación de tipo mafioso son subsumibles -en la actualidad- bajo el tipo penal de la asociación ilícita y su forma agravada (artículos 210 y 210 bis del Código Penal, respectivamente), y cuyas actividades ilícitas pueden incluir, entre otros, los delitos de tráfico de estupefacientes, contrabando, amenazas, extorsión, homicidio, lesiones, secuestro, lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos y trata de personas”.
Aunque será Bullrich quien designe al funcionario que estará a cargo de la UA, se decidió que la integrarán la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad, la actual Dirección Nacional de Políticas de Cooperación Internacional y las direcciones, departamentos y/o áreas especializadas de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
La Secretaría y cada una de las fuerzas aportarán dos representantes –un titular y un suplente– que integrarán el Grupo Especial de Investigaciones Antimafia (GEIA) y participarán de la Mesa de Evaluación de la Criminalidad Organizada de la Acción Mafiosa, que deberá, a su vez, “detectar las diferentes manifestaciones de la criminalidad organizada de tipo mafioso y demás delitos concurrentes que pueden incluir, entre otros, los delitos de tráfico de estupefacientes, contrabando, amenazas, extorsión, homicidio, lesiones, secuestro, lavado de dinero, corrupción de funcionarios públicos y trata de personas, a fin de realizar un abordaje integral y multiagencial para la prevención y represión de esos ilícitos”; “intercambiar información y buenas prácticas para fortalecer y perfeccionar las rutinas, técnicas y procedimientos de investigación criminal”, y “elaborar de planes, programas y proyectos para la persecución de la criminalidad organizada de tipo mafioso”.
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