Terror narco. El adolescente que acribilló a un playero y un taxista cobró entre 200 y 300 mil pesos por los crímenes
Los fiscales afirmaron que la serie de crímenes que conmovió a la ciudad a principios de marzo fue encargada desde la cárcel de Piñero y ejecutada por bandas de menores
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La audiencia imputativa por la serie de homicidios que llevó al máximo el agobio del terror narco en Rosario comenzó a arrojar datos impactantes. No solo porque los fiscales mostraron claros indicios de que los crímenes fueron ordenados desde la cárcel en represalia por el endurecimiento de las condiciones de detención de los delincuentes de “alto perfil” y encargados a bandas de menores, sino porque, incluso, los homicidios tenía un precio: 300 mil pesos.
Los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, ante la presencia de la jefa de los fiscales de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, y el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, afirmaron que el adolescente de 15 años detenido por acribillar al playero Bruno Bussanich la noche del 9 de marzo pasado en una estación de servicio de la zona oeste de Rosario también fue el autor del primero de los crímenes de la saga que desató la conmoción social y paralizó la ciudad: el homicidio del taxista Héctor Raúl Figueroa.
En la lectura de su acusación precisaron que Alejandro Núñez, alias Chucky Monedita, encargó los dos primeros asesinatos (el de Figueroa y, al día siguiente, el del también taxista Diego Celentano) desde el penal de Piñero, donde está preso. Lo habría hecho, sostuvieron, a través de su pareja, “La Doña”, que cursa prisión domiciliaria en Funes, que se habría encargado de reclutar a sicarios menores de edad (y, por lo tanto, inimputables).
Según los fiscales, los ideólogos de los ataques habrían organizado una reunión tras el primero de los crímenes para ejecutar uno nuevo. La paga sería de 300 mil pesos. Quien reclutó a los gatilleros adolescentes, miembros de una banda del barrio Santa Lucía, y les proporcionó el arma para asesinar a “un colectivero” (Marcos Daloia, conductor de la línea K de trolebuses, fue la tercera víctima) habría sido un joven que está con arresto domiciliario a disposición de un juzgado de Menores.
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