Templo Filadelfia. Juicio a los pastores “ungidos por el Señor” que durante casi 50 años sostuvieron un régimen de esclavitud

Las “Fiestas del Señor” eran el momento cúlmine. Allí desarrollaban el acto con el que convencían a los fieles de su poder místico, de la fuerza que les venía del cielo. Después de bailar, cantar y adorar a Dios, una de las más conspicuas participantes quedaba en el centro de la escena: gesticulaba, como poseída por un poder divino, y de viva voz daba profecías, como si fuese un instrumento de la palabra de Dios. La audiencia, a esa altura petrificada ante la evidencia, quería experimentar ese mismo gozo en carne propia. El pastor, entonces, les prometía que todos podían alcanzar ese mismo éxtasis, pero debían dar a cambio lo más preciado que tuvieran: bienes materiales, una propiedad, incluso un hijo…

Quienes demostraran su fidelidad podrían encontrar la revelación y la liberación… Y podrían vivir en el mismo tempo donde todo eso era posible. Lo que no sabían en ese momento es que cuando las puertas se cerraran a sus espaldas, los “elegidos”, los que iban en buscar de bendición y prosperidad, quedarían atrapados en la ominosa red de una secta religiosa que los sometería a un régimen de esclavitud.

Durante casi medio siglo, el Templo Filadelfia de San Justo se convirtió en el epicentro de las operaciones de una organización que tenía ramificaciones en distintas ciudades de la Argentina, en Brasil y en Paraguay, en la que decenas de personas fueron víctimas de explotación laboral, reducción a la servidumbre, desapoderamientos, vejaciones y tormentos e, incluso, abusos sexuales; situaciones aberrantes que, por caso, incluían la obligación de formar parejas forzadas solo a los fines de engendrar hijos.

Todo eso surge del dictamen que sustenta la acusación contra 28 personas acusadas de trata de personas que comenzaron a ser enjuiciadas la semana pasada ante el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de San Martín. El fiscal federal Alberto Gentili les atribuye los delitos de asociación ilícita en concurso real con reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en perjuicio de al menos 25 víctimas a las que sometieron a condiciones de esclavitud, según informó el Ministerio Público Fiscal en su portal institucional fiscales.gob.ar.

La presunta líder de la organización, la mujer que decía haber sido “ungida por el Señor”, enfrenta cargos aún más graves: la fiscalía la considera a Eva Petrona Pereyra coautora del abuso sexual de cuatro víctimas, dos de las cuales eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Este viernes comenzará la etapa de desarrollo de pruebas ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni, Walter Venditti y Claudia Morgese. En la primera audiencia se leyeron los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y de las querellas representadas por la defensora pública de víctimas Inés Jaureguiberry y la abogada particular Mariana Barbitta.

Dos etapas

Del dictamen del fiscal federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, que estuvo apuntalado por varias unidades especiales de la Procuración General de la Nación (la Procuraduría de Trata –Protex–, la dirección de acompañamiento de víctimas –Dovic– y la de recuperación de activos y decomiso de bienes) surge que los integrantes originales de la organización serían Eva Petrona Pereyra, Miguel Evangelista Mora Bogado, Griselda Noemí Lemos, Carlos Raúl Barrionuevo, Mónica Susana Giménez, Rigoberto Ismael Mora Bogado y María Luisa Alza.

Otro grupo se habría sumado a ellos al menos desde diciembre de 1997: lo integrarían Ruth Elizabeth Mora Bogado, Juan Pablo Mora Bogado, Carina Lidia Torres, Silvia Adriana Torres, Martín Carlos Cáceres, Ramón Omar Carranza, Olga Mabel Carranza, Norma Aydee Valdez, Osvaldo Horacio Gutiérrez, Claudia Elizabeth Acosta, Carlos Matías Barrionuevo, Claudio Rubén Álvarez Díaz, Katherin Esther Herrera de Alegre, Fabio Bernabé Aguirre, Claudio Gabriel Aguirre, Guillermo David Alza, Norma Beatriz Gutiérrez, Víctor Abraham Ayunta, Pablo Elías Carranza, Liliana Beatriz Barrionuevo y Damaris Fernanda Sabich.

Daniel Ignacio Aguirre e Inés Beatriz Herrera estaban imputados, pero su fallecimiento decretó el cese de la acción penal en su contra. Lo mismo ocurrió con Adriana del Valle Carranza y Divina Luz Pereyra. Hay dos prófugos: Débora Iris Ortiz y Alcides Mora Cáceres.

Según la fiscalía, todos ellos “conformaron dicha asociación ilícita con permanencia en el tiempo y división de roles mediante la cual obtuvieron grandes réditos económicos en beneficio de los líderes de la organización y sus núcleos familiares, y la ampliación de la maniobra delictiva en varios puntos del territorio nacional, así como también en los países vecinos de Brasil y Paraguay, mediante la construcción de nuevos anexos y filiales, adquisición de vehículos para efectuar los traslados y viviendas para acoger a las víctimas”.

Eva Petrona, Divina Luz y Adriana del Valle tenían a las víctimas bajo su control, en tanto que Miguel Evangelista Mora Bogado, como pastor principal del Templo Filadelfia, eran el encargado del “adoctrinamiento teológico por el cual se les enseñaba a los files a obedecer y a ser sumisos a las órdenes de las líderes de la organización”.

El proceso interno en el Templo era similar al de muchas otras congregaciones que, bajo la fachada de la doctrina de la fe, despliegan distintos métodos para sacar provecho de sus víctimas. “La estructura delictiva creciente a lo largo de los años permitió captar, trasladar, recibir y acoger personas vulnerables con el pretexto de mejorar sus condiciones de vida. Luego, mediante un procedimiento de persuasión coercitiva que se profundizaba dentro de la congregación, eran obligadas a trabajar en la elaboración de productos panificados, venta ambulante, albañilería o a efectuar labores para otras personas. Los ingresos económicos debían ser entregados de forma íntegra a la iglesia Filadelfia”, reveló en fiscales.gob.ar el Ministerio Público.

“Las víctimas también debían asistir, obedecer y alabar a las líderes de la organización que se arrogaban poderes divinos, tales como ser las ‘ungidas de Dios’, seres divinos que podían escuchar y transmitir los designios y voluntad del Señor. Bajo esta creencia, se ganaban la confianza, respeto y obediencia de los fieles, y faltar a su palabra era equiparado a fallarle” al Supremo.

A partir de ese poder divino, cultivaban la obediciencia y el deber de servicio. Según detalló la fiscalía, “los damnificados eran reducidos a la servidumbre, ya que también debían limpiar sus casas, cocinarles e incluso dormir a sus pies a fin de asistirlas durante la noche”. También se les ordenaba cuidar de campos y ganado o construir nuevos templos y viviendas que ampliaban los alcances de las actividades de la organización y, además, las ganancias de las líderes. Por ejemplo, Eva Petrona Pereyra se hizo construir una casa de descanso en un barrio cerrado de San Miguel del Monte. Y algunas víctimas afirmaron que fueron llevadas a Brasil y a Paraguay a realizar trabajos de albañilería en sedes de la iglesia Filadelfia o trabajos en propiedades particulares.

Eran explotados en todo sentido: no solo porque se los obligaba a hacer tareas sin obtener remuneraciones, sino porque se los hacía vivir en condiciones indignas: poco tiempo de descanso, alimentación insuficiente –a veces, solo una comida por día– y hasta compartir la cama. Solo podían salir con permiso y cuando hacían recorridos de venta ambulante (por ejemplo, de los panificados que ellos mismos elaboraban) debían hacerlo acompañados por alguien de confianza de las líderes de la organización.

Captación, adoctrinamiento, control y castigo

Las víctimas eran captadas en las misas en las distintas filiales del Templo Filadelfia. Los más vulnerables económica, intelectual y emocionalmente eran particularmente permeables a los sermones que prometían prosperidad y bendición del Divino a cambio de la “entrega y fidelidad al Señor”.

Hacia San Justo confluían los “elegidos” en los templos de Pontevedra y Bahía Blanca, Banda del Río Salí (Tucumán), Melipal (Neuquén), Guaymallén (Mendoza), Salta, Brasil y Paraguay. Niños y adolescentes, jóvenes pobres, analfabetos o apenas escolarizados, enfermos, miembros de familias disfuncionales llegaban a la sede central de La Matanza con la esperanza de que Dios les marcaría el camino de una vida próspera que, al cabo, era una quimera.

En la congregación central regían “rigurosos métodos de adoctrinamiento y castigos” y un esquema de aislamiento que establecía “la prohibición del contacto de las víctimas con personas que no pertenecían a la organización”, se detalló. “La investigación da cuenta de que la organización Filadelfia también imponía la formación de parejas que presuntamente eran elegidas por Dios. De estas uniones nacían niños que crecían bajo estas creencias y, al llegar a la edad estipulada, eran incorporados al sistema de explotación laboral al igual que sus padres, retroalimentando de forma progresiva a la organización. El acceso a la salud también era sumamente limitado. Las personas damnificadas rara vez obtenían permiso para hacerse controles médicos e incluso pocos poseían su documentación”, afirmaron los fiscales del caso.

“Los niños debían abandonar el colegio desde temprana edad –aproximadamente a los 11 años– y se incorporaban al sistema de trabajo. Asimismo, no podían tener relación con sus compañeros de escuela y también se limitaba el contacto con familiares, incluso con los que estaban inmersos en la congregación”, agregaron.

Quienes no seguían el recto derrotero impuesto por la organización debían pagar su culpa. Cuando alguno de los fieles “desobedecía alguna regla, se realizaban reuniones grupales en donde se ponía a la persona a castigar delante de todos y se le propinaban golpes, insultos y retos vergonzosos delante del resto de las víctimas”. A algunos les cortaban el pelo o los aislaban del resto. También se imponían “castigos físicos y psíquicos” por “utilizar el dinero de las ventas para comprar alimento, manifestar deseo de irse de la congregación o rechazar una pareja, entre otros casos”.

El peor castigo era ser enviado a “El Descanso”, un campo en el partido bonaerense de Balcarce “donde las víctimas pasaban necesidades básicas tanto edilicias, alimenticias y de higiene, sin poder recurrir a ayuda alguna”.

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