Tecnología: casi sin escuchas, los detectives van a la caza de celulares

ROSARIO.- La aparición del 4G en 2015 en la Argentina cambió la forma de comunicarse de los mafiosos y narcos. También hizo más sofisticada y difícil la tarea de los investigadores. Casi ya nadie habla por teléfono, porque se utilizan sistemas de mensajería que no pueden ser interceptados por las empresas de telefonía, como ocurría en tiempos analógicos, cuando las causas judiciales estaban sustentadas muchas veces en escuchas telefónicas.

Estos cambios obligaron a los investigadores judiciales a ir en busca de los aparatos telefónicos, por lo que muchos allanamientos ordenados por la Justicia solo tienen como finalidad encontrar celulares. Sin esos equipos no se puede acceder a los diálogos, por ejemplo en WhatsApp o Telegram, que ya empezaron a transformarse en una antigüedad.

Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, explicó a LA NACION que, por ejemplo, el clan Loza, desarticulado en octubre de 2019, usaba un sistema de comunicación que era imposible de acceder, denominado Encorchat.

Iglesias explicó que la aplicación Encorchat no usa una línea de teléfono asignada y se desactivan los micrófonos, la cámara, el audífono, el GPS del celular y el usuario evita conectarse a una red inalámbrica.

Un sistema similar, aunque asociado a una línea telefónica, usaba el narco rosarino Esteban Alvarado, que se jactaba de no hablar nunca por teléfono y usar el sistema encriptado Telegram, en el que los mensajes se borran de manera automática. Por eso cuando fue atrapado en Embalse Río Tercero en febrero de 2019 lo primero que hizo al verse cercado fue arrojar su iPhone 8 al lago. Allí estaba todo lo que podía complicarlo. El celular fue recuperado por un agente de la Tropa de Operaciones Especiales, y luego enviado a Nueva York, donde la empresa Cellebrite, según contaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappapietra, lograron desbloquear y recuperar los mensajes y audios del sistema Telegram. Allí había un tesoro para la investigación.

El juez federal de Paraná Leandro Ríos opinó que ante este nuevo paradigma de la tecnología "es necesario diversificar la forma de investigar, con un esquema en el que se revaloriza el trabajo en el terreno porque hay que buscar una mejor calidad en las pesquisas".

El titular del juzgado federal de Reconquista Aldo Alurralde admitió que "el uso de WhatsApp y Telegram han complicado las causas, pero esto no impide que en algún momento los investigados puedan sentirse seguros o sin crédito en consumo de datos y hablar por la línea de teléfono celular". Y agregó: "Por suerte no siempre tienen señal y a veces acuden a una llamada común".

Su par de Paraná coincidió en que "muchas veces se intervienen los teléfonos esperando que el investigado cometa un error. En algún momento y por alguna razón hablan". Para Ríos, "tratar de conseguir vía oficio a través de Cancillería que WhatsApp brinde información de un usuario es casi imposible. Lo mismo ocurre con iPhone, que protege la intimidad de sus clientes".

Iglesias agregó que "hay situaciones en que la propia Justicia ordena a las empresas de telefonía que anulen el servicio de datos a los investigados para obligarlos a hablar por teléfono".

Una trampa: las áreas sin señal

El fiscal federal de Salta Carlos Amad, que investigó a narcos emblemáticos, como Delfín Castedo, y que acusó en el juicio al exjuez de Orán Raúl Reynoso, indicó que "las investigaciones son más difíciles porque los narcos se avivaron del todo y saben que ni el WhatsApp ni el Telegram se pueden intervenir". Amad coincidió en que se siguen interviniendo teléfonos porque "por suerte hay zonas, como por ejemplo de la frontera con Bolivia, donde no hay señal 4G y están obligados a mandar SMS o a llamar por teléfono".

Un caso emblemático se registró en Itatí, Corrientes, donde hay señal de celular y los únicos teléfonos que funcionan en esa región fronteriza con Paraguay son los antiguos Nokia 1100, que en el pueblo se venden más caros que un smartphone. Los chajás, como los narcos Federico Marín y Luis Salcedo apodaban a los jóvenes que servían de vigía, usaban estos aparatos en las canoas desde donde custodiaban los cruces desde la costa paraguaya hasta la correntina.

El fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer, que investigó el entramado narco de Itatí, sostuvo que las intervenciones telefónicas "siguen siendo útiles, porque aportan información más allá de que muchas veces no se captan conversaciones. Por ejemplo, en un traslado de droga los punteros, que son los que van custodiando el cargamento en otros vehículos, deben usar el teléfono en las rutas donde no hay señal. Se espera ese momento".

El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez incluyó otro atributo a la intervención telefónica, no solo enfocada en el diálogo que mantienen los investigados, sino que a través de sus movimientos y conversaciones más triviales se puede obtener información clave de sus contactos y sobre todo poder "armar un perfil psicológico" del investigado.

El fiscal recordó el caso de Osvaldo Cerri, el único detenido en la causa que investiga la desaparición de la joven santafesina Natalia Acosta en mayo de 2009, que murió en abril de 2019 en la cárcel de Coronda. A este hombre la Justicia le intervino el teléfono y logró establecer un perfil psicológico, por el modo en que mentía a sus parejas sobre pequeñas cosas.

El ministro de Seguridad Marcelo Sain les da un valor clave a los teléfonos en las investigaciones contra el crimen organizado. "Lo más importante es contar con la tecnología para extraer la información de los teléfonos celulares y un software que garantice que ese cúmulo enorme de información pueda ser sistematizada, clasificada y ordenada para vincular datos entre sí estableciendo perfiles, tendencias y relaciones", destacó el funcionario.

"Es preferible que se te escape un delincuente a que no puedas encontrar su teléfono o que lo destruya antes de ser atrapado, porque es menos la información que lleva la persona en sí misma que lo que tiene en su celular", advirtió.

Contrainteligencia criminal

Las áreas de la Policía Federal y Gendarmería que realizan los peritajes usan un hardware que es provisto por la firma Cellebrite, de origen israelí, con el hardware UFED (Universal Forensic Extraction Device). Una fuente de la Policía Federal advirtió que para acceder a audios y textos de las aplicaciones de mensajería como WhatsApp es imprescindible contar con el aparato. Esta firma posee tecnología de mayor desarrollo que logra captar las conversaciones sin línea telefónica pero no está en la Argentina aún, por lo menos de forma oficial.

También existe lo que se denomina una central "falsa", IMSI-catcher, que es un dispositivo de escucha telefónica utilizado para interceptar el tráfico de teléfonos móviles y rastrear los datos de ubicación de los usuarios de celulares. Actúa entre el teléfono móvil objetivo y las torres reales del proveedor de servicios. Con esta tecnología se pueden hasta escribir mensajes en el teléfono intervenido. "Más allá de la tecnología que es muy útil y necesaria, la clave está en el adiestramiento del perito que debe demostrar eficacia en encontrar la información clave en un mar de datos", señaló la fuente.

Sain consideró que más allá de la tecnología "rústica" que hay en Santa Fe para hacer estas investigaciones lo más importante "es que haya buenos analistas" para evaluar y estudiar la información "Eso permite construir prueba. Todo el conjunto de relaciones que se pueda armar luego se pone en juego en una imputación", dijo.

El ministro de Seguridad santafesino señaló, además, que "la información que se obtiene de los teléfonos después se cruza con datos obtenidos fundamentalmente de fuentes públicas, como bases de datos de Persona Jurídica, AFIP, Migraciones, Aduana, información bancaria y financiera, lo que permite tener un panorama mayor".

Y explicó: "En materia de crimen organizado son cuatro las dimensiones que hay que ver, como la estructura básica del núcleo criminal, entre las que constan la división del trabajo, los roles y la actividad de ese núcleo. Después está la actividad económico-financiera, que se usa para mantener la operatividad del grupo criminal y lavar dinero. La otra dimensión es la estructura que gestiona el uso de la fuerza de la organización, como los sicarios y el aparato de seguridad. El cuarto punto es la protección estatal, es decir, los lazos que estas bandas establecen con estructura judiciales y policiales".

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