Suspenden a un juez de Familia que fue acusado de violencia de género

La ley que creó los juzgados de Familia con jurisdicción en territorio bonaerense determinó que, entre otras cuestiones, deben resolver litigios que tengan como origen denuncias por violencia dentro del hogar. Entre las medidas que dictan los magistrados del fuero figura, por ejemplo, el otorgamiento de botones antipánico y órdenes de restricción perimetral.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerenses suspendió a un juez de Familia de Lomas de Zamora a raíz de dos denuncias por supuesta violencia de género realizadas por dos de sus exparejas.

Según fuentes judiciales, la resolución dictada por el organismo bicameral que revisa la conducta de los magistrados provinciales alcanzó al titular del juzgado de Familia N°5 de Lomas de Zamora, Gustavo Lullo. Además de las denuncias por presunta violencia intrafamiliar, el Jurado de Enjuiciamiento decidió que tanto el Ministerio Público como la Comisión Bicameral analicen si el magistrado cometió algún delito al dictar una resolución en una causa por la tenencia de los hijos de un matrimonio donde el padre de los menores había sido denunciado por un episodio de violencia familiar contra los chicos.

La suspensión del magistrado se concretó en la primera reunión del Jurado de Enjuiciamiento, debido a la naturaleza del delito denunciado: violencia de género. Cuando un juez lleva a cabo una conducta presuntamente dañosa que es ajena a su función, el organismo bicameral debe suspenderlo de inmediato para permitir que un fiscal lo investigue.

En dos expedientes – 11.988 y 63.255– se investiga al juez Lullo por su eventual responsabilidad en dos hechos por presunta violencia intrafamiliar. Una denuncia fue radicada por la exesposa del magistrado y la restante, por la expareja. En ambos casos, las víctimas consignaron haber sufrido lesiones y amenazas. Además, una de ellas manifestó que el juez no cumplió con una orden de restricción perimetral.

Las denuncias por presunta violencia de género contra el juez fueron presentadas por la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), en tanto que la suspensión fue dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento integrado por las diputadas Débora Galán y Lucía Iañez (Frente de Todos); las senadoras Nidia Moirano (Juntos por el Cambio) y Gabriela Demaría (Frente de Todos), y el senador Juan Alberto Martínez (Frente de Todos).

Esta resolución constituyó el primer paso en un proceso que podría terminar con la destitución de Lullo. Antes, su conducta deberá ser evaluada por el Jurado de Enjuiciamiento, en un proceso donde el juez tendrá el derecho de defensa y podrá presentar pruebas.

En la defensoría

Lullo había sido denunciado en 2019 por su expareja, empleada de la Defensoría General de Lomas de Zamora, con la que tuvo una hija y de quien se separó en 2018. Esa causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°16 lomense. Al año siguiente, la AJB pidió la suspensión inmediata y destitución del magistrado. El primer paso demoró dos años.

En ocasión de hacer esa requisitoria, desde la AJB informaron que Lullo “fue denunciado por su expareja por ejercer actos brutales de violencia física y psíquica, que incluso han sido perpetrados por el juez encontrándose la trabajadora judicial embarazada y delante de lxs niñxs de la familia”. Agregaron que “Según surge de los hechos denunciados, además, el magistrado se valió de su cargo para amenazar a la víctima e invocar vínculos que le brindarían impunidad”.

Precisaron que Lullo había violado la medida de restricción de acercamiento impuesta por el juez de Garantías, al haberse presentado impunemente en un festejo del ámbito judicial en que se encontraba presente la denunciante, y que ya había sido denunciado con anterioridad en su primer matrimonio por violencia física y maltrato.

Débora Bertone, secretaria de Géneros e Igualdad de Oportunidades de la AJB, expresó, al momento de realizar la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, el 1° de junio de 2020: “Es preciso resaltar la circunstancia de que el denunciado es un juez de Familia y, por ende, responsable de resguardar los derechos de las personas ante la violencia de género. A su cargo está la escucha activa de las mujeres que sufren violencia, que debe ser practicada ineludiblemente con perspectiva de género. Resulta inconcebible suponer que un juez de Familia, acusado de hechos tan graves de violencia contra las mujeres, posea la idoneidad requerida para el cumplimiento de su cometido”.

“Cabe resaltar que en las denuncias penales, efectuadas en 2017 y 2019, por dos de sus exparejas se ponen claramente de manifiesto los actos brutales de violencia física, psíquica, económica y simbólica ejercidos por Lullo contra ambas, y de manera menos directa contra sus hijos e hijas, incluso cursando una de las mujeres un embarazo y en varias ocasiones en presencia de las y los niños. Las pericias realizadas dan cuenta de la estructura y prácticas violentas del juez Lullo hacia su familia y particularmente hacia las mujeres con las que convivió, así como del efecto de esta violencia sobre sus hijos e hijas. También se encuentra radicada una causa en el fuero de familia, y pesa sobre el magistrado una denuncia por desobediencia por haber violado una medida de restricción perimetral”, concluyeron desde la AJB.

Conforme a los criterios de

Conocé más

No es malo tropezar, lo malo es que te guste la piedra

¿Otro triunfo de la impunidad?

Ni perseguida ni proscripta, tan solo corrupta