“Su vida valió un año de cárcel”. La amarga congoja de la madre de un joven muerto a tiros por un prefecto

Inés Alderete hace un cálculo simple y doloroso: “La vida de mi hijo valió un año de cárcel. Él tenía 21 años, todo por delante, pero una persona que pertenece a una fuerza de seguridad de la Nación y que debería estar para cuidarnos, lo mató. Llegar al juicio fue un calvario y la condena, una indignación. Cómo le explico a mi nieta que el asesino de su padre salió libre, caminado al lado mío”.

A mediados de marzo, el Tribunal Oral y Criminal N°3 de Quilmes condenó al prefecto Juan José Silva a un año de prisión de ejecución condicional y cinco de inhabilitación especial para tener o portar armas de fuego por el “homicidio cometido en exceso de la legítima defensa” de Marcos Acuña, ocurrido el 28 de agosto de 2015 en Quilmes.

“Me mandaron la sentencia por correo electrónico –recuerda con amargura Inés–; en realidad, se la mandaron a los abogados y ellos me avisaron por WhatsApp. Gracias a la lucha se consiguió que fuera el primer juicio de gatillo fácil en donde todas las jornadas se transmitieron en vivo (a través del medio La Retaguardia). Las otras familias que viven en distintas partes del país pudieron ver cómo actúa la Justicia. Para nosotras no es nada lindo lo que pasa adentro de un tribunal”.

El plural usado por Inés –59 años, de Quilmes Oeste– contiene a todas las madres que sufrieron la muerte de un hijo a manos de un integrante de alguna de las fuerzas de seguridad o, en palabras suyas, “mujeres que no seguimos viviendo, que sobrevivimos luchando para que no se olviden del rostro de nuestros chicos”.

Continúa: “No somos madres de delincuentes, como nos dicen. Yo no me considero una mala persona: toda la vida trabajé, somos familias humildes que vivimos en barrios, pero la Justicia no es justa con nosotras. De diez juicios por casos de gatillo fácil, en uno el policía recibe cadena perpetua; en otro, como pasó con mi hijo, se lo condena solo por exceso de legítima defensa; en los ocho restantes las causas se cierran. Las madres no tenemos justicia”.

Aquella mañana de 2015, Marcos volvía junto a dos amigos a su casa en La Cañada hasta que se cruzó con Silva en el camino. Según el prefecto, los jóvenes intentaron robarle la moto y la defendió a tiros.

Los amigos de Marcos, en cambio, juran que hubo una discusión y enseguida una reacción descontrolada por parte de Silva: los persiguió y les disparó al menos tres veces. Uno de los proyectiles alcanzó a Marcos, tumbándolo en el medio de la calle. Uno de los amigos lo alzó y confirmó lo peor. “¡Lo mataste!”, le gritó al prefecto Silva, que ya había acelerado con la moto para irse de allí.

“Que no vuelva a matar”

Hace siete años que Inés vive encerrada. Dice que no tiene fuerzas para salir de su casa, que solo asoma la cara al sol si es para reclamar justicia por alguna víctima. Un compromiso que la convirtió en una de las madres organizadoras de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y que la llevó a dar una charla sobre violencia institucional en el Congreso.

“El maltrato a las familias también es violencia institucional –aclara–. Marcos empezó a los 17 años a tener problemas de adicción. Una vez fui hasta la comisaría 5ª de Quilmes a pedir ayuda y uno de los policías me preguntó qué consumía mi hijo. Le dije que creía que era paco y me respondió que eso no tenía solución, que los pibes eran ‘abortos’ caminando porque si no los mataba el paco, los iba a matar un vecino o la propia policía”.

Tras la muerte de Marcos, la vida siguió ensañándose con Inés. El 3 de agosto de 2020, durante una entradera en la vivienda en la que trabajaba como casero, en Longchamps, Gustavo Alderete, el hijo mayor, de 35 años, fue asesinado de un escopetazo.

La tragedia evidenció, según la mujer, la doble vara de la Justicia. Mientras que por el crimen de Gustavo hay tres detenidos con una expectativa de pena de prisión perpetua, el prefecto no estuvo un solo día preso por el asesinato de Marcos.

“Silva habló de lo del robo, pero la única pistola que había en la escena era la suya. Mi hijo no estaba armado, no tenía pólvora en las manos, los estudios dieron que tampoco tenía alcohol ni drogas en sangre. Lo único que tenía encima eran dos encendedores. Ninguno de los tres chicos estaba robando y si hubiese sido así, los hubiesen arrestado y que cumplieran la condena. Yo lo hubiese ido a visitar a un penal y no al cementerio”, se lamenta la mujer.

A Marcos, que tenía una hija de un año, le gustaba lo mismo que a cualquier chico de su edad: comer milanesas, mirar televisión, pasar horas en una plaza con amigos. La madre lo describe como alguien celoso, depresivo e incapaz de manejar una moto y, mucho menos, un arma.

“Era mi luz –dice Inés Alderete– y por eso dejé de vivir el día que me lo mataron. Mi único consuelo es que pudimos probar que Silva es un asesino, aunque no vaya preso. Lo único que quiero ahora es que no porte más una placa para que no vuelva a matar a otro pibe, como hizo con mi hijo”.

La lucha por un “trato justo”

El 27 de agosto de 2015, apenas un día antes de que el prefecto Juan José Silva matara de un disparo con su arma reglamentaria al joven Marcos Acuña en las calles de Quilmes, en la ciudad de Córdoba se producía la primera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, impulsada por los familiares de Ezequiel Barraza y Lautaro Torres, asesinados por agentes de la policía provincial. Desde entonces, cada año la movilización se replicó en distintos puntos del país y sumó, entre sus impulsores, a Inés Alderete.

“La larga lucha de las madres contra el sistema judicial es lograr que empiecen a juzgar a los policías que mataron a nuestros hijos en vez de juzgar si las víctimas intentaron robar algo. Lo que la Justicia debería castigar es el homicidio cometido por aquellos que deberían cuidarnos, que abusan de su poder y luego plantan armas y hablan de intentos de robo o enfrentamientos que nunca existieron”, sostiene.

La mujer agregó: “En estos casos se muestra el odio que tienen hacia la juventud. Para los policías, los jóvenes de los barrios humildes son negros, ‘paqueros’, delincuentes, y por eso, cuando los ven llegar, enseguida sacan el arma reglamentaria y les apuntan a la cabeza. Ese odio se convierte en un asesinato”.

Poco antes del juicio, en febrero, Inés le dijo a Revista Cítrica: “Durante estos años recibí varios mensajes con amenazas de muerte. Y no me pasó solo a mí, a todas las mamás nos pasa. Pero estamos fortalecidas. A mí, la lucha me llevó a estar organizada y a perder el miedo. Las mamás del gatillo fácil nos enfrentamos a un poder muy grande, pero no tenemos miedo”.

Para los familiares de víctimas de gatillo fácil, la movilización de cada 27 de agosto representa la necesidad de organización y denuncia de “una de las formas de represión del Estado, así como lo son las desapariciones forzadas y la torturas seguidas de muertes en cárceles, comisarías e institutos de menores”.

“Las mamás –recalca– queremos que el trato de la Justicia sea igual para todos. Cuando el acusado es policía, tiene cuatro o cinco abogados y hacen mil peritajes para intentar demostrar que actuó en legítima defensa. Nosotras no podemos pagar un abogado y tenemos que luchar solas para que las causas no se cierren o prescriban y para que nos hagan algún peritaje. Lo único que nos falta es hacer las autopsias de nuestros hijos”.

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