Su hijo pasó 1319 días preso por un crimen que no cometió: "En la cárcel te lo estropean"

A Fabiola Aguirre la movilizó el amor de madre, pero también una búsqueda implacable de la verdad. "Pido justicia para la familia de José Fernández", declaró en plena detención de su hijo, Diego Chávez, acusado por el crimen de un policía local de Moreno. Tuvieron que pasar tres años, siete meses y once días para que un tribunal finalmente acreditara la inocencia que ella sostenía desde el primer momento.

"En dos horas de juicio lo absolvieron –cuenta ahora Aguirre a LA NACION–, pero para conseguirlo se debió luchar mucho: hicimos marchas, radios abiertas, incluso formamos una comisión por la libertad de Diego y por otras causas armadas. Todo lo que se hizo fue para dar vuelta lo que habían hecho con mi hijo, para que los fiscales trabajaran como corresponde, para que hubiera una investigación previa y no solo se presente ante el juez la versión que les da la policía".

El 12 de noviembre de 2015, a las seis de la mañana, una comitiva de agentes de la fuerza de seguridad bonaerenses irrumpió en una casa de la localidad de Paso del Rey, en el partido de Moreno.

Chávez, que por aquel entonces tenía 22 años, y su novia, se levantaron de la cama aturdidos y asustados por los golpes atronadores. El oficial a cargo del operativo les informó que buscaban cierta ropa y un arma de fuego. No encontraron nada de eso, pero igual se llevaron al joven esposado.

"Lo tuvieron varias horas en una fiscalía -recuerda la madre- y no prestó declaración porque la abogada defensora de oficio que le asignaron le había dicho que no lo hiciese. Permaneció seis días detenido en un calabozo de la comisaría 1ª de Moreno y luego lo trasladaron en un auto particular a la Delegación Departamental de Investigación (DDI) de General Rodríguez. Ahí un comisario le explicó que estaba detenido por la muerte de un policía y le dijo: ‘Te tocó perder, Negro, te vas a tener que hacer cargo’".

A Chávez se lo señaló como el autor material del asesinato de José Fernández, un instructor de tiro de la Policía Local de Moreno, ocurrido 6 de noviembre en su casa del barrio La Perlita.

Ese día, al menos dos hombres forzaron una reja y se metieron por una de las ventanas, pero al ingresar se toparon con Fernández, que estaba de franco. La resistencia del policía acabó con tres tiros. Mientras los delincuentes escapaban sin robar nada, Fernández moría en los brazos de su mujer y ante la mirada horrorizada de sus hijos.

El fiscal Walter Velázquez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, acusó a Chávez de homicidio criminis causae en tentativa de robo con portación de arma de fuego. Semejante acusación exponía al imputado a una potencial condena a prisión perpetua.

"Diego me decía que me quedara tranquila –cuenta Aguirre–, que todo se iba a aclarar. Estaba confiado en que cuando declararan los amigos que estuvieron con él el día en que mataron al policía, volvería a casa. Pero hubo una rueda de reconocimiento y la viuda del policía lo señaló a él. Fue extraño porque las características que ella había dado del asesino de su marido no coincidían en nada con la fisonomía de mi hijo. Evidentemente alguien le había dicho que lo marcara. Al día siguiente lo trasladaron a Diego a la Unidad 28 de Magdalena".

"En la cárcel te lo estropean"

Chávez estuvo un año y medio detenido en Magdalena. Luego fue trasladado a la Unidad Penitenciaria de Mercedes, donde estuvo otro año, hasta que una pelea en su pabellón precipitó su transferencia a la Unidad 13 de Junín. El recibimiento en esa cárcel fue terrible para Diego: lo golpearon y le robaron todas sus pertenencias. De nuevo debió ser movilizado, esta vez, a la cárcel de Campana.

"Por la gravedad de la causa que le armaron él tenía que estar en el pabellón de máxima seguridad. En ese lugar los presos son más ‘pesados’ y el Servicio Penitenciario Bonaerense reprime sin piedad. En una de esas requisas a Diego le dispararon y le asestaron 11 perdigones en una pierna. Cuesta mucho mantenerse ahí adentro. En la cárcel te lo estropean", se lamenta la madre.

Tanto Aguirre como la novia de Chávez no dejaron de investigar por su cuenta y de aportar elementos para la causa. Así se enteraron de que Walter Gamarra, que había estado involucrado con Chávez en una causa por tenencia de marihuana en el pasado, había participado del crimen del policía. Después de mucho insistir, las mujeres lograron que Gamarra, que estaba preso por otro robo, se comprometiera a declarar la verdad.

Finalmente, el 24 de junio de 2019, en la sede del Tribunal Oral N°3 de Mercedes, comenzó el debate contra Chávez. Antes le habían ofrecido la posibilidad de un juicio abreviado, pero él dejó en claro que jamás asumiría la autoría de un crimen que no había cometido. La declaración de Gamarra, prevista para la tercera jornada, se adelantó por un pedido expreso de su abogado.

"Diego Chávez no tiene nada que ver. No sé por qué está acá", dijo el testigo frente a los jueces, y luego entregó detalles de cómo había sido el intento de robo al policía y de cómo su cómplice lo había matado. Una hora más tarde, el Tribunal leyó el veredicto absolutorio de Chávez.

"Ni siquiera hizo falta que él declarase –remarca Aguirre– y un juicio que estaba previsto que durase tres días se resolvió en dos horas. Diego, dentro de todo, tuvo mucha suerte, pero hay un montón de muchachos que no la tienen. La Justicia te pone la excusa de que están excedidos por la cantidad de causas, pero son los pibes los que quedan presos acusados de homicidios, y muchos, contra integrantes de alguna fuerza de seguridad".

Hoy Chávez intenta reconstruir su vida. LA NACION quiso entrevistarlo, pero él se disculpó argumentando que nadie mejor que su madre podría explicar cómo funcionan los mecanismos de un sistema arbitrario. Ella lo resume así: "La Justicia te dicta la prisión preventiva y tenés que ‘comerte’ adentro hasta que ellos quieran, hasta que se les cante hacer bien su trabajo".

Un grupo que apoya a víctimas de causas armadas

"Después de vivir todo lo que pasé con mi hijo no me podía quedar de brazos cruzados, así que empecé a contactarme con gente que trabajó el tema de las causas armadas y del ‘gatillo fácil’ para asesorarme. Una vez que logramos la absolución de Diego fue al revés: mucha gente empezó a buscarme a mí para contarme de los casos de sus hijos y así se nos ocurrió formar un colectivo", cuenta Fabiola Aguirre sobre la creación de la primera organización en el país de Familiares y Amigos de Víctimas de Causas Armadas.

El grupo, del que también participan organizaciones territoriales y de defensa y promoción de los derechos humanos, se propone "visibilizar y acabar con esta aberrante vejación contra lxs pibxs de nuestras barriadas" y exige "que jueces y fiscales dejen de avalar los fraguados policiales".

Los casos de José Luis Orellana, Yanina González, Yanina Farías, Nicolás Encina, Axel Romero y Lucas Liberatori son algunos ejemplos de una "represión sistemática direccionada hacia los jóvenes que habitan los barrios humildes", según denuncia el colectivo, que ya marchó el pasado 17 de octubre desde la Plaza del Congreso hasta la sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El objetivo de la movilización fue entregar a las autoridades un petitorio para que se revean las causas donde se sospecha que hay irregularidades y que se garanticen los derechos del debido proceso judicial–penal como, por ejemplo, la entrega de copias de las causas a los familiares.

En el petitorio también se denunciaron prácticas recurrentes por parte de las fuerzas de seguridad, como ser el "plantado" de pruebas o la inclusión de testigos de supuesta identidad reservada, "tendientes a presentar versiones distintas sobre hechos efectivamente ocurridos (fraguados) o, lisa y llanamente, la construcción de circunstancias fácticas inexistentes (armados)".

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