“Somos de la mafia Hentai”: la revelación de un sospechoso de las amenazas de bomba y de muerte a un juez y a un ministro
Se trata de Facundo Martínez, de 20 años, con antecedentes por estafas y con familiares en las policías de la Ciudad y bonaerense
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LA NACIONGabriel Di Nicola
Apenas el personal de Policía Federal Argentina (PFA) irrumpió en su casa, Facundo Martínez reveló: “Somos de la mafia Hentai” y, después, comenzó a hablar en perfecto idioma japonés. Mientras le ponían las esposas para ser trasladado, el joven de 20 años espetó: “Hago las amenazas cuando me despierto y veo el mundo con tanta crueldad”.
Así lo pudo reconstruir LA NACION de fuentes policiales. Las palabras de Martínez ante los detectives de la División Delitos Constitucionales de la PFA no tiene valor de confesión. Mañana se sabrá si repite su relato ante el juez federal Julián Ercolini. El magistrado le tomará declaración indagatoria por el delito de intimidación pública.
Para los detectives policiales era la primera vez que escuchaban la definición de “mafia hentai” y googlearon la palabra hentai para saber su significado. “Es una palabra japonesa que significa perversión o pervertido”, fue la respuesta que encontraron en Internet.
Martínez, hijo de un policía bonaerense retirado y hermano de una oficial de la Policía de la Ciudad, está acusado de haber estado detrás de las amenazas de bomba en la Casa Rosada, en el Congreso de la Nación, en el Complejo C, en el barrio de Chacarita, que fue utilizado como búnker del candidato a presidente Sergio Massa, en establecimientos educativos y estaciones de trenes de las líneas Sarmiento, Belgrano Sur, Urquiza y Roca, que ayer se vieron obligadas a suspender.
Además, se sospecha que está detrás de las amenazas de muerte de las que fueron víctimas el juez federal Ariel Lijo y el ministro de Transporte, Diego Giuliano, informaron fuentes judiciales.
“En total fueron 30 amenazas”, afirmó a LA NACION una calificada fuente de la investigación. Martínez fue detenido por personal de la División Delitos Constitucionales de la Dirección General de Seguridad de Estado, que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, en un inmueble situado en Friedrichs al 100, en Llavallol, en Lomas de Zamora.
Un detective que participó de la investigación definió a Martínez como “una persona muy inteligente y capaz”. Y, con ironía, agregó: “Un hacker muy sofisticado que me gustaría tener en mi equipo por su capacidad. Tenía una habilidad especial para clonar teléfonos y hacer la amenaza desde una línea a nombre de otra persona que nunca se enteraba de que su número de teléfono había sido utilizado para protagonizar una intimidación pública”.
Martínez no fue el único detenido. Otros dos sospechosos fueron apresados en La Matanza. No se descarta que los tres imputados, además de intimidación pública, sean indagados también por amenazar a un ministro [Giuliano] y a un juez federal [Lijo] y por la interrupción de un servicio público.
Calificadas fuentes de la investigación dijeron a LA NACION que la amenaza de muerte que recibió el ministro de Transporte ocurrió diez minutos antes de que comenzaran los allanamientos, donde fueron detenidos los sospechosos.
Lijo y Giuliano recibieron las amenazas de muerte en sus teléfonos celulares. Los investigadores ahora intentarán determinar cómo el autor de las llamadas intimidantes consiguió los contactos del juez y del funcionario nacional.
Los detectives no descartan que los sospechosos estén vinculados con la causa donde se investiga el hackeo de la base de datos de distintos organismos público.
“Las amenazas eran realizadas por medio de varias líneas telefónicas de la empresa Telecentro, las cuales utilizan una nueva tecnología que canaliza las llamadas a través de una conexión a internet. Los sospechosos se dedicaban a hackear las cuentas de los clientes de la empresa y gestionaban, sin su consentimiento, nuevas líneas telefónicas a su nombre, las que luego eran vendidas al mejor postor en el mercado negro de la Deep Web”, explicaron calificadas fuentes de la PFA.
Los investigadores sospechan que, Martínez, después adquirir líneas a nombre de otras personas, utilizaba redes de wifi públicas para concretar las llamadas extorsivas.
“La utilización de redes de wifi públicas tenía como finalidad evitar ser rastreado. Pero, los investigadores lograron establecer la existencia de una serie de patrones comunes de conexión que resultaron ser clave para identificar a los sospechosos”, explicó un detective de la PFA.
Según los informantes consultados, tras ubicar a los posibles autores de las amenazas, la Justicia ordenó una serie de intervenciones de líneas telefónicas.
“Hasta el momento, se identificaron, al menos, unos 30 hechos de amenazas relacionados con los sospechosos detenidos y se estima que la interrupción del servicio de trenes tuvo como consecuencia pérdidas millonarias”, dijeron fuentes de la PFA.
“Somos un grupo de terroristas”
Cuando la operadora de la línea de emergencias 911 atendió la comunicación, escuchó una voz que dijo: “Somos un grupo de terroristas y pusimos una bomba en la sede de Massa”. Mientras escribía lo que decía su interlocutor, la operadora repreguntó: “¿Me dijo que puso una bomba en el búnker de Massa?”. “Sí”, contestó el supuesto terrorista y dio la dirección del Complejo C, en Chacarita. Antes de cortar la llamada, la joven consultó cuándo iba a detonar el artefacto explosivo. “La puse hace 15 minutos y detonaría en media hora”, respondió. Nunca detonó, la amenaza había sido falsa.
Cuando uno de los sospechosos que dijo llamarse Martín llamó al número de emergencias 911 para avisar que había puesto una bomba en la estación de trenes de Constitución, la operadora le pidió que repitiera lo que decía porque no entendía nada y le repreguntó en qué sector estaba el artefacto explosivo
“En la parte de los andenes. Andenes 3 y 5″, dijo el supuesto Martín antes de cortar. El operativo hecho por especialistas antiexplosivos de la PFA resultó negativo.
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