Sigue activa la pista de la venganza contra Yadón
La venganza como presunto móvil del doble homicidio ocurrido, hace casi tres meses, en la zona de Congreso sigue vigente entre los investigadores de los asesinatos del diputado nacional (UCR) por La Rioja Héctor Olivares y su amigo Miguel Marcelo Yadón. A partir del hallazgo de una empresa radicada en Mendoza vinculada a uno de los dos detenidos como presuntos coautores de la masacre, los responsables de la pesquisa abonaron la presunción de que el objetivo de los agresores era Yadón y que el legislador resultó asesinado por el solo hecho de caminar junto a su amigo.
Esta pista que comenzaron a seguir los detectives es incipiente y está en plena etapa de cruce de datos. La sospecha apunta a una posible relación entre la empresa que el imputado Juan José Fernández tendría en Mendoza y Yadón. Particularmente, se trata de establecer si había un reclamo de Fernández a Yadón por una operación comercial no declarada e incumplida.
Hasta el momento, esta hipótesis de la posible venganza es la única que sigue activa. A fines de mayo pasado, cuando el juez de instrucción Mariano Iturralde decidió procesar con prisión preventiva a los imputados Fernández y Juan José Navarro Cádiz, expresó que, según las pruebas acumuladas en el expediente, no se había podido determinar cuál había sido el móvil del ataque.
Ante la falta de contactos telefónicos o en redes sociales y por la ausencia de testigos que dieran fe de una relación previa entre las víctimas y los atacantes, resultaba imposible establecer la existencia de un conflicto previo que hubiera provocado la furia asesina y de venganza de parte de los acusados hacia las víctimas.
A partir de esta circunstancia, el magistrado consignó en la resolución en la que dispuso los procesamientos de Fernández y de su primo, Navarro Cádiz, que los imputados mataron por placer. No obstante, el magistrado indicó que deberá continuarse con la investigación para confirmar o descartar alguna relación previa entre ambas víctimas y los agresores.
Hasta el momento, los investigadores judiciales y policiales tampoco pudieron determinar cuál de los dos acusados fue al autor material de los cinco balazos que mataron al legislador y a su amigo, quien se desempeñaba en el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico de La Rioja .
Por tal motivo, según fuentes de la investigación, se decidió realizar una reconstrucción del hecho, aunque todavía no se fijó la fecha. Durante el peritaje se recrearán las condiciones y circunstancias del 9 de mayo pasado a las 6.51 cuando, desde el Volkswagen Vento gris estacionado sobre la avenida de Mayo, abrieron fuego contra el diputado Olivares y Yadón. Con la reconstrucción de la masacre, los responsables de la pesquisa intentarán determinar quién disparó la pistola calibre 40 con la que fueron asesinados el legislador y el funcionario.
En prisión preventiva
Actualmente, Fernández y Navarro Cádiz figuran en el expediente como coautores. Ambos están detenidos con los procesamientos y prisiones preventivas confirmadas por la Sala VII de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.
En una resolución dictada por los camaristas Mariano Scotto, Mauro Divito y Ricardo Pinto, se rechazaron los planteos de las defensas de ambos imputados. El abogado de Fernández había planteado la inocencia del imputado porque no se había probado que fuese autor de los disparos. En tanto que el letrado de Navarro Cádiz expuso que no hubo alevosía.
Por unanimidad, los tres camaristas ratificaron la resolución del juez Iturralde y consideraron "que puede sostenerse que Miguel Marcelo Yadón y Héctor Enrique Olivares se encontraron en una situación de indefensión tal que se vieron impedidos de oponer algún tipo de resistencia que se transformara en riesgo para los imputados". Según el Código Penal, la alevosía constituye un agravante del homicidio que aumenta el castigo para el autor del asesinato, debido a que, para asegurar su objetivo, se aprovechó el estado de indefensión de la víctima.
Tanto el juez de instrucción como los tres camaristas coincidieron en que "las imágenes captadas por la cámara de seguridad instalada cerca de la intersección de la Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña permiten sostener la imposibilidad de los damnificados de advertir el ataque inminente".
Olivares y Yadón fueron atacados el 9 de mayo pasado a las 6.51 en una de las zonas más vigiladas de la ciudad, a pocos metros del Congreso de la Nación, mientras hacían una caminata.
Fernández, dueño del Volkswagen Vento gris patente LYS 656 fue apresado al día siguiente del doble homicidio, en Entre Ríos, cuando intentaba cruzar a Uruguay. Mientras que su primo, Navarro Cádiz, fue detenido en ese país. Había cruzado sin inconvenientes la frontera por el puente internacional Colón-Paysandú. Se aprovechó de que los investigadores demoraron doce horas en identificarlo como el segundo ocupante del Vento. Cuando cruzó por el paso internacional todavía no se había ordenado su captura.
"No consta cuál de los imputado fue quien abrió fuego. Por lo tanto, se considera a ambos coautores del doble homicidio. De los elementos de juicio reunidos se infiere que, según un plan previamente trazado, cada uno de los intervinientes realizó aportes necesarios para la ejecución del hecho", expresó el juez al dictar los procesamientos.
Se sabe que Fernández era el dueño del Vento y que estaba sentado en el asiento del conductor. Durante la investigación se estableció que tenía tres armas a su nombre: una pistola 9 mm, un revólver calibre 38 y una pistola Glock calibre 40, similar a la que se utilizó para matar a Olivares y a Yadón.
"No puede descartarse que Fernández haya sido quien suministró el arma homicida, nótese que fue usuario de armas de fuego, incluso de similar calibre a la aquí empleada, y Navarro Cádiz negó cualquier relación con la pistola calibre 40 utilizada o incluso con quien efectuó los disparos", manifestó el magistrado.
Con respecto a la posibilidad de que Navarro Cádiz hubiera sido el autor de los disparos, los investigadores sostuvieron que tuvo la posibilidad de dominar el escenario, y están convencidos de que manipuló el arma homicida. Esta presunción se fundó en las grabaciones de las cámaras de seguridad en las que quedó expuesto cuando levantaba las vainas servidas de los cartuchos disparados con el objetivo de borrar pruebas.
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