Debían rescatar a tres menores, pero siete policías aprovecharon para llevarse casi 77.000 dólares

ROSARIO.- Los policías resultaron ser la principal amenaza. Sabían que aquello a quienes debían proteger, en medio de una confusa e intrincada historia, tenían dinero. Y el objetivo no era evitar un delito y resguardar a tres niños que estaban en potencial peligro, sino robar 76.900 dólares. La maniobra fue tan burda que uno de los jefes policiales se compró una lancha con el dinero, y otro lo usó para costear el cumpleaños de 15 de su hija. La maniobra exhibió de manera descarnada la penetración de la corrupción dentro de una fuerza, que en muchas causas judiciales, sobre todo en aquellas donde el dinero supura del narcotráfico, muestra la oscuridad por la que transitan muchos policías.

La historia es confusa desde el inicio. En la audiencia que se realizó el fin de semana, el fiscal José Luis Caterina contó que el 11 de abril ingresó un llamado al 911 que alertaba sobre una pareja con tres hijos menores de edad que había entrado a refugiarse en una panadería que tiene un bar en Funes. Alertaron que alguien los perseguía y quería matar a la madre de los chicos.

Esa familia vive en Roldán, en las afueras de Rosario, y argumentaban que estaban amenazados. En una zona donde las intimidaciones de raíz narco transcurren todo el tiempo, la versión no era descabellada. A la panadería fueron enviados cuatro patrulleros ante el potencial peligro de la situación, sobre todo porque había niños.

Los policías informaron luego al fiscal que percibían que el escenario era confuso, que la familia tenía una idea paranoica de que alguien les iba a ser daño, pero la versión que daban era endeble. La pareja fue trasladada a una comisaría, donde hicieron una denuncia, y tras la intervención de la Secretaría de la Niñez los tres menores fueron enviados con una tía para que quedaran bajo su cuidado.

Al otro día el cuadro volvió a complicarse, porque la tía de los chicos contó a los empleados de la Fiscalía de Rosario que el matrimonio había pasado a buscar a sus hijos y habían desaparecido. No sabían dónde estaban. Los próximos dos días hubo contacto con mensajes de WhatsApp. Insistían en que estaban en peligro y analizaban irse del país. También advertían que los seguían en varios autos. La Justicia activó una búsqueda por paradero ante la posibilidad de que los menores estuvieran en peligro por el estado de salud mental de sus padres.

El 13 de abril, parientes de esta familia se enteraron de que estaban en una casa en el barrio Nuestra Señora de la Guardia, de Rosario, donde fueron los efectivos. Encontraron el auto del matrimonio en la puerta, y en él se veían rastros de que había sido chocado.

Los policías de la seccional 15a., que tiene jurisdicción en ese barrio, charlaron con los vecinos, que les contaron que en ese inmueble vivía un hombre de unos 80 años que sabían que tenía armas. Entonces, desde la comisaría convocaron al Grupo Táctico Multipropósito (GTM) de la policía para entrar en esa vivienda, y la Fiscalía emitió un oficio que indicaba ingresar y resguardar a la familia.

Entraron a la propiedad pasada la medianoche del 14 de abril y encontraron a los chicos en buen estado de salud. Notificaron, además, que adentro estaba el matrimonio requerido y una pareja de ancianos, dueños de la vivienda. Secuestraron dos revólveres y municiones.

Luego, el fiscal se enteró de que faltaba dinero que tenía el dueño de la casa. Los chicos quedaron a cargo de la Secretaría de Niñez, que envió a los niños a la casa de otro familiar. El matrimonio fue derivado a la guardia del hospital psiquiátrico Agudo Ávila, donde advirtieron que tenían un discurso alterado, aunque no consideraron necesaria una internación preventiva. En tanto, el dueño de la casa, el hombre de unos 80 años, quedó imputado en una causa por tenencia de armas.

El auto del matrimonio fue requisado y devuelto. En la guantera había 280.000 pesos, como quedó asentado en las actas policiales. Pero había más dinero, dólares, que nunca aparecieron. Y ahí comenzó otro capítulo, porque la mujer que había quedado a cargo de los chicos llamó a la fiscalía para exigir que los uniformados devolvieran 76.900 dólares que se habían llevado durante la irrupción en esa casa.

Presiones inaceptables

Se dio intervención a Asuntos Internos, que logró reconstruir el momento en el que media docena de policías entraron en la casa. Los uniformados llevaron a todos los residentes de la casa al comedor. Luego ingresó el subjefe de la comisaría 15ª, Darío Carrillo, quien les dijo que sabía que había armas y que se tenía que llevar a los menores de edad; antes exigió que identificaran si había elementos de valor o dinero.

Requisaron todo, pero desde el comedor nadie pudo ver lo que hacían los policías. La policía Romina Acosta salió y dijo que había mucho dinero en la casa. Comenzaron a decir que había vínculos con lavado de activos, y a preguntarles si estaban vinculados con el líder narco Esteban Alvarado. El subcomisario le preguntó al padre de la familia si tenía algo que ver con la venta de estupefacientes y les advirtió que podrían terminar todos presos. Los policías empezaron a amenazar a la familia, que había denunciado que había gente que los perseguía.

Uno de los policías tomó al hijo mayor del matrimonio, que tiene 16 años, y le dijo que le contara si su familia tenía vinculación con la venta de drogas, lo que agravaría su situación porque sus padres serían detenidos y sus hermanos reubicados en el hogar de huérfanos, y no podría verlos. La perversidad de los policías no tenía límites.

Antes de terminar el procedimiento entraron dos personas, presuntos testigos del allanamiento, y el personal policial se llevó “en forma secreta” 69.000 dólares que eran de los dueños de la casa y 7.900 dólares de la venta de un auto del matrimonio, contó el fiscal en la audiencia.

El fiscal Caterina dijo que ninguno de los testigos que figuran en el acta pudo ser encontrados: los domicilios eran inexistentes y los nombres no coincidían con los números de documento, entre otras cuestiones. Quienes firmaron el acta fueron los suboficiales Amílcar Madera, Joaquín Samuel Gerominez, Brenda Ariana Alderete y la oficial Romina Acosta; sin embargo, una copia de la misma acta llegó a Asuntos Internos y tiene solo dos firmas, las de Acosta y Gerominez.

El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó a Darío Carrillo, Marcelo Gómez, Joaquín Gerominez, Amílcar Madera, Brenda Alderete y Romina Acosta por los delitos de hurto doblemente calificado por aprovechamiento de un infortunio particular del damnificado y por ser miembros de las fuerzas de seguridad, abuso de autoridad y falsedad ideológica.

A Andrea Soledad González la imputó por encubrimiento agravado por ánimo de lucro y por condición de funcionaria pública. Para el fiscal, esta uniformada aseguró el provecho de lo robado durante abril y mayo. Fue una de las que realizó compras con ese dinero. Según la pesquisa, fue con el subjefe Carrillo a comprar una lancha una semana después del procedimiento.

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