Siete meses prófuga. Atraparon a la mujer condenada por intentar matar a su amante en un departamento de Recoleta

Una mujer de 67 años fue detenida en la ciudad de Buenos Aires por la Policía tras haber permanecido prófuga durante siete meses. Había sido condenada en 2018 a 12 años de prisión por intentar asesinar a su amante en un departamento de Recoleta en julio de 2014 y pasó a la clandestinidad cuando el fallo quedó firme y la Justicia dictó su captura para que cumpla la sentencia en prisión.

María Isabel Suárez González fue arrestada en un operativo encabezado por la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) en conjunto con la División de Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad. La detención fue el resultado de una investigación que permitió dar con su paradero luego de varios meses de búsqueda. El hecho por el cual fue condenada ocurrió el 11 de julio de 2014, cuando ingresó al departamento de su amante, un hombre de 63 años, con quien mantenía una relación extramatrimonial.

Durante la cita, Suárez González le administró un sedante en el café, lo que provocó que el hombre perdiera el conocimiento. Posteriormente, abrió la llave de gas y cerró todas las ventanas del departamento, con la aparente intención de simular un suicidio.

El plan no se concretó gracias a la intervención de la encargada del edificio, quien detectó un fuerte olor a gas proveniente del departamento. Cortó el suministro y notificó al propietario del inmueble, lo que permitió ingresar al lugar. La víctima fue encontrada inconsciente, pero con vida, y trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Gracias a esta rápida intervención, se evitó la muerte de la víctima.

En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°16 condenó a Suárez González a 12 años de prisión por tentativa de homicidio agravado mediante un procedimiento insidioso. El fallo consideró que el método empleado, que incluyó la administración de un sedante y la manipulación del gas, representaba un grave riesgo no solo para la víctima, sino también para los vecinos del edificio.

Durante el proceso judicial, la defensa de Suárez González presentó varios recursos para apelar la condena. En septiembre de 2020, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la sentencia dictada por el TOC N°16. A pesar de la confirmación, la defensa intentó un último recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo era obtener una reducción de la pena o la anulación de la sentencia, pero en febrero de 2024, la Corte rechazó el recurso, con lo que el fallo de primera instancia quedó firme.

En consecuencia, el 7 de marzo de 2024, el juez Gustavo González Ferrari, del TOC N°16, emitió una orden de captura. La mujer, que hasta entonces había estado en libertad bajo restricciones mientras se resolvían las apelaciones, se fugó tras conocer la decisión final. Desde ese momento, la Fiscalía General N°16 solicitó la colaboración de la Secretaría de Captura de Prófugos (SeCaP) para dar con su paradero.

La SeCaP, que opera bajo la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), comenzó la búsqueda utilizando herramientas tecnológicas y tradicionales. Entre ellas, se solicitaron informes al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y a empresas de telefonía para rastrear información sobre la prófuga. También se revisaron bases de datos y registros de cámaras de seguridad.

Después de varios meses de investigación, la SeCaP logró localizar un teléfono móvil asociado a Suárez González, lo que permitió determinar su ubicación aproximada. A partir de estos datos, se coordinó un operativo con la División de Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad.

La detención de Suárez González se llevó a cabo en el límite entre Recoleta y Balvanera. Los agentes, que habían establecido un dispositivo de vigilancia en el área, lograron identificarla mientras caminaba por la calle. El arresto se realizó sin que la prófuga ofreciera resistencia. Luego de ser capturada, fue trasladada a una comisaría, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales. En los próximos días, se espera que se realice una audiencia de control y, posteriormente, su traslado a una unidad penitenciaria para cumplir con los 12 años de prisión impuestos en 2018.

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