Según la UCA, uno de cada cuatro hogares urbanos detectaron la venta de estupefacientes en sus barrios
El Observatorio de la Deuda Social reveló que el 22,8% de las familias metropolitanas afirman que se comercializan drogas en su vecindario; esa percepción aumenta en las zonas más humildes y en las que sufren altas tasas de inseguridad
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LA NACION
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), revela que, entre julio y octubre de 2021, uno de cada cuatro hogares urbanos detectaron “venta de droga en sus barrios”. Se trata del “Reporte sobre la presencia de venta/tráfico de drogas en los barrios urbanos de la Argentina”, elaborado sobre la base de una muestra de 5680 hogares representativos de las áreas urbanas de todo el país.
La investigación indica que, en 2021, integrantes del 22,8% de los hogares urbanos confirmaron que existe la venta y/o tráfico de estupefacientes en la manzana, vecindario o barrio en el que viven. Además, el estudio afirma que la percepción sobre la presencia de venta o tráfico de drogas aumenta cuanto mayor es el grado de vulnerabilidad de los hogares. Quienes moran en el 37,9% de los hogares considerados pobres creen que se vende estupefacientes en su barrio, frente a un 15,4% de quienes residen en los hogares “no pobres”. En tanto, un 57,7% de quienes viven en villas de emergencias o asentamientos percibe el mercado de drogas en su barrio.
La percepción de que en el barrio se venden drogas va en aumento a medida que la tipología de edificación urbana se hace más humilde o vulnerable. Por caso, mientras que la prevalencia en barrios de trazado urbano tradicional es del 19%, en los barrios de viviendas sociales o monoblocks escala a 24,6% y supera el 57% en villas y asentamientos.
“Se da cuenta de un aumento significativo durante las últimas dos décadas, tanto en el avance del narcotráfico como en las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, de manera particular, entre los adolescentes y jóvenes, y con mayor penetración y visibilidad en los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad”, señala el reporte.
Y explica: “La situación no solo representa un grave problema de salud pública, sino también un factor de desintegración social sistémica, así como una flagrante violación de derechos humanos fundamentales para una sociedad indefensa frente a la ausencia comprometida y eficaz del Estado”.
Con respecto a las zonas en las que se percibe alta inseguridad, el informe señala que la percepción sobre la existencia del mercado de drogas en el barrio asciende al 52,3%, mientras que la prevalencia es del 11% en los barrios con niveles aceptables de seguridad. La venta de drogas se percibió en el 49,6% de los hogares de barrios que no cuentan con vigilancia policial frecuente, guarismo que cae al 13,4% en aquellas zonas en las que los móviles circulan con habitualidad.
A partir de este relevamiento, la Iglesia Católica exhortó al gobierno nacional ante “la marcada ausencia, impericia o desidia gubernamental -cuando no complicidad- para atender acciones preventivas, reparadoras y/o represivas que pongan límite al flagelo del narcotráfico, el narcomenudeo y el consumo adictivo, tres diferentes dimensiones de un mismo problema”. Además, critica la escasez de recursos públicos orientados a erradicar la venta y el tráfico de drogas.
El reporte de la UCA señala las consecuencias del consumo adictivo de drogas en el consumidor y su grupo familiar y sociocomunitario, y que la franja etaria más expuesta son los adolescentes y jóvenes, en particular, aquellos que provienen de sectores pobres, dada “la falta de otros recursos de movilidad social, la exclusión educativa, la informalidad laboral, la desintegración y la mayor violencia social que rodea su entorno sociofamiliar, en un contexto en donde está ausente el Estado, en términos de seguridad, salud e integración social”.
Por último, el informe aclara que si bien la tendencia de la oferta y la demanda de sustancias psicoactivas había retrocedido en 2020 debido a la pandemia del Covid-19, habría crecido rápidamente, en el marco de “un contexto recuperación económica, aumento del trabajo informal y debilidad o ausencia tanto de políticas preventivas hacia el consumo, como represivas hacia el narcomenudeo y el tráfico de drogas”.
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