Secta de los “sanadores egipcios”. Nueve acusados fueron sobreseídos después de que la Justicia los considerara “víctimas”

CÓRDOBA.- Cerró un capítulo de la historia que, públicamente, comenzó a escribirse en marzo del 2020 con un megaoperativo de la Justicia provincial cordobesa en el Valle de Traslasierra para desarticular la “Fundación Académica Sêshen”, conocida ahora como la “Secta de los ‘sanadores egipcios’”. De los 12 imputados y detenidos originales, la Justicia Federal absolvió a los nueve que ya habían recibido la libertad condicional en julio pasado. Los consideró “víctimas” y no cómplices del líder, que se hacía llamar Ahú Sari Merek y aseguraba ser un consumado maestro de las artes curativas para el cuerpo y la mente de la milenaria ciencia de las pirámides del valle del Nilo.

El “licenciado” Álvaro Aparicio Díaz; su pareja, Laura Carolina Canes, y su hijo, Máximo Aparicio Díaz, siguen acusados de asociación ilícita, estafas reiteradas y ejercicio ilegal de la profesión de la psicología.

El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja entendió que este era un caso de trata de personas y reclamó la competencia para llevar adelante el expediente. Al poco de recibir la causa, dispuso liberar a los imputados que ahora fueron sobreseídos.

Aparicio Díaz, como Ahú Sari Merek, se presentaba como un reputado especialista con casi cuatro décadas en la prédica de la egiptología; vendía viajes para realizar “posgrados de medicina tradicional egipcia y psicología Sêshen” para “maestros de su escuela”, y cursos de meditación.

Decía que, gracias a ese saber milenario, les había curado el cáncer a sus pacientes y también la depresión, que había logrado reunir a parejas separadas y que asesoraba a políticos, por lo que cobraba millones por su particular trabajo.

Díaz aparece inscripto en la AFIP con domicilio en Villa Cura Brochero, en el valle de Traslasierra, bajo la actividad de “edición de libros, folletos y otras publicaciones”. Varios de sus libros se venden en plataformas web.

Las víctimas le pagaron miles de dólares a Díaz por sus servicios; para hacerlo, vendieron parte de sus pertenencias y hasta cortaron con sus relaciones afectivas previas. Están ahora con terapia psicológica.

Los peritajes realizados plantean, por ejemplo, que la Fundación Sêshen, está en la línea de los “grupos de abuso psicológico” o “grupos de manipulación psicológica”. Incluso consideraron “más adecuado” hablar del uso de la “persuasión coercitiva”, ya que el “sustantivo persuasión se refiere a la dinámica de captación y el uso de sus técnicas concretas”. Las víctimas fueron captadas, en general, en un periodo de “vulnerabilidad a nivel personal y emocional”.

LA NACION conversó con algunos de los sobreseídos, quienes estuvieron casi un año y medio presos. Carolina Altamirano admite que recién ahora está “cayendo en la realidad de la atrocidad” que vivieron; agradece a sus abogados, Carlos Hairabedián y Miguel Juárez, y a la Fundación Alika Kinan, que “se cargaron al hombro una causa que parecía irreversible”.

“Sigo en tratamiento psicológico; dejé la medicación psiquiátrica que empecé a tomar en la cárcel –cuenta Altamirano–. Lo de estar presa se sumó a los traumas de la cooptación; no es fácil recuperarse, estamos muy dañados. Se habló mucho de la victimización y revictimización de los detenidos, y poco de las de sus familias. Tengo dos hijos menores de edad que también están en un proceso de recuperación. Esta es una experiencia que no se procesa en dos días. Estoy tratando de recomponer algo que nunca debería haber pasado”.

Después de 15 meses presa, Liliana Marcial regresó a Santa Fe, donde era funcionaria judicial cuando fue detenida. “Terminó el calvario, pero sigo sin entender por qué estuvimos presos; creo que la fiscal se hizo una película y pretendió llenarla con personajes y nos buscó a nosotros. Díaz es un personaje siniestro que se aprovechó de nuestra vulnerabilidad para explotarnos espiritual, económica y psicológicamente”, afirma.

Marcial está convencida de que la Justicia Federal cordobesa les “salvó la vida”. Repasa que el proceso que vivió la despojó “de todo”. Ella tiene una hija de 12 años. “Con mis escombros debo empezar a reconstruirme; estoy con apoyo psicológico y psiquiátrico; mi familia vivió los efectos colaterales de la bomba. En la mitad de mi vida debo empezar de nuevo. A veces tengo ganas de salir al mundo y otras, de que el mundo me tape”.

Marcial empezó su contacto con Sêshen en 2015 y afirma que la cooptación fue “progresiva”. En 2017, Aparicio Díaz la “obligó” a tomar terapia con él. “Fue formando su ‘círculo de oro’, que terminó siendo ‘de barrotes’ para los que terminamos presos. Conocía nuestras vulnerabilidades; me indujo a separarme del padre de mi hija y me obligaba a hacer la apostasía de la Iglesia Católica, que yo no hice. No me di cuenta hasta que, estando en la cárcel, las chicas que llevaban un mes presas me empezaron a explicar”.

La vida en Pozos Azules

A inicios de 2020, con la explosión de la pandemia del Covid 19, Aparicio Díaz pidió a un grupo de “elegidos” que se mudaran al campo de Pozos Azules, en Traslasierra, para “estar protegidos del fin del mundo que se venía”. En el campo, pasaban “días sin alimentarse y bañarse” y trabajaban toda la jornada; ya tenían asignadas las tareas. Allí, él mostró armas para “defenderse” de los ataques.

Maximiliano Iciksonas estuvo allí; llevaba seis años estudiando en la fundación. Estuvo seis meses en Pozos Verdes, de marzo a agosto del 2020. “Ahí Aparicio Díaz empezó con algunos delirios; decía que hablaba con extraterrestres que le anunciaban vacunas. Fue una etapa muy complicada. Cuando se dio cuenta de que yo dudaba, de que no le creía, me empezó a alejar de todos. Fue tremendo, éramos esclavos”, afirmó.

Fue uno de sus abogados, Miguel Pautasso, quien entregó a la Fiscalía de Villa Dolores –la que en primera instancia los acusó y pidió su detención– unos cuadernos que Iciksonas escribió estando preso. “Los incorporaron al expediente y eso sirvió para demostrar lo que pasábamos. Fue un desgaste físico y mental terrible; ahora quiero aprovechar el tiempo con mi familia”, sostuvo Maximiliano.

Con 44 años, y profesor de Educación Física, Claudio Urtiaga ingresó a la fundación en 2013, cuando era pareja de una chica que también quedó, después, detenida: “Estuve metido en el campo haciendo todo tipo de tareas; no te dabas cuenta de lo que pasaba. Jamás te podías dar cuenta de que te manipulaba. En algún momento sí vi que Aparicio Díaz estaba como enviciado: de un curso salía otro, era una ‘avivada comercial con contenidos de lo que enseñaba’. Un manipulador de alta gama, como otros que hay”.

Urtiaga se entregó a la Justicia después que el resto, cuando su abogado le notificó que debía hacerlo; afirma que fueron meses en la cárcel tratando de “entender por qué pasó lo que pasó”. Sus familiares le insistían con que “nunca” lo iba a descubrir porque Aparicio lo había “utilizado para cumplir con sus objetivos”. Enfatizó: “Por eso soy víctima. Me di cuenta y entendí que soy víctima”.

Subrayó que él siempre fue “alumno y paciente” y que la página que manejaba la fundación –“Proyecto Humano”, que sigue activa– muestra que “nunca” participaron en lo que Aparicio Díaz organizaba. Urtiaga admite que está “muy enojado” con la Justicia provincial por el daño colateral que generó.

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