Sancionan a más de 550 policías bonaerenses ante la amenaza de protestas

Sergio Berni,el ministro de Seguridad bonaerense separó a más de 550 efectivos de la policía provincial que estuvieron involucrados en las protestas de septiembre pasado ocurridas a raíz del pedido de aumento de salarios.

Al describir el hecho por el que fueron acusados los policías pasados a disponibilidad, en la resolución de la Auditoría de Asuntos Internos se indicó que los uniformados concurrieron a la sede de la Jefatura Departamental La Matanza, en Puente 12 “tanto a pie como a bordo de móviles policiales, en una clara intención de perjudicar la imagen del ministro y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”.

Anoche, entre algunos grupos de WhatsApp de policías comenzaron a convocar a la realización de medidas de fuerza en dependencias de Pinamar y Mar del Plata, donde se desempañan los uniformados asignados al Operativos Sol.

Según consta en la notificación que, en las últimas horas, recibieron más de 550 uniformados, la protesta policial ocurrida entre el 8 y 10 de septiembre pasados habría tenido un móvil político y descartó la existencia del reclamo salarial.

La decisión de separar a los 550 policías dispuesta por el ministro Berni se concretó 48 horas antes de una potencial repetición de las medidas de fuerza, protesta que fue convocada a través de diferentes redes sociales.

Este caso marca una diferencia con lo ocurrido en 2012 durante las movilizaciones por reclamos de salarios de los efectivos de las fuerzas federales de seguridad. En esa oportunidad, la administración de Cristina Fernández había sancionado a los oficiales, pero ahora el Poder Ejecutivo provincial encabezado por Kicillof castigó a la tropa.

Luis Tomil, defensor policial bonaerense, rechazó la imputación de la Auditoría General de Asuntos Internos y acusó a la administración de Kicillof de politizar un conflicto que tiene su origen en la necesidad de recomponer los sueldos de los uniformados.

“Berni no nos representa. Estos pases a disponibilidad son una provocación del gobierno para que efectivamente salgan a protestar y poder colocarse en posición de víctima. El perfil de la red social Facebook ‘Policía Autoconvocado’ podría haber sido armado como una operación política del gobierno, debido a que ninguno de los referentes de la protesta de septiembre estaba convocando a ninguna marcha”, expresó Tomil.

Si bien hasta el momento, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos se dispuso que pasen a disponibilidad 550 efectivos, el representante de los policías afirmó que posiblemente, en las próximas 48 horas, la cantidad de uniformados separados de la fuerza de seguridad supere los dos mil efectivos.

“Hubo manos negras que pasaron a las listas nombres de policías que ni siquiera participaron de la protesta de septiembre, con lo que, evidentemente, aprovecharon para saldar cuestiones de internas”. sotuvo Tomil.

Fue tanta la cantidad de notificaciones que se enviaron desde la Auditoría de Asuntos Internos que, hubo casos en los que los policías recibieron el acta de 25 páginas en la que les comunicaban que pasaban a disponibilidad, mientras patrullaban.

Según el relato de un uniformado, “a los que estábamos en servicio, nos hicieron bajar de los móviles, nos notificaron, nos retiraron el arma y chalecos y nos mandaron a casa” .

Indignado, otro veterano policía agregó: “Nos mandaron a casa con el uniforme, sin arma y sin chaleco. Quién se hacía responsable si algún asaltante nos atacaba”.

A partir de la revuelta policial ocurrida en septiembre pasado, que también incluyó una manifestación frente a la Quinta presidencial de Olivos, se inició el sumario administrativo 2050-57975/1220. Desde el momento en que fueron notificados que pasaban a disponibilidad preventiva, los policías acusados tienen diez días para designar un abogado defensor que los asista en las indagatorias.

“Con esta resolución, Berni se ganó la posibilidad de que, no en dos días, sino en cuestión de pocas horas, más de dos mil policías incluidos en la Investigación Sumaria Administrativa, salgan a protestar a las calles”, sostuvo el representante de los uniformados.

La protesta policial de septiembre pasado terminó cuando los referentes de los policías bonaerenses y los funcionarios de la administración Kicillof acordaron un aumento escalonado de los sueldos de los efectivos.

“El aumento del 6,8% que dieron en enero fue una bofetada al policía, porque hay sectores del Estado que recibieron más, hasta el 20%. A esto hay que sumarle que, en septiembre, el Gobierno se comprometió a equiparar el sueldo al salario del efectivo del Policía Federal. Eso nunca ocurrió. Entre el aumento de septiembre, que fue del 23% y el incremento de enero, quedamos un 30% por debajo de lo que gana un colega de la Policía Federal”, agregó Tomil.

Antes de separar a los policías, algunos oficiales superiores de la fuerza de seguridad provincial presentaron denuncias en fiscalías de distintos departamentos judiciales del conurbano. Dichas denuncias se fundaron en el monitoreo de diversas redes sociales.

Si embargo, ninguna de esas 16 fiscalías en las que se radicaron esas presentaciones se hizo cargo de investigar a los policías señalados porque el delito que se denunciaba era sedición, de competencia de la Justicia federal.

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