Rosario paralizada: el gobierno apunta a que la ola de amenazas es una respuesta a los mayores controles en las cárceles

ROSARIO.– En solo 24 horas, esta ciudad volvió a quedar paralizada. La decisión de grupos criminales de sembrar el pánico irradió de manera vertiginosa, luego de que se repitieran ataques contra ómnibus y amenazas contra políticos, periodistas y comerciantes. No hubo derramamiento de sangre, pero esa acción simple y rústica, difícil de prevenir, de atacar el transporte público volvió a congelar el ritmo de Rosario, que sufre espasmos ante cada maniobra del llamado crimen organizado, que redobló la apuesta frente a los 1450 efectivos de fuerzas federales que patrullan las calles, los dos helicópteros del Ejército que sobrevuelan la zona y los 5500 policías que saturan los barrios.

Después de una noche agitada, marcada por los ataques contra los colectivos, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Coccocioni, detalló que “hubo un total de cinco incidentes de relevancia: cuatro relacionados con ómnibus de transporte público, que tuvieron lugar entre las 21 y las 23. El primero, simplemente fue un cartel con amenazas, pero no hubo ataque físico. En los otros tres se produjo una agresión que se investiga si fue con armas de fuego. Hubo un quinto hecho, que fue el cartel encontrado en un supermercado a las 23.40″. En ese lugar se encontró un papel sucio, escrito con errores de ortografía, que decía que iban a matar a políticos, periodistas y comerciantes.

El transporte público quedó dos veces paralizado en menos de 24 horas por ataques planeados para exacerbar ese terror de manera muy simple, con un tiro, un piedrazo o un papel escrito con pésima caligrafía. No hizo falta derramar sangre, como ocurrió con las muertes de cuatro trabajadores elegidos al azar a principios de marzo. Desde ese momento la población absorbe el miedo de forma literal, porque, además, a lo largo de los últimos diez años la violencia legitimó este escenario en el que las amenazas se cumplen, a pesar de que sean rudimentarias.

Durante la tarde, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la reunión de la junta de seguridad provincial, donde –según el diputado Carlos Del Frade– se habló de una hipótesis que circula desde principios de marzo: de una especie de trabajo coordinado entre las bandas para enfrentar al gobierno, luego de las medidas extremas que se tomaron en los pabellones de alto perfil, dominados por narcos como Los Monos, Esteban Alvarado y el expiloto peruano Julio Rodríguez Granthon. “Se pusieron de acuerdo para desestabilizar al gobierno”, afirmó Del Frade. En la administración santafesina esa hipótesis gana cada vez más fuerza.

“Últimamente en Rosario hemos vivido momentos duros, terribles y trágicos que nos hacen reflexionar. Pero fundamentalmente nos hacen redoblar esfuerzos para ratificar las políticas públicas que llevamos adelante”, ensayó el gobernador.

El control de las cárceles

Pullaro reconoció que “el control de la cárcel trajo aparejada una disminución del delito y de la violencia en toda la provincia. Por eso, hay que seguir trabajando, seguir escuchando a los poderes del Estado, a la Justicia, a la Legislatura, y seguir trabajando fuertemente para vencer al crimen organizado, a las mafias, a los violentos y para mostrar que el Estado está todo junto detrás de una política pública concreta”.

El mensaje que reiteró el gobierno de Santa Fe es que no se va a mover un centímetro de su estrategia en los penales de la provincia, fundamentalmente en la Unidad Penitenciaría Nº 11 de Piñero, donde se desataron los principales problemas, luego de que se difundiera la foto de una requisa con los internos sentados en el piso, con el torso desnudo y la cabeza rapada, al estilo de las acciones implementadas por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. A partir de ese momento comenzó un nuevo capítulo.

“Son reacciones a las políticas que se llevan adelante por los gobiernos provincial y nacional”, reiteró el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, luego de que la ciudad amaneciera paralizada por el efecto de las amenazas y los ataques contra colectivos. Los taxistas también se plegaron al paro durante el horario nocturno. Algo similar ocurrió el lunes, cuando se produjo, además, la amenaza contra el jugador del seleccionado Ángel Di María –que forma parte de la gira del seleccionado argentino en los Estados Unidos– en un country en la localidad de Funes.

El gobierno de Santa Fe está convencido de que detrás de las amenazas y los ataques están los grupos criminales que operan en las cárceles y que enfrentan desde el 12 de diciembre mayores controles y restricciones en los pabellones de alto perfil, desde donde se manejaba el negocio de las extorsiones y la venta de drogas al menudeo.

El estado de convulsión nunca se detuvo a pesar de que el gobierno nacional reforzó con 450 efectivos de fuerzas federales la seguridad en Rosario y se enviaron helicópteros del Ejército, junto con camionetas y combis. También cedió 80 móviles el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero la estrategia de seguridad no logra frenar el terror, a pesar de que no se repitieron homicidios después del crimen de Bruno Bussanich en la estación de servicio.

“Vamos a poner a disposición todos nuestros recursos y los choferes saldrán a trabajar cuando se sientan seguros. Pondremos todo de nuestra parte, pero no vamos a ejercer ninguna presión para que vuelvan a trabajar”, aseguró el ministro provincial de Seguridad. El paro de transporte es por tiempo indeterminado.

“Entendemos que esta situación forma parte de las reacciones a algunas políticas llevadas adelante por el gobierno, tanto nacional como provincial. Así que nuestra respuesta tiene que ser clara y contundente, esclarecer estos hechos y mantenernos firmes en las políticas penitenciarias fundamentalmente. Sobre todo en la primera nota, hay una referencia clara a un intento de recuperar privilegios que en el servicio penitenciario han tenido estos grupos y a partir del 12 de diciembre se les empezaron a cortar”, apuntó el funcionario.

Durante la tarde, el intendente de Rosario Pablo Javkin se reunió con dirigentes de la UTA para analizar la situación. “Esto que pasa hoy en Rosario es una definición de atacar el funcionamiento normal de la ciudad a partir de los servicios públicos. Lo hicieron hace 15 días con cuatro homicidios y lo están haciendo hoy con metodología de amenazas”, analizó.

El intendente advirtió que la prioridad es que la ciudad “funcione normalmente”, pero que tampoco “son temerarios ni dejan de entender que el sector del transporte perdió a dos trabajadores que fallecieron por hechos de inseguridad en el último tiempo

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