Robo de combustible: una mortal explosión expuso la "pinchadura" de oleoductos
LA NACIONGabriel Di Nicola
No eran improvisados. Tenían experiencia en el modus operandi. Sabían cómo perforar oleoductos para robar crudo y hasta tenían planos de la obra para poder hacer las punciones sin cometer errores. Sin embargo, una fatalidad puso a la organización criminal bajo la lupa: una explosión e incendio dejaron malherido a uno de los hombres que tenían como misión la extracción de petróleo. El sospechoso murió después de estar internado 48 horas con quemaduras en el 60 por ciento del cuerpo.
La explosión ocurrió el 2 de febrero pasado en Coronel Dorrego, donde la banda criminal intentaba robar crudo en un oleoducto de YPF que transporta petróleo desde Puerto Rosales, en Bahía Blanca, hasta la refinería más grande de la empresa estatal, situada en Ensenada. Tras siete meses de intensa investigación, detectives judiciales y policiales desbarataron a la organización criminal que, una vez refinado, vendía el combustible en estaciones de servicio de bandera blanca y a productores agropecuarios.
Con el petróleo robado, la banda producía, principalmente, gasoil, que era vendido en el mercado negro al 50 por ciento de su valor. Se sospecha que el grupo obtuvo ganancias anuales de US$5.000.000.
Entre los 21 detenidos por detectives del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) está uno de los presuntos cabecillas de la banda, José Luis Olivetto, según fuentes con acceso al expediente.
"Olivetto está considerado uno de los jefes de la organización criminal y no era nuevo en el rubro. En 2017 había sido condenado a la pena de diez años por integrar una asociación ilícita, pena agravada por ser el organizador. Esa banda había sido encontrada culpable por el robo de petróleo en Río Negro, pero él estaba libre porque la sentencia no está firme. Las apelaciones llegaron ante la Corte Suprema", explicaron fuentes con acceso al expediente.
Según publicó el diario Río Negro en 2017, en el juicio oral y público "se dio por acreditada la teoría de la fiscal jefe Graciela Echegaray, quien precisó que los delitos ocurrieron en General Roca durante varios meses de 2012, con epicentro en un campo situado a seis kilómetros de la ciudad, por donde pasa un ducto de la empresa transportadora de petróleo Oldelval SA. Los imputados habrían integrado una organización delictiva para sustraer, trasladar y comercializar el crudo, efectuando una ‘pinchadura’ en el oleoducto y derivando el petróleo a un piletón, en una maniobra extremadamente riesgosa".
Ahora, en el denominado Operativo Punzar fueron detenidos 21 sospechosos. Además de los apresados, la investigación, delegada en la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, tiene al concejal de Lanús por Juntos por el Cambio Alberto Torres como imputado.
El camino de la investigación
"Estamos en presencia de una empresa criminal que obtenía crudo de diversas fuentes, lo procesaba y vendía el producto a través de diferentes canales", afirmó a LA NACION el gerente ejecutivo del Departamento de Seguridad de YPF, Diego Gorgal.
Uno de los detenidos, según fuentes del caso, puede ser definido como un "empleado infiel". Trabajaba para YPF en Neuquén.
"En lo que a YPF respecta, decidimos cambiar el enfoque que tradicionalmente se tenía, y buscamos promover una investigación federal para intervenir e interrumpir el mercado ilegal de combustible, que comenzaba con el del crudo. A partir de intentar la punción en nuestro oleoducto, logramos exponerlos y dicha exposición permitió a la PFA identificar tal estructura criminal y reunir evidencia en su contra. La clave del éxito fue la comunión de esfuerzos entre la fiscalía, la policía y la compañía", explicó Gorgal.
Según se informó en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, la organización criminal realizaba todo el circuito comercial, desde la extracción del petróleo hasta el transporte y en algunos casos, su destilación, en una planta clandestina que vertía sus desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
"Como pantalla para no ser descubiertos utilizaban camiones cisternas con el logo de YPF, así se aseguraban poder circular por las rutas sin llamar la atención", sostuvo a LA NACION uno de los investigadores.
En los allanamientos, encabezados por el Departamento de Delitos Ambientales de la PFA, al mando del comisario inspector Rubén Darío Haidar, se secuestraron más de $17.000.000, teléfonos celulares, armas, computadoras, camiones utilizados para transportar combustible, vehículos de alta gama y herramientas que les permitían a los delincuentes hacer las perforaciones en los oleoductos.
"Tenían las herramientas y los conocimientos técnicos necesarios para hacer las punciones y extraer el crudo de los oleoductos que decidían perforar. No eran improvisados", dijo una calificada fuente del caso.
Si bien los investigadores están convencidos de que la banda fue desbaratada, todavía falta determinar desde cuándo operaba y su sistema de blanqueo del dinero.
"Este operativo fue un trabajo cuidadoso y profesional de varias áreas de la PFA, que se inició el año pasado con la investigación de un delito ambiental y terminó con el desmantelamiento de una planta clandestina y otras empresas subsidiarias dedicadas a la destilación del petróleo crudo", sostuvo la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
La banda no quería dejar ningún detalle librado al azar y para vender sus productos sin llamar la atención hasta intentaron copiar el color y el nivel de burbujas que tiene el gasoil que YPF vende como Euro Diésel.
"En una de las comunicaciones intervenidas por la Justicia, uno de los sospechosos le dijo a su interlocutor: ‘Logré el color y las burbujas de la Euro’, en clara referencia a uno de los productos de YPF", sostuvo una fuente de la causa.
En la investigación también colaboró la Agencia Federal de Ingresos Públicos.
"Fue desarticulada toda la cadena de responsabilidad de distintos niveles y roles dentro de la organización: desde el capitalista, el financista y distintos estamentos que se dedicaban a refinar este producto, quienes lo comercializaban y efectuaban las pinchaduras de los oleoductos", afirmó el jefe de la PFA, comisario general Juan Carlos Hernández, que acompañó a la ministra Frederic en la presentación del resultado del Operativo Punzar.
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