Requisas en penales: los lugares más insólitos donde estaban escondidos los más de 2000 celulares confiscados este año

Pegados en el pelo, adentro de las puertas, en los cimientos, en los ductos y hasta en distintas partes del cuerpo, los presos despliegan mil y una estrategias para intentar no perder uno de los bienes prohibidos, y más preciados, dentro de los penales: un celular.

Un cambio en legislación introducido a los pocos días de que Maximiliano Pullaro asumiera la gobernación de Santa Fe les puso las cosas más difíciles a los 11.000 hombres y mujeres detenidos en los penales de una provincia jaqueada por el narcotráfico. El argumento de las nuevas medidas era contar con herramientas para evitar que los presos de “alto perfil” siguieran controlando las sangrientas operaciones de sus bandas desde sus celdas a través de teléfonos celulares o de instrucciones a cómplices que iban a visitarlos.

Como resultado del nuevo sistema de requisas fueron hallados y decomisados, en promedio, 13 celulares por día. Más de 2000 equipos telefónicos que estaban ilegalmente en manos de los delincuentes fueron sacados de circulación.

Este resultado se pone en juego con otro estratégicamente más importante para las autoridades provinciales y nacionales: en lo que va del año, a partir del despliegue de fuerzas de seguridad federales para apoyar y aumentar el trabajo preventivo de los agentes locales, bajó un 59% la cifra de homicidios, uno de los datos estadísticos que reflejan las consecuencias de las sangrientas operaciones de las bandas de narcotráfico.

Uno de los últimos casos, de los más llamativos, se produjo esta semana en la unidad N°5 del Complejo Penitenciario de Rosario. “Realizando una requisa en formato de saturación, ordenada desde la sede central del Servicio Penitenciario provincial, a cinco internas se les detectó la presencia de metal adentro de su cuerpo”, explicó una fuente del gobierno provincial a LA NACION.

“Luego, informadas del procedimiento, se las invitó a retirar los celulares. Hubo tres internas que accedieron y dos que no. Estas dos internas que no accedieron, conforme los protocolos establecidos, fueron trasladadas a la unidad N°11 de Piñero para poder hacer uso del escáner específico que allí se encuentra”, precisó el vocero consultado.

Según detallaron: “Las dos pasaron por el escáner y se constató que en su interior había objetos metálicos con la exacta forma de los celulares. Por lo tanto, se procedió a activar los mecanismos legales pertinentes para poder proceder a realizar requisas intrusivas. Es decir, sacar de sus partes íntimas los dispositivos electrónicos. Recién en ese momento las dos reclusas decidieron sacar por sus propios medios los celulares y entregarlos”.

Antes de la sanción de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, aprobada casi por unanimidad en las dos cámaras legislativas provinciales, en las requisas no se podía hacer revisiones tan a fondo como las que ocurrieron esta semana en uno de los 11 centros de detención con los que cuenta Santa Fe.

“Mucho tiempo para pensar”

“Adentro de las puertas, en los cimientos. No en el piso o en la tierra, en los cimientos de la obra, adentro y profundo. También en los ductos, que pueden ser de cinco metros o más. Dentro de televisores y hasta pegado con cintas en el cabello. No hay lugar donde no intenten esconderlos; tienen mucho tiempo para pensar estando presos”, detalló un investigador que participa de las requisas en las que los internos deben pasar por escáneres o por una inspección manual, en el caso de los penales en los que no está instalada aquella tecnología.

Ante la consulta de LA NACION acerca de qué pasa cuando se encuentran celulares a los presos o a los familiares que quieren ingresar algún dispositivo en forma ilegal, explicaron: “Visitas no pueden ingresar a la unidad, algunos para siempre, otros por un plazo. En el caso de los presos, se les hacen sumarios”.

Previo a la nueva ola de crímenes que sacudió a Rosario hace dos meses, las imágenes de presos santafesinos con el torso descubierto, sentados en el piso en hileras y rodeados de efectivos con armas largas y rostros tapados, se viralizaron e hicieron recordar el estricto régimen carcelario que Nayib Bukele instauró en El Salvador a poco de llegar a la presidencia de ese país centroamericano, que era uno de los más violentos del mundo.

“Cada vez la van a pasar peor”, había escrito en sus redes sociales Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, junto a algunas de las imágenes de requisas en el penal de Piñero, donde están alojados varios de los presos de “alto perfil” vinculados a las principales bandas narcos de Rosario.

En aquel momento, una calificada fuente del área de Seguridad de LA NACION había explicado: “El objetivo de estas requisas, que son sorpresivas y aleatorias, es que el preso no esté tranquilo. Que el tipo esté todo el día pendiente de que le puede caer la requisa. Y cada vez se secuestra menos”.

Cococcioni agregó: “Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerles la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office carcelario liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”.

El GOEP, con nuevas instrucciones

A partir de los cambios, el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) de la Policía de Santa Fe realiza sus procedimientos con nuevos estándares. “Ni quien va a hacer la requisa ni quien será requisado saben dónde y cuándo va a ocurrir la requisa para evitar que se filtren los procedimientos. Tampoco se puede identificar a los efectivos del GOEP que van a hacer los procedimientos, ya que están todos los rostros completamente tapados y en los uniformes solo tienen colocado un número distintivo y no el nombre y apellido”, explicaron a LA NACION.

“En el penal de Piñero se encuentran alojados varios sicarios de la ciudad, como Ariel Máximo ‘Viejo’ Cantero, socio fundador de Los Monos; Walter ‘Viejo’ González, líder de la banda que lleva su nombre en Capitán Bermúdez; el puntero narcopolítico Marcos Jeremías ‘Pato’ Mac Caddon, y varios ‘pesados’ del barrio Ludueña, como Franco ‘Milanesa’ Almaraz, Mauro Gerez y Andy Fabián Benítez”, detallaron en un comunicado difundido tras la primera de las dos megaincursiones.

En el primero de los dos operativos fueron requisadas 250 personas, incluyendo la revisión de rayos X a los internos que pudieran llegar a tener algún objeto oculto en el interior de su cuerpo. Las requisas son realizadas por los Grupos Tácticos Especiales de manera sorpresiva en todas las unidades, sin horarios ni días definidos. Como resultado de las requisas se secuestraron facas, celulares y chips que fueron puestos a disposición de la Justicia para su peritaje.

“Un dato, no menor, mientras todo esto pasaba, ninguno dijo nada, tampoco hubo amenazas, como venía pasando. Nadie se resistió. Las primeras veces que fuimos a fines del año pasado y en enero, cuando ingresábamos, había griterío y nos insultaban a más no poder. Hace tres semanas fuimos de nuevo con el gobernador, y solo dos presos gritaron: uno dijo ‘hagamos las pases, Cococcioni’ y el otro lo ‘gastó’ por la pelada a uno de los funcionarios, le dijo ‘cabeza de rodilla’”, detalló un integrante de la cartera de Seguridad que participó de una de esas visitas.

Pero eso duró poco: en la primera semana de marzo, los asesinatos de dos taxistas, un colectivero y un playero de una estación de servicio exhibieron la descarnada respuesta del crimen organizado local, que con esos crímenes paralizó a la ciudad y desafió las políticas de control de presos del Estado provincial.

La crisis obligó a la Nación a reforzar el Plan Bandera, desplegado a principios de este año y con el que se había conseguido una notoria baja en al cifra de homicidios. Fueron enviados más efectivos de las cuatro fuerzas de seguridad federales e incluso fueron comisionados efectivos del Ejército con pertrechos propios.

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