Reparación histórica. La Argentina admitió su responsabilidad por la impunidad de un crimen de odio contra un prefecto

El Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria fue escenario de un hecho histórico: la Argentina y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmaron un acuerdo de solución amistosa en el caso de la desaparición y asesinato del prefecto Octavio Romero, cometido en junio de 2011. El Estado argentino reconoció así su responsabilidad “por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente en materia de violencia por motivos de género, aplicable también a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+”. Un “Nunca más” para los crímenes de odio en el país.

Romero, de 33 años, era suboficial 1° de la Prefectura Naval. La noche del sábado 11 de junio de 2011 salió del piso de San Martín y Córdoba que compartía con su pareja, Gabriel Gersbach, para ir a una fiesta con amigos. Recién se volvió a saber de él seis días después, cuando un lanchero encontró su cadáver en la costa del Río de la Plata, a la altura de Vicente López. Estaba desnudo y golpeado. La autopsia confirmó luego que murió de “asfixia por sumersión” y reconstruyó que fue arrojado al agua en estado de inconsciencia.

“Estos 11 años fueron muy difíciles para la comunidad, sobre todo para Gabriel, porque desde el primer día afirmamos que se trató de un crimen de odio, pero el Estado argentino no avanzó en la investigación y tampoco cumplió con los estándares y protocolos en casos como este; no tuvo perspectiva de diversidad ni de derechos humanos. En su momento, la causa fue llevada adelante por la fiscalía con el único fin de cerrarla y así garantizar la impunidad y el silencio cómplice”, afirma Pedro Paradiso Sottile, abogado querellante y presidente de la Fundación Igualdad.

Frente a una causa paralizada, en 2012, Gersbach denunció a la Argentina ante la CIDH por la vulneración de derechos consagrados en la Convención Americana, argumentando que se trató de un crimen de odio provocado por la orientación sexual de su pareja. Según su exposición, antes de desaparecer, Romero había informado a sus superiores las intenciones de casarse (un año antes, en julio de 2010, se había sancionado la Ley Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario), lo que iba a ser la primera unión legal entre hombres que involucraba a un miembro de una fuerza de seguridad federal.

Finalmente, en 2018, la CIDH declaró la admisibilidad del caso, y en 2020 el gobierno nacional comenzó un intercambio con el organismo que culminó con la firma del acuerdo de solución amistosa.

“Después de años de silencio, impunidad, vergüenza y amenazas, este acuerdo significa empezar a tener acceso a la justicia. Nunca fuimos tenidos en cuenta, nunca fuimos escuchados y llegar a una resolución amistosa es cambiar el paradigma de un Estado ausente a un Estado que se hace responsable”, destaca Paradiso Sottile.

“Un calvario sentimental”

En Gabriel Gersbach –53 años, taxista, expareja de Romero y querellante en la causa que investiga el asesinato– perdura el acento, consecuencia de una juventud que alternaba entre Buenos Aires y San Pablo, Brasil. Lo otro que se mantiene es el sentimiento: “A Octavio todavía lo amo, mi familia lo ama, en casa de mis padres hay fotos de los dos juntos. Lo que le hicieron se ha convertido en mi lucha personal”, dice.

Se conocieron en 1999. Octavio, de 21 años, estaba recién llegado de Curuzú Cuatiá, Corrientes, donde había salido del secundario con el título de maestro mayor de obra. Gabriel, de 29, se enamoró enseguida de ese joven con hambre de mundo.

“A mí no me gustaban los ‘milicos’, pero él era diferente, era un amoroso total. Él venía de un pueblo donde no veía chances de evolucionar económica ni culturalmente. Entró a la Prefectura y fue el mejor promedio; era buen mecanógrafo, estudió la carrera de Relaciones Públicas Internacionales y dos traductorados de idioma porque su sueño era ser cónsul. Él se subió conmigo por primera vez a un avión, después viajamos a Europa, fueron 12 años de un noviazgo hermoso”, recuerda Gersbach.

La noche en que Octavio salió por última vez de su casa, Gabriel lo esperó en vano hasta las seis de la mañana; se quedó dormido y, al despertar, llamó al Hospital Naval preguntando si había ingresado a la guardia un morocho de tez blanca de más de un metro setenta de altura con dos tatuajes en la espalda. “Para mí no era normal. En 12 años nunca había pasado que no me contestara los mensajes o llamados. Después, por los amigos, confirmé que nunca había llegado a la fiesta”.

Una semana más tarde, mientras Gabriel declaraba en la fiscalía, vio en la televisión del despacho la noticia del hallazgo de un cuerpo en el río. La confirmación de la muerte de Octavio lo convirtió en el principal sospechoso.

“Durante dos años me persiguieron buscando la pista ‘pasional’. Me trataron muy mal, hasta me enfermé, pero la Justicia solo se ocupó de investigarme a mí porque era la pareja. No hubo una sola voz del Estado que saliera en mi defensa. El sistema no puede tratar así a una persona, todo el protocolo de actuación estuvo mal hecho”, se lamenta Gersbach.

La causa continúa su trámite como homicidio con autor desconocido en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº40 de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel insiste con que los asesinos vestían uniformes.

“Octavio fue amenazado un montón de veces después de pedir permiso a la Prefectura para casarse. Él era medalla de oro y gay; eso molestó a muchos. Lo mataron a él, pero a mí también me sacaron la mitad de mi vida. Todo este tiempo viví un calvario sentimental. Solo espero que lo que firmamos con el Estado sirva para que no le pase a nadie más, que todas las disidencias tengan al fin un lugar a donde recurrir, donde la Justicia las escuche y les dé la respuesta que a mí todavía no me dio”.

Acciones concretas y reparaciones simbólicas

“Lo que le ocurrió a Octavio tiene que ver con prácticas de la dictadura; lo chuparon, lo secuestraron y lo mataron. Si hubiese sido un caso ‘pasional’ o común y corriente, hoy tendríamos a alguien condenado. El acuerdo de resolución amistosa que logramos no nos va a reparar la vida, pero sí pretende romper con ese paradigma de impunidad para la comunidad LGBTIQ+. Esta firma implica acciones concretas y reparaciones simbólicas”, explica Paradiso Sottile.

Entre los compromisos asumidos por el Estado argentino, destaca que el Ministerio de Seguridad de la Nación deberá redactar y poner en práctica el “Protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género, su expresión y característica sexual”. También tendrá que impulsar una jornada anual de sensibilización destinada a cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales. Y se comprometió a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en la capacitación de docentes e instructores de los Centros de Entrenamiento Policial.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) llevará adelante un proceso de trabajo para la adaptación de su “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”. El objetivo es incluir la perspectiva de diversidad y en los crímenes por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

Además, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizará acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género. Entre ellas, la ampliación de profesionales del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y del Programa Acercar Derechos.

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