Reforma. Buscan crear un registro de huellas de ADN similar al que permitió resolver en Uruguay el asesinato de Lola Chomnalez

La condena de 27 años y seis meses de prisión que recibió el asesino de Lola Chomnalez fue posible por el extenso registro de ADN que tiene Uruguay, que incluye a toda persona privada de la libertad en su territorio. Ocho años pasaron desde el crimen en el balneario de Barras de Valizas, cometido el 28 de diciembre de 2014, hasta la identificación por un estudio de huellas genéticas del homicida, Leonardo David Sena, finalmente sentenciado ayer. La resolución del caso llegó cuando uno de sus familiares directos quedó detenido por otro delito y el ingreso de su muestra en el banco de datos encendió el alerta sobre coincidencias con la sangre encontrada en pertenencias de la adolescente argentina. La investigación, que había sido un desastre en su primera etapa, logró orientarse hacia un sospechoso. En nuestro país es imposible una pesquisa de esas características. Y eso quiere modificar la ministra Patricia Bullrich con el proyecto de ley que fue enviado esta semana al Congreso.

El Gobierno intenta con esa iniciativa parlamentaria lograr la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que en la Argentina está integrado solo por muestras de personas condenadas por agresiones sexuales. El proyecto que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros Bullrich y Mariano Cúneo Libarona postula expandir esa base de datos a toda persona procesada por cualquier clase de delito.

Esa modificación fue considerada por las autoridades nacionales como un hito, que “constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, según se consignó en un comunicado de prensa.

El planteo que la Casa Rosada puso a consideración de los legisladores apunta a reformar la ley 26.879, promulgada en julio de 2013. Esa norma creó el registro nacional de ADN, pero en sus artículos limita su aplicación a la recolección de muestras de las personas que tengan condena firma por casos de agresiones sexuales. Esa restricción había tomado en cuenta que el espíritu de esa ley era contar con herramientas de identificación ante un delito específico, con alto nivel de reincidencia, o más bien de reiterancia, de acuerdo con el concepto que el Ministerio de Seguridad buscan incorporar en un proyecto para cerrar la llamada “puerta giratoria” que beneficia a delincuentes que siguen en libertad pese a tener varios procesos abiertos en su contra.

Diferente es la visión propuesta en la nueva iniciativa oficial. En el texto se detalla el alcance que tendrá la base de datos, ya que se establece que “el registro almacenará y sistematizará huellas genéticas asociadas a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculadas con una persona ya identificada judicialmente como imputada.

“Los datos -se aclaró- serán removidos cuando la persona imputada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada; huellas genéticas de las víctimas de un delito obtenidas en la escena del crimen, por medio de una investigación judicial, siempre que la víctima no se hubiese opuesto a su incorporación. Las huellas genéticas podrán ser retiradas del registro a pedido de la víctima, en cualquier momento”.

El cambio fundamental queda previsto en otro de los puntos que señala la forma de ingreso de muestras de ADN en la base de datos, ya que se indica que se incorporarán “huellas genéticas de una persona imputada, procesada o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraren asociadas con su identificación, así como las huellas genéticas de menores de 18 años, cuya responsabilidad penal haya sido declarada judicialmente, y de aquellas personas a quienes no se condenó por mediar una causa de inimputabilidad penal”.

Búsquedas de personas

Más allá de las investigaciones en procura de establecer la responsabilidad en un delito, la ampliación del registro de ADN es impulsado como una manera de contar con nuevas herramientas en búsquedas de personas desaparecidas, indicándose entre los fundamentos del proyecto de ley que en nuestro país siguen abiertas pesquisas para dar con el paradero de unas 6000 personas que en los últimos años fueron denunciadas como desaparecidas.

En esa línea, se establece que se sumarán “huellas genéticas de cadáveres o restos humanos no identificados, o material biológico presumiblemente procedente de personas extraviadas, y huellas genéticas de personas que, teniendo un familiar desaparecido o extraviado, acepten aportar voluntariamente una muestra biológica que pueda resultar de utilidad para la identificación genética de la persona en búsqueda”.

Otro ingreso adicional de muestras de ADN llegará con la obligación que alcanzará “al personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales”.

También podrá agregarse el perfil genético de toda persona que acceda en forma voluntaria a entregar una muestra. Es una posibilidad abierta, por más que la polémica sobre esa clase de registro se sustenta en la postura de opositores, que sostienen la necesidad de mantener en el ámbito de la privacidad a las huellas de ADN. Sin embargo, empresas llevan adelante masivas campañas de recolección de datos de iris en las que miles de ciudadanos entregan a cambio de criptomonedas. También cientos de compañías privadas almacenan registros biométricos utilizados como simples llaves de acceso a lugares de trabajo. Y las huellas digitales de toda la población quedan obligatoriamente registradas sin que nadie discuta la privacidad de esa marca personal. El debate que se plantea ahora es la actualización de las herramientas de investigación criminal.

El proyecto de Bullrich toma como antecedente al trabajo realizado en este campo por la provincia de Mendoza. Ese distrito cuyano es el único en nuestro país que sistematizó una base de datos genéticos desde la aprobación de una ley específica, que permitió almacenar ADN de “personal del Poder Judicial, Cuerpo Médico Forense, Policía Científica, Policía de Mendoza, imputados, condenados, individuos en libertad dentro de regímenes especiales y voluntarios”, según se explica el Ministerio Público Fiscal de esa provincia al presentar las tareas desarrolladas por el laboratorio genético judicial.

Uno de los impulsores de esa norma en Mendoza fue el por entonces legislador provincial y hoy ministro de Defensa, Luis Petri, que en 2020 también había impulsado un proyecto de similares características en el Congreso de la Nación.

En los argumentos de la iniciativa que fue enviada al Congreso esta semana figura, a modo de ejemplo, que el registro de huellas genéticas de Mendoza tiene procesadas más de 83.000 muestras. Ese banco de datos es empleado en las investigaciones criminales a partir del software especializado CODIS -Combined DNA Index System, en su denominación en inglés-, provisto por un acuerdo con el FBI.

Justamente, la ministra de Seguridad estuvo este mes en Washington, donde se reunió con autoridades de esa oficina de investigaciones criminales de los Estados Unidos, donde acordó mecanismos de asistencia y capacitación para las fuerzas de seguridad federales.

“Resulta evidente la mayor eficiencia que se tendría si se ingresaran los perfiles de los autores de delitos cometidos en todo el país y se entrecruzaran automáticamente, como se hace en los países más avanzados en la materia, como los Estados Unidos. Francia, Alemania, España, Australia, Uruguay, Brasil y Chile”, se consignó en el mensaje que acompaña el proyecto de ley para la reforma de la ley 26.879.

Y se agregó: “El sistema de huellas o datos genéticos no solo es una poderosa herramienta para determinar la responsabilidad de personas imputadas en la investigación de un delito, sino también para determinar la inocencia de aquellas imputadas indebidamente en una investigación judicial”.

Esa iniciativa forma parte de un paquete de cuatro proyectos de ley vinculados con el área de Seguridad que ingresaron al mismo tiempo en el Congreso. Además, de la ampliación del registro de huellas genéticas, el Gobierno propone cambiar el concepto de reincidencia por el de reiterancia de delitos, para evitar que obtengan la excarcelación delincuentes que tienen abiertos varios procesos penales, pero que no tienen condenas firmes que los expongan a la declaración de reincidencia frente a un nuevo hecho.

Además, se propusieron cambios en el Código Penal y en el Código Procesal para generar una ley antimafia que tenga en cuenta situaciones como las que se viven en Rosario. Y se pidió ampliar también el alcance de la legítima defensa.

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