Radiografía de las cárceles en América Latina: un reflejo de la crisis en seguridad

Uno de cada tres delincuentes de América latina reincide; la mayoría, por crímenes más graves que los que los llevaron a la cárcel por primera vez. Muchas de las prisiones más emblemáticas se han vuelto verdaderas "escuelas del crimen" en las que anida una sociedad paralela, fuera del control del Estado. Así como están, son uno de los factores que contribuyen a la crisis de seguridad pública que se vive actualmente en varios rincones de la región.

En Brasil, por ejemplo, grupos del crimen organizado como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho nacieron en las cárceles y desde allí coordinaron y expandieron sus operaciones, llegando a montar una industria transfronteriza que se extiende a Bolivia y a Paraguay. Sus líderes, Marcola y Fernandinho Beira-Mar, respectivamente, no han visto en las rejas un impedimento para llevar a cabo sus planes ilícitos. Y cuando sus fuerzas y las de sus antagonistas se enfrentan, el saldo negativo es monumental y obliga al gobierno federal a intervenir con tropas. A principios de este año una de esas batallas intramuros terminó con 140 presos muertos, varios de ellos, mutilados.

Las múltiples fugas del jefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán, de las cárceles donde estuvo contribuyeron a alimentar su leyenda; túneles, engaños y sobornos horadaron las restricciones más severas con las que se intentó retenerlo tras las rejas. El gobierno mexicano se vio aliviado cuando fue extraditado a los Estados Unidos.

Sin embargo, para algunos altos mandos de las organizaciones criminales, en ocasiones es incluso mejor estar en la cárcel que en las calles. Es para ellos más seguro, porque en ellas reciben protección estatal frente a sus rivales. Es el caso, por ejemplo, de los líderes de las pandillas Mara Salvatrucha 13 (MS-13) y el Barrio 18, de El Salvador.

Zona de pandillas

Las cárceles han adquirido un nuevo significado en la región. Mientras que los miembros más jóvenes de las pandillas pueden ascender de rango con más rapidez adentro que afuera, los más viejos pueden aprovechar sus condenas para pensar estrategias y ver cómo desarrollarlas.

También hay prisiones donde las bandas carcelarias se han vuelto verdaderas instituciones, con reglas y sus propias versiones de la historia. En Puerto Rico hay al menos siete grupos carcelarios que se destacan: 27, Jibaritos, 25, Huevo, Bacalao, 31 y Ñeta. Sus "códigos" incluyen no robar, no ver al compañero como un objeto sexual y no humillar a los nuevos reclusos. Quienes son aceptados como miembros son instruidos por "maestros" en la tradición de la organización.

La inseguridad es uno de los principales temas de preocupación ciudadana, como surge de la encuesta Latinobarómetro de MBC MORI (http://www.mbc-mori.com.ar/uploads/3/7/6/6/37666309/f00005843-informe_lb_2016.pdf). Insume una parte fundamental del presupuesto público y es un importante tema de campaña, desde el Río Grande hasta Tierra del Fuego.

América latina vive una alarmante crisis de seguridad. Es la región más violenta del planeta, exceptuando las zonas de guerra. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene el 9% de la población mundial, pero registra un tercio de las víctimas de homicidios a nivel global y seis de cada 10 robos son cometidos con violencia. La Justicia no ha logrado atacar el problema: el 90% de los asesinatos no son resueltos y las cárceles, que debieran ofrecer tratamientos para que los reclusos abandonen el crimen, han fallado.

Los gobiernos latinoamericanos instrumentaron políticas de "mano dura" para capturar y enjuiciar a delincuentes. Según una comparación de estadísticas realizada por el Grupo de Diarios América (GDA), las causas principales por las que se encarcela en la mayoría de los 11 países evaluados son el robo o el intento de robo e infracciones a las leyes de drogas. Otras son la extorsión (en El Salvador), el homicidio (en la Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Venezuela) y el abuso sexual (en Perú).

Crimen, castigo y reinserción

Según Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv), con sede en la Argentina, el problema de esas políticas de "mano dura" es que se detiene a delincuentes que rápidamente son reemplazados por otros. "Se llenan las cárceles sin resolver el problema del delito", opinó. En Buenos Aires -que tiene más de la mitad de los presos de toda la Argentina- se suman cada año 2200 nuevos reclusos (ver aparte).

El doble esfuerzo de capturar y enjuiciar como medio para combatir el crimen y la inseguridad no va de la mano con una mejora de las condiciones en las cárceles, afirman los expertos. Excepto en Puerto Rico, la mayoría de los países de la región tienen una tasa de hacinamiento en penales cercana al 100%. En Venezuela hay cuatro veces más presos que plazas en el sistema carcelario.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), eso genera una "masacre silenciosa" y agrava los problemas, como las enfermedades o la exposición de presos jóvenes a nuevos grados de crímenes. El hacinamiento dificulta separar a los reclusos según la gravedad de sus delitos (algo fundamental para su tratamiento). Cuantos más reclusos haya más difícil será para los guardias mantener el control. En el incendio de una cárcel en Chile, en 2010, murieron más de 80 reclusos que estaban en pabellones en los que convivían asesinos y vendedores de películas "piratas".

La sobrepoblación se vincula también con la prisión preventiva. Los casos duran años y las cárceles se llenan de personas sin condena firme. En promedio, 33,4% de los reclusos de la región están en prisión preventiva. En la Argentina, la mitad.

Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencia de México, sostiene que se han dejado de lado tres objetivos fundamentales de las cárceles: ser un instrumento de disuasión para quienes consideran cometer delitos; ser una herramienta de incapacitación y de reducción de delitos y ser un centro de rehabilitación y reinserción social.

"Desde el fondo de mi corazón, si tuviera que cumplir una condena en alguna de nuestras cárceles, yo preferiría morir", sostuvo, como moraleja, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo.

Steven Dudley: "Hay que pensar a largo plazo"

Steven Dudley sostiene que los Estados han dejado en las cárceles vacíos de poder que fueron ocupados por los criminales. Cofundador y director del Centro de Investigación de Crimen Organizado InSight Crimey analista del Woodrow Wilson Center, Dudley afirma que hay que crear mejores condiciones de vida para los presos y, así, evitar que se unan a organizaciones delictivas que funcionan intramuros.

-¿Las cárceles en América latina podrían ayudar a reducir la crisis de seguridad?

-No de la manera en que están, pues a la larga generan más inseguridad. En ellas los presos entran en contacto con criminales más organizados en instituciones cada vez más debilitadas. Son un espacio que se convierte en una "escuela" del crimen, donde hay "doctores" del poderosos dentro y fuera de la prisión. El problema es que las prisiones son el último eslabón de la cadena de justicia y, entonces, nadie presta atención a lo que sucede dentro de ellas. Y afuera, las instituciones no responden ni siquiera a las necesidades mínimas de los presos para que puedan tener una vida digna una vez que cumplen su pena. Y ni hablar de la corrupción.

Todo eso genera un espacio político, un espacio social donde grupos poderosos pueden valerse de esa falta de atención de las necesidades básicas para acumular poder. Eso posibilita que grupos más poderosos, como ocurre en Brasil, nazcan, crezcan y trabajen desde la cárcel: grupos criminales que llenan los vacíos que deja el Estado. Quienes "gobiernan" a los presos son otros presos: administran la alimentación, los espacios para visitas o la recepción de cosas desde afuera. Así se genera más legitimidad para los criminales.

-¿Qué países de la región cree que viven las situaciones carcelarias más extremas?

-Desde InSight Crime hemos visto situaciones muy graves en Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Brasil. Esos países tienen problemas muy graves, pero los demás también, y la situación se está poniendo cada vez peor. Todos los países están enfrentándose a soluciones políticas cortoplacistas de "mano dura". Esa idea siempre resurge porque es la manera que tienen los políticos de mostrar que están luchando contra el crimen, que no son blandos. Pero hay que pensar a largo plazo, pensar en cómo ganar los espacios políticos y sociales dentro de las prisiones para que los presos puedan trabajar, expresarse, tener una vida digna, humana.

-¿Qué opciones hay, además de la cárcel, para luchar contra la crisis de seguridad?

-Dejar de criminalizar algunos delitos. Por ejemplo, en muchos casos el consumo de ciertas sustancias debe abordarse como un problema de salud, no como uno criminal. Hay que pensar en programas de prevención, creando espacios sociales para los jóvenes, abriendo más espacios para la educación y para el entrenamiento en cierto tipo de trabajos. Pensar en penas alternativas y en programas de rehabilitación. También, educar a la población para que acepte a los excarcelados. Si no, la rehabilitación no servirá para nada.

Iniciativas que buscan preparar a los reclusos para su salida

• Chile

"Mi «profe» de literatura es muy chistoso (?). Me dice que soy «vivita», porque tomo los libros y leo los finales antes de que nos dé las tareas", escribió la reclusa Ana Bascur en el libro Tus cárceles, nuestros relatos, un compilado de historias surgidas de los talleres de lectoescritura dentro de los penales.

• Colombia

En el departamento de Meta funciona la colonia de Acacias, donde los internos trabajan en actividades agrícolas como parte de su reinserción. Debido al éxito del programa, el Ministerio de Justicia firmó en julio un convenio para la construcción de una nueva colonia agrícola en Antioquia.

• El Salvador

En diciembre de 2014 se lanzó el programa Yo Cambio, de seis componentes: educación, religión, deporte, salud, trabajo penitenciario y arte y cultura. Los participantes -hoy, un 80% de la población penal- obtienen beneficios para acortar sus penas y para ganar dinero con los oficios aprendidos.

• Puerto Rico

Los reclusos condenados por delitos no violentos vinculados al uso y abuso de alcohol y de sustancias ilícitas pueden acceder a la iniciativa Drug Court, que condiciona el cumplimiento de la sentencia a que participen y finalicen los tratamientos. Al cumplir la pena, su historial criminal queda limpio.

La situación en la Argentina

En la Argentina hay 285 unidades de detención. La provincia de Buenos Aires es la que tiene más cárceles (54) y hay 33 prisiones federales.

Según el informe 2015 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (último disponible), al 31 de diciembre de ese año había 71.464 personas detenidas en cárceles de todo el país, 166 cada 100.000 habitantes. De 2002 a 2015 la población penitenciaria aumentó un 58,9%. Sin embargo, la Argentina sigue teniendo una de las tasas de prisionalización más bajas de la región. Brasil, por ejemplo, tiene una tasa de 307; Chile, de 241; Uruguay, de 291, y los EE.UU., de 693.

Hoy, la provincia de Buenos Aires aloja a 37.939 presos en cárceles, el 45% de los detenidos de todo el país. Hay más de 1600 personas con monitoreo electrónico y unos 3000 detenidos en comisarías.

El sistema recibe cada año casi 3000 presos nuevos, cuando la tasa de recambio es de 600. Cuenta con unas 26.000 plazas, por lo que hay una sobrepoblación de 11.000 internos (14.000 contando los de comisarías). Un 95,8% de los detenidos son hombres y un 4,14% son mujeres. Gran parte de la población penal es joven: el 38,8% tiene entre 25 y 34 años. En cuanto a las nacionalidades, el 94% de los reclusos son argentinos y el 6%, extranjeros.

En los últimos 10 años el delito más común cometido por los reclusos fue el robo o su tentativa; en segundo lugar, los homicidios dolosos. Según la Procuraduría de Narcocriminalidad, el 44% de los 50.317 expedientes iniciados el año pasado están relacionados con infracciones a la ley de drogas. Pero la mitad son casos de tenencia simple o para consumo personal.

Amanda Marton Ramaciotti

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