Inseguridad: familiares de víctimas protestaron frente a la municipalidad de La Matanza y pidieron respuestas a Espinoza
Los manifestantes exigieron mayor presencia policial en los barrios más golpeados por el delito
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La cotidiana reiteración de hechos de inseguridad en La Matanza derivó anoche en una concentración de familiares de víctimas y vecinos frente a la municipalidad del mayor distrito del conurbano bonaerense. En las pancartas de los manifestantes se resumieron, al lado de nombres que personas asesinadas, reclamos de mayor presencia policial y eficacia en la actividad de los uniformados en barrios golpeados una y otra vez por el delito. El homicidio del colectivero Daniel Barrientos, ocurrido el lunes 3 del actual en la localidad de Virrey del Pino, expuso de manera extrema el temor de aquellos que sienten sus vidas pueden estar en riesgo por el solo hecho de usar el transporte público para ir y volver de sus trabajos. Y ese miedo se transformó en una protesta que llegó a la plaza de San Justo, frente al despacho del intendente Fernando Espinoza, quien no hizo referencia en estos días a la crisis de seguridad que se vive en su territorio.
Si bien la concentración no fue masiva, las algo más de 300 personas que se reunieron estuvieron encabezadas por familiares directos de víctimas del delito. Ellos no solo sufrieron por la irreparable pérdida, sino que cada día se sienten expuestos a la violencia cotidiana.
“A las 21 ya no se puede salir más en el barrio San Alberto. No pasan patrulleros. Queremos más policías”, fue el reclamo del padre de Federico Potarski, un futbolista que trabajaba como remisero que fue asesinado hace nueve meses. Fue mortalmente baleado cuando intentaron robar su Fiat Uno en las cercanías de la villa San Petersburgo y a pocos metros de un puesto policial.
“Queremos justicia por mi abuelo Abel Santa Cruz”, dijo la nieta del policía federal retirado, de 67 años, que fue asesinado el año pasado en Rafael Castillo cuando estacionó su vehículo para hacer una compra en un kiosco.
“Nos están matando como a moscas”, agregó una vecina de 77 años que reclamó también por mayor presencia policial en la zona. Una jubilada agregó su experiencia en manos de delincuentes: “Amenazaron con cortarme una oreja, me querían quemar con agua hirviendo, se llevaron mi plata y televisores”. Cerca de ella, choferes de colectivos exigían que se ponga en funcionamiento un centro de monitoreo que pueda controlar cámaras instaladas dentro de las unidades del transporte público.
Poco después del asesinato de Barrientos se lanzó un operativo relámpago de control en colectivos. Duró tanto como la visión de un rayo. Anteayer otros dos choferes y varios pasajeros fueron asaltados cuando circulaban en la localidad de Isidro Casanova. Y la queja de los colectiveros creció porque esas embocadas se cometieron frente a la garita policial ubicada en una de las entradas del asentamiento conocido como Puerta de Hierro. Incluso, destacaron en sus testimonios públicos en su terminal que había policías dentro de ese puesto.
Pocos días antes habían impactado las palabras de dos obispos de La Matanza. “La sensación de los vecinos es que vivimos en un territorio liberado o negociado”, expresaron en una declaración conjunta Eduardo García y Jorge Torres Carbonell, máximos representantes de la Iglesia en las diócesis de San Justo y Laferrere. respectivamente.
Al conocerse el homicido de Barrientos, esos obispos reaccionaron con dureza: “Si bien nos consterna, no nos asombra, porque es uno más de la lista de los últimos años en los cuales ningún barrio ni zona ha quedado exento del robo, la entradera, el apriete, el choreo de celulares a plena luz del día, muchos de ellos seguidos de muerte”. En esa terrible radiografía de La Matanza se mencionó a la penetración narco y al reclutamiento de jóvenes como soldaditos de los vendedores de drogas. Y definieron los obispos tras el asesinato del colectivero: “Se está generando una guerra de pobres contra pobres”.
Las autoridades provinciales responden a las críticas con datos estadísticos, supuestamente favorables a su gestión. De 155 muertes violentas registradas en 2017 por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación pasó a 127 casos en 2021, el último año con datos completos. La caída entre 2020 y 2021 fue de 20 por ciento. Sin embargo, la validez de esos datos es cuestionada por la forma en que se recolectan -información policial que no hace seguimiento de casos para determinar si un herido falleció luego en un hospital, por ejemplo- y en el caso de La Matanza hay extraños saltos en algunos meses, que en la comparación de esos períodos en otros años genera, por lo menos, interrogantes sobre las cifras notificadas.
A los homicidios se suman los robos violentos, mucho cometidos por motochorros. A diario se viralizan videos sobre brutales asaltos. Pero esos episodios que alcanzan trascendencia pública representan apenas una pequeña muestra de la realidad en La Matanza. Las cifras delitos denunciados entre enero y septiembre de 2022 establecieron que cada 24 horas fueron víctimas de robos y hurtos 103 vecinos de ese distrito.
Un distrito clave
En ese municipio de 1.800.000 habitantes instaló su puesto de mando el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. En el centro operativo ubicado en Puente 12 se concentra. incluso, la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), que en los últimos días quedó visibilizada en dos situaciones que generaron polémicas: el arresto de los colectiveros que golpearon a Berni y los cacheos a pasajeros durante el fugaz operativo de control del transporte público. Entre esos dos episodios, un novato de esa unidad hirió a un compañero de un balazo en la pierna cuando manipulaban una pistola reglamentaria en Puente 12. Ambos habían egresado poco antes de la escuela de policías.
En medio de ese contexto se manifestaron vecinos frente a la Municipalidad de La Matanza. Al igual que lo habían hecho en noviembre de 2021 en la localidad de Ramos Mejia luego del asesinato del kiosquero Roberto Sabo. Menos de dos años después el reclamo de un plan de prevención del delito se mantiene firme en las pancartas de los manifestantes.
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